La decisión del gobierno de instalar una nueva base militar en La Araucanía abrió un foco de incomodidad en el oficialismo, que en el pasado cuestionaba la presencia militar en el sur. Ayer, además, el PC y gran parte del Frente Amplio se desmarcó de una propuesta gubernamental que buscaba castigar el porte de combustibles en el marco de una manifestación.
La iniciativa considera la aplicación de una multa de 10 a 20 UTM, siempre que no se proporcione una explicación razonable para el porte de combustible, y permite a las policías detener a personas que cometan esta falta. Durante la votación en particular, además se aprobó una indicación que incorpora una sanción penal, de 61 a 540 días de presidio.
La Multigremial de La Araucanía evacuó su informe mensual sobre hechos de violencia de alta connotación social en la zona, donde se detectó que la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) sigue liderando los ataques.
Ataque que dejó 13 camiones quemados en Paillaco hizo retomar la posibilidad de que militares y marinos se desplacen en esta zona, además de La Araucanía y el Biobío. Entre la oposición y el oficialismo califican como clave la jornada del martes, cuando se vote la renovación de la medida en el Congreso.
El Presidente Gabriel Boric recibió este jueves en La Moneda a los representantes del Congreso, Poder Judicial, Carabineros y PDI para abordar los últimos atentados ocurridos en Valparaíso, Ñuble y La Araucanía. En la cita se fijó el plazo de un mes para trabajar en un consenso que permita enmendar la normativa, cuya aplicación se ha evitado tanto por parte del Ministerio Público como por La Moneda, desde donde han advertido problemas de eficacia.
El Ministerio Público trabaja en las indagatorias por la colocación de artefactos explosivos en dos torres de alta tensión y una línea ferroviaria, hechos que generaron gran preocupación en el ente persecutor y el gobierno. Será la Fiscalía Sur quien abarque este tipo casos -incluidos los que ocurran en la Macrozona Sur-, donde alertan sobre la existencia de una nueva vertiente anarquista: "ecoterroristas".
La ministra del Interior, Carolina Tohá. indicó que la cita, en la que también participarán las policías y el fiscal nacional, se realizará la tarde de este jueves o durante la mañana del viernes. Asimismo, destacó que el proyecto que modifica la Ley Antiterrorista será presentado "en los próximos meses".
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A la 1.50 de la madrugada se registró el primer episodio en La Araucanía, donde 10 encapuchados quemaron una casa patronal en Lautaro. Cuarenta minutos después, un hecho similar ocurrió en Panguipulli, en Los Ríos, y más tarde, otro en Cañete, en el Biobío. Interior apunta a un ataque planificado y lo mismo advierten en el Ministerio Público, donde las miradas apuntan al grupo radical Liberación Nacional Mapuche.
La prórroga del estado de excepción en La Araucanía y el Biobío tendrá un nuevo componente: esta vez, el personal del Ejército y la Armada ya no tendrán como único foco el aseguramiento de las rutas, sino que también la "protección de la vida de las personas". En las huestes militares y marinas hay dudas, pues tampoco quieren exponerse, pero advierten que actuarán sobre seguro, de acuerdo a las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF).
Camilo Gajardo Escalona fue imputado por la Fiscalía Sur otros cuatro hechos similares.
Fueron dos años y medio de seguimientos, empezando en febrero de 2020, en los que Héctor Llaitul se trasladó, habló y operó sin tener consciencia de que había sido marcado por la policía. Entre septiembre de 2020 y marzo de 2021, Llaitul estuvo en 9 localidades de la Araucanía las que tras su paso, sufrieron desde atentados incendiarios hasta usurpación e intimidación a trabajadores. Esta es la historia de cómo el cerco policial terminó con su caída.
La autoridad calificó como "extremadamente graves" los incidentes y precisó que en la acción judicial, además del delito de incendio, se buscará perseguir el porte ilegal de armas de fuego y municiones contra quien resulte responsable.
Durante este año, en Biobío, La Araucanía y Los Ríos se han registrado 14 atentados contra las unidades policiales. El año pasado, en total, fueron 13 -misma cifra que en 2020-, mientras que en 2019 estos eventos no superaron los siete. La situación preocupa en la institución, donde lo atribuyen directamente a “organizaciones violentistas y radicalizadas”.
El candidato brasileño recomendó cautela a los miembros del consejo político en su campaña presidencial ante el aumento de episodios de violencia contra el PT.
