Por segunda vez en menos de dos semanas una familia se ve totalmente golpeada por una catástrofe que expone las grandes problemáticas habitacionales en el país. Si antes fueron seis niños en Coronel, ahora una madre venezolana vio cómo dos de sus tres hijos fallecieron producto de las llamas que consumieron su frágil morada en Valparaíso.
Jefe comunal indicó que se coordinó con autoridades regionales y de gobierno central el trabajo para cerrar el catastro de las personas inmigrantes que habitan ese campamento y los otros 12 asentamientos irregulares en la comuna. Son 287 las familias que habitan la toma en que ocurrió el fatal siniestro.
En el veto enviado al Congreso para corregir la Ley de Usurpaciones, La Moneda planteó un mecanismo para que el juez resuelva si aplica una multa o bien la pena de presidio en aquellas ocupaciones sin violencia física ni intimidaciones. El Senado pretende votar esta semana las observaciones presidenciales.
"La regla como quedó exime en el caso de los campamentos no la pena, sino que la detención, entonces esas personas cometen igualmente el delito. No pueden ser detenidas, pero igualmente pueden ser condenadas penalmente", argumentó el titular de Justicia.
“Iniciar ese camino, que por el hecho de que haya una cierta presión se termine comprando, es el camino que no nos parece el más adecuado. Tenemos que comprar terrenos en muchos lados para muchos objetivos”, recalcó el titular del Minvu.
El proyecto de Ley de Presupuesto 2024, en su partida del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, introduce una serie de modificaciones al programa que busca mejorar las condiciones de vida de los campamentos. Si bien se aumentan en 24,1% los recursos para este programa, se reducen los fondos de transferencias a las entidades privadas que colaboran con la iniciativa. Esto último se interpreta como un aprendizaje del caso que estalló con Democracia Viva y que hoy tiene en la lupa del Ministerio Público a más de 50 ONG en todo el país.
El presidente de la comisión de Seguridad del Senado insistió en que la titular de Interior está “compartiendo información falsa” sobre las penas a tomas históricas y aseguró que desde la oposición incluso estaban dispuestos a ceder al gobierno el tema de la “legítima defensa privilegiada”.
La misiva, suscrita por 25 legisladores de Chile Vamos y republicanos, es una respuesta a la defensa que la ministra del Interior hizo en el Congreso a las indicaciones del Ejecutivo al proyecto del ley, donde señaló que “entendemos que la derecha piense que todas las personas que están en campamentos deberían ser condenadas a la cárcel".
El pasado 14 de julio el Serviu de la Región de O'Higgins requirió a la fundación Arquiduc, vinculada a un exmilitante de Renovación Nacional, devolver los $121 millones que se le entregaron en 2021 para ejecutar dos convenios en campamentos de la zona. Pese a que es parte del 22% de convenios cuestionados que fueron firmados durante el gobierno anterior, se trata de la segunda solicitud de restitución de fondos en todo el país, después de Democracia Viva.
Un documento firmado por el exseremi Carlos Contreras (RD) en julio de 2022 sólo exigió un mínimo de seis meses de antigüedad y "experiencia en trabajo socioterritorial" a las nuevas fundaciones que quisieran firmar millonarios convenios con el Minvu de Antofagasta. Además, sugirió que la remuneración de los profesionales a contratar fuera de $ 1.200.000 mensuales.
Aunque en 2016 se abrió la puerta para que organismos privados reciban fondos para trabajar en asentamientos precarios, fue en 2022 cuando los montos a repartir suben en un 93%. El gran aumento de fondos produjo la llegada de fundaciones dedicadas a temas culturales y políticos a trabajar en áreas en las que no tenían mayor experiencia. Este es el origen del método que terminó usando Democracia Viva para recibir los polémicos $ 426 millones en Antofagasta.
La fundación Comprometidos cambió su giro ante el Servicio de Impuestos Internos meses después de la suscripción de una colaboración con la Seremi de Vivienda del norte. La Fundación Democracia Viva, que está siendo investigada por la fiscalía, también fue cuestionada por cambiar de rubro previo a la suscripción de un millonario convenio. Dados los antecedentes, la seremi de Vivienda de Atacama instruyó este jueves un sumario administrativo y derivar el asunto a la Contraloría regional.
La "necesidad de perfeccionar el procedimiento para suscribir convenios" sería el eje de la reunión que sostendrá esta tarde la autoridad del Minvu con las fundaciones. Entre las que han confirmado su asistencia, la expectativa y valoración son altas, sobre todo luego de que las millonarias asignaciones salpicaran el funcionamiento de estas organizaciones.
La entidad detalló que de los tres convenios que suman $ 426 millones se han rendido un 27% de los montos a mayo de 2023 y que los trabajos presentan un avance que va del 30 al 47%. También condenaron el "acoso" a algunas colaboradoras asegurando que "ninguna operación política justifica la violencia".
