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El fiscal regional de Aysén declaró la semana pasada ante su par de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer. Fueron más de tres horas en que debió entregar detalles de su conversación con Gonzalo Migueles, pareja de la ministra Ángela Vivanco, descartando que se le hayan hecho ofrecimientos que configuren características de delito. El investigador, hoy investigado, pidió con énfasis no ser indagado por Carabineros, aduciendo para ello que en los últimos años los ha perseguido con especial ahínco y temía represalias o falta de objetividad.

"Aquí se dirige una investigación o se dirige una querella en contra de un fiscal regional. Y en consecuencia, sea cual sea el mérito, conforme a nuestra ley, lo que procede es que sea un fiscal regional el que la investigue", planteó el jefe del Ministerio Público.

El persecutor está siendo investigado por un eventual soborno en la última elección de fiscal nacional.

Carabineros logró incautar durante esta jornada el celular del fiscal Carlos Palma. Desde el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago emanó, el lunes pasado, una orden judicial que autorizaba esta medida intrusiva en contra del investigador, como asimismo del abogado Gonzalo Migueles, actual pareja de la ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco.

Actualmente se investigan una serie de beneficios que habrían sido ofrecidos a Carlos Palma por parte Gonzalo Migueles, pareja de la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, para que este bajara su candidatura a fiscal nacional.

Cristián Muñoz Pérez, formalizado por presuntamente realizar gestiones en pos de imputados por delitos de la Ley de Drogas, apunta en contra del fiscal regional de Aysén por haber instalado en la opinión pública, en sus superiores y en tribunales su falsa culpabilidad "en delitos que han sido descartados por antecedentes que mantuvo ocultos".

La determinación se produce en medio del escándalo que desataron conversaciones de whatsapp -donde aparece involucrado el fiscal regional Carlos Palma- y que develan presunto tráfico de influencias en designaciones judiciales.

Durante este lunes, en sesión extraordinaria de consejo, el fiscal nacional Ángel Valencia puso en conocimiento de la instancia la admisibilidad de una querella en que se pide indagar como imputado al jefe regional de Aysén. ¿El motivo?, sus chats con Luis Hermosilla, abogado que está siendo indagado por presunto cohecho, y en particular un pantallazo que envió al penalista cuando estaba en la carrera por la Fiscalía Nacional. En la imagen se lee una conversación con la pareja de una ministra de la Corte Suprema quien le ofrecía pagar un doctorado y un cargo en la Fiscalía a cambio de que apoyara a otro candidato al máximo cargo del Ministerio Público. El aludido no estuvo presencial en la incómoda cita.

El máximo persecutor recibió los antecedentes solicitados al fiscal regional de Aysén el sábado 21 de junio y ahora espera pronunciamiento de unidad especializada.

A juicio de la fundación, “la labor del fiscal se encuentra cuestionada”, ya que acusan falta de objetividad y que un pantallazo del persecutor apareciera en la investigación en contra de Luis Hermosilla.

El jefe del Ministerio Público solicitó además un informe al fiscal Carlos Palma, a propósito de su diálogo con la pareja de la magistrada.

Ahora la palabra la tiene la Cámara Alta. La carta del Ejecutivo debe ser respaldada por al menos 33 senadores para que no se repita el traspié que hubo con el anterior nominado José Morales.

En conversación con La Tercera, el persecutor regional de Aysén reconoció que a la cita realizada en mayo asistieron cuatro ministros -además de Ángela Vivanco- y conocidos abogados, como Mario Vargas y Manuel Guerra. Pese a que la información ha generado molestia en el máximo tribunal, él descarta que el encuentro se relacionara con el concurso para suceder a Jorge Abbott. "Esta reunión no tiene nada que ver con el proceso de postulación a fiscal nacional", dijo.

El jefe del Ministerio Público de Aysén firmó un convenio con la PDI en que se privilegia a esta institución en el trabajo de persecución penal de los delitos de mayor relevancia que se tramitan en su zona, como robos y homicidios. La iniciativa ha tenido eco en otras regiones, lo que ha generado inquietud en el alto mando de Carabineros que también posee unidades especializadas que quedan marginados en este modelo. Por lo mismo, su irrupción en la quina para fiscal nacional es mirada atentamente por la policía uniformada y sus comparaciones de resultados en la tramitación de causas, que hizo ante la Corte Suprema, dejó a más de un herido en su propia institución en Santiago, ya que apuntan que es imposible comparar Aysén con siquiera el nivel de ingresos de comunas en la capital.

Exfiscal Rodrigo Ríos era el último integrante de la quina que conformó esta semana la Corte Suprema y comunicó este viernes que desistiría del proceso. El tema es que la Constitución contempla la reconformación del listado de cinco postulantes a este cargo sólo en el caso en que el Senado rechace la propuesta del Presidente. Ahora... ¿qué pasará?