Por parte del oficialismo fue el PS el que se encargó del libelo acusatorio en contra de la suspendida ministra de la Tercera Sala. En el caso del magistrado de la sala penal, fue la bancada DC la que redactó el texto. En la derecha, RN elaboró el documento de Vivanco, y la UDI, el del poderoso ministro Sergio Muñoz. Este lunes, la bancada de RN además confirmará si agregará una cuarta acusación contra el ministro Mario Carroza.
El parlamentario, quien es querellante en la causa, señaló que la jueza de la Corte Suprema “habría manipulado la justicia para favorecer poderosos intereses haciendo parte de la red de Hermosilla”.
El bloque opositor también adherirá al libelo acusatorio que la Democracia Cristiana presentará en contra del ministro Jean Pierre Matus.
El cuaderno de remoción en contra de la suspendida ministra de la Corte Suprema se amplió luego de las denuncias de cuatro relatores que dieron cuenta de "incumplimientos de las normas y criterios existentes” de parte de la magistrada. La ministra Gloria Ana Chevesich, por su parte, explicó que los denunciantes estimaron que el trabajo de la Comisión de Ética era serio, "venciendo el temor reverencial y la amenaza de posibles represalias".
La defensa de la magistrada pidió la recusación del abogado ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Como detallaron, el requerimiento se funda en que el juez ha mantenido conductas que "representan una evidente falta de imparcialidad".
La suspendida ministra del máximo tribunal tiene plazo hasta el 4 de octubre para responder en su defensa sobre siete hechos.
El influyente ministro de la Tercera Sala se mantendrá con permisos administrativos y hará uso de sus feriados legales. Cumplirá, además, comisión de servicio fuera de la capital. La situación ha generado incomodidad al interior del Poder Judicial.
El penalista aborda la situación que enfrenta la suspendida magistrada, señalando que más allá de los cargos que enfrenta, también ha debido soportar presiones para dar un paso al costado. Pese a ello, como recalca, la jueza recurrirá a las instancias que sean necesarias para materializar sus descargos y explicar su caso.
El Ministerio Público advirtió que la jueza habría seleccionado a su conveniencia los dispositivos que entregó en forma voluntaria en una primera incautación. Por su parte, la defensa de Vivanco pidió la recusación del juez Urrutia, acusando que éste mantendría “enemistad, resentimiento u odio” hacia la magistrada.
En medio de la diligencia, los efectivos se llevaron un segundo celular de la magistrada -anteriormente había hecho entrega de su dispositivo personal y ahora entregó el institucional-, una tablet que utilizaba en el desempeño de sus labores en el máximo tribunal y el computador de su hija.
Tras un nuevo pleno del máximo tribunal los cargos contra la magistrada pasaron de seis a siete. Ahora, tras la denuncia de cuatro relatores, se cuestiona el actuar irregular de la abogada en razón de la priorización de la vista de causas. Como comunicó Gloria Ana Chevesich, se habría transgredido normas y criterios existentes.
La ministra Gloria Ana Chevesich realizó una vocería para dar cuenta de las nuevas decisiones del máximo tribunal. En un nuevo hecho que se suma a los seis que se dieron a conocer el 9 de septiembre, se apunta a presuntas irregularidades cometidas en la tramitación de ocho causas "por incumplimiento de las normas y criterios existentes".
La suspendida magistrada, investigada por la Fiscalía por sus vínculos con Luis Hermosilla, buscaba “un pronunciamiento jurídico" del órgano contralor, lo cual le fue negado. El rechazo, argumentan fuentes de La Tercera, se basó en la "reiterada jurisprudencia administrativa" y en los artículos 80 y 82 de la Constitución.
La jueza ingresó durante las últimas horas un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago a fin de que se bloquee el acceso de terceros a sus conversaciones con el abogado Luis Hermosilla. Desde su entorno califican como complejo que el fiscal nacional haya remitido los antecedentes a la Corte, por lo que insisten en que la instancia estaría impedido de utilizarlo como prueba, ya que sería "ilegal".
