Agenda de seguridad: UDI endurece advertencias en compleja semana legislativa para el gobierno

“El actual estado de emergencia ha sido absolutamente insuficiente. No queremos, en ese sentido, vernos obligados a rechazar las futuras renovaciones”, decía en su párrafo final una carta que la bancada de diputados de la UDI fue a dejar a La Moneda, donde advertían que no respaldarían nuevas prórrogas del estado de excepción constitucional en La Araucanía y el Biobío si es que el Presidente Gabriel Boric no decretaba estado de sitio.

Esta medida no se aplica desde 1986, cuando Augusto Pinochet dispuso un estado de sitio tras haber sido objetivo de un atentado planificado por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez en el Cajón del Maipo.

La exigencia de los diputados era otra de las señales de endurecimiento que se han dado desde el gremialismo tras las elecciones de consejeros constitucionales, el 7 de mayo, que dejaron al Partido Republicano como gran ganador de aquella jornada, desplazando no sólo a la UDI, sino que a todo Chile Vamos como fuerza hegemónica dentro de la derecha.

Al ver la jugada de sus pares, los diputados republicanos salieron en la tarde a remarcar que ellos fueron los primeros en pedir estado de sitio y agradecieron que otros legisladores se sumen a esta exigencia, que será reiterada este martes en una reunión en el Palacio de Cerro Castillo, a la que invitó el Presidente Boric. Al encuentro están convocados todos los parlamentarios de La Araucanía.

En tanto, el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), a pesar de su estilo menos confrontacional, también puso este lunes más presión a la ministra del Interior, Carolina Tohá, para apurar el envío de proyectos, que son responsabilidad del Ejecutivo y que son parte de las 31 prioridades en materia de seguridad.

“De los 12 proyectos que el gobierno comprometió enviar no se han ingresado ninguno y eso es motivo de inquietud, porque si nos propusimos plazos (en un cronograma de 15, 60 y 90 días), me preocupa que el Ejecutivo no haya ingresado, en los tiempos concordados, las normas que tienen que ver con sus facultades exclusivas”, dijo el senador gremialista, quien igualmente remarcó que, dentro de las 31 prioridades, dos ya son leyes: antisicariato y control policial preventivo con fines migratorios.

Estas advertencias constituían una mala noticia para La Moneda y, en especial, para la ministra Tohá, que ayer inició una semana compleja del punto de vista de discusiones en el Congreso.

De partida, ayer la Comisión de Seguridad de la Cámara pretendía continuar con la tramitación de dos iniciativas sensibles, que desordenan al oficialismo y que el Ejecutivo busca corregir o derechamente impedir: la ley que eleva sanciones por el delito de usurpación y otra que penaliza a la migración irregular. Sin embargo, por tiempo sólo se alcanzó a ver la primera y la propuesta migratoria quedó para la próxima semana.

“Partimos mal con la ley de usurpaciones, porque la ministra del Interior ya la llamó de autotutela”, dijo el diputado Jorge Alessandri (UDI), quien además es presidente de la Comisión de Seguridad.

A esa instancia acudió este lunes el ministro de Justicia, Luis Cordero, quien tratando de enfriar el debate remarcó que el gobierno “comparte el objetivo” del proyecto de usurpaciones, pero a su juicio “existen otros mecanismos más eficientes para la recuperación de los terrenos”.

El titular de Justicia insistió en que tal como está redactada la iniciativa puede incidir en mayor violencia, al fomentar la legítima defensa de propietarios de terrenos tomados y, en segundo lugar, al extender la calidad de flagrancia, porque el delito se seguiría cometiendo mientras existe una ocupación. La conjugación de ambas figuras (legítima defensa y flagrancia), explicó Cordero, aumentaba el riesgo de situaciones de autotutela (detenciones ciudadanas o hacer justicia por mano propia).

La respuesta más dura a las palabras de Cordero provino del diputado Henry Leal (UDI), representante de La Araucanía, quien le espetó: “Es fácil opinar desde Santiago”.

El problema del Ejecutivo es que la moción contra las usurpaciones ya fue aprobada en el Senado, por lo tanto, se reduce el margen para corregir el texto. Las últimas alternativas que barajan en La Moneda son recurrir al Tribunal Constitucional (TC) o enviar un veto presidencial si fuese necesario.

El otro proyecto delicado es el que convierte en delito el ingreso clandestino al país. Si bien inicialmente el Ejecutivo se había abierto a legislar, los últimos cambios legales en materia migratoria -que facilitan las notificaciones y refuerzan el control preventivo, incluso, con la posibilidad de detener transitoriamente- ayudaban a enfrentar la crisis en el norte, por lo que ya no se justificaba esta nueva reforma. Además, a juicio del gobierno, al transformar la migración irregular en delito se entorpecerían las expulsiones por la vía administrativa.

A pesar de los reparos gubernamentales, hay diputados independientes y del oficialismo que estarían abiertos a avanzar con este proyecto, que La Moneda está tratando de rechazar. En este caso, nuevamente, el Ejecutivo tendría que ir al TC o mandar un veto.

Por si fuera poco, este martes a las 15 horas, además, Tohá será sometida a una interpelación promovida por Chile Vamos a propósito de los temas de seguridad y migración. Si bien en este caso el interrogador será el diputado Andrés Longton (RN), la UDI también tiene un espacio para intervenir al final de la sesión y emplazar a la titular del Interior.

La única noticia buena para la ministra es que los republicanos, exclusivamente en el caso de ella, han asumido un discurso menos confrontacional, debido a que consideran que Tohá es quien está sosteniendo la agenda de seguridad a pesar de las tensiones dentro del oficialismo. Con ello, los parlamentarios del partido que lidera José Antonio Kast también buscan dar muestra de que pueden ser una oposición firme, pero a la vez dialogante y que reconoce avances.

La semana compleja del Ejecutivo tendrá una última prueba este miércoles cuando deba votarse -primero en la Cámara y luego en el Senado- la renovación del despliegue militar en el norte por infraestructura crítica.

Aunque la medida ha descomprimido las exigencias por un estado de excepción frente a la crisis migratoria, todavía hay reclamos por la inseguridad en ciudades, que no están necesariamente protegidas por el decreto que permite destinar a las FF.AA. a tareas de control en las fronteras.

Por ahora, en las bancadas de la UDI y RN descartan que haya sorpresas en la votación y sostienen probablemente el despliegue en el norte será renovado.

No obstante, el mismo miércoles, a continuación se votará la prórroga del estado de excepción en el sur, que probablemente será rechazado por la UDI, pero no así por RN.