"Sobre situaciones que están en el ámbito judicial, esperamos que sean completamente esclarecidas, y en caso de acreditarse responsabilidades penales, que se apliquen las máximas sanciones que establece la ley", dice la declaración pública en que se comunicó su salida.
El Ministerio Público investiga el traspaso de más de 730 millones de pesos entre las fundaciones FOLAB y EDUCC y el Gobierno Regional de la Araucanía.
Como si avanzar en el Programa de Emergencia Habitacional no bastara, la crisis derivada de los líos de platas entre fundaciones e instituciones del Estado ha llevado al Programa de Asentamientos Precarios del Minvu a una difícil situación, generando preocupación tanto en organizaciones de la sociedad civil como entre los propios funcionarios del programa, quienes han transmitido sus inquietudes al Presidente. Mientras tanto, el secretario de Estado enfrenta el desafío de calmar las aguas en los Serviu del país, que amenazan con movilizaciones y paros.
Para el próximo 4 de noviembre está fijado el inicio del juicio entre el exministro y el empresario, quien acusó a la otrora autoridad de ser "el autor intelectual" del caso líos de platas. En esa instancia serán 10 las personas que deberán entregar su testimonio, que servirá como prueba para esclarecer si hubo injurias y calumnias en este caso.
A juicio de la fundación, “la labor del fiscal se encuentra cuestionada”, ya que acusan falta de objetividad y que un pantallazo del persecutor apareciera en la investigación en contra de Luis Hermosilla.
A través de un oficio dirigido al fiscal Ángel Valencia, el titular del Ministerio de la Vivienda aseguró que esta medida es indispensable, ya que “se coloca en riesgo la honra de cada uno de los funcionarios a los cuales les rige el principio de inocencia”.
En medio de la investigación del "caso Manicura" en que se indaga el mal uso de más de $700 millones proporcionados por la Gobernación de La Araucanía a la ONG Folab, un peritaje de la PDI da cuenta de la destrucción del celular del diputado Mauricio Ojeda (IND-Republicano). Este último es investigado por presunto tráfico de influencias al haber intervenido a favor de la fundación investigada ante autoridades del GORE. La Fiscalía ya decidió desaforarlo y trabaja en el escrito que deberá ingresar a la Corte.
En medio de la investigación por líos de plata en la Gobernación Regional de La Araucanía, el fiscal Carlos Cornejo -de Alta Complejidad- persigue la eventual responsabilidad penal del parlamentario en la defraudación de cerca de $700 millones que se investigan en el denominado "caso manicura". Si bien el congresista entregó su dispositivo móvil, este estaba en malas condiciones tras una supuesta "jugarreta" de su hijo. Ante la Fiscalía Ojeda reveló que tras ayudar a la ONG Folab con un préstamo de $40 millones, luego le devolvieron $2 millones y medio más, por concepto de intereses. La calidad del integrante de la Cámara Baja en estos momentos es de imputado y se indagan sus acciones para obstruir la investigación, incluso sugiriendo "quemar teléfonos".
Por primera vez los antecedentes de la investigación por la entrega de dineros a fundaciones en esa zona se hicieron públicos. En la reformalización realizada por el fiscal regional Roberto Garrido se hizo mención al rol del parlamentario de la bancada de republicanos, quien ya declaró ante el Ministerio Público, y de Juan Pablo Leonelli, mano derecha del gore Luciano Rivas.
La policía informó de los hechos al Ministerio Público el pasado 28 de febrero.
El fiscal regional Juan Castro Bekios, junto al persecutor Cristian Aguilar, destacó que pese a esta resolución de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, el delito y la calificación del mismo no fueron modificados por el tribunal de alzada.
Desde la fiscalía señalaron que se esperaba que esta tarde llegaran desde Antofagasta a Santiago los fiscales que tomarán la declaración. El testimonio de Crispi se extendería hasta el viernes.
La última semana de febrero concentrará las pesquisas solicitadas por los querellantes del caso Democracia Viva. Es una de las diligencias más esperadas, porque apuntan a la responsabilidad que podrían haber tenido autoridades de gobierno en la presunta omisión de denuncia de lo que estaba ocurriendo en Antofagasta e hizo estallar el caso convenios. El jueves será el turno del otrora titular de Desarrollo Social y hombre de confianza del Presidente, el exministro Giorgio Jackson.
Los nuevos antecedentes del caso dados a conocer por T13 generaron que en la coalición evidencien su desazón porque, una vez más, el embrollo que nació en Revolución Democrática obstaculiza la agenda del gobierno del Presidente Boric.
El exlíder de la FECh intentó ingresar seis libros, aunque le dejaron entrar solo tres. Son títulos que tratan de infidelidad y monogamia, de cibernética y capitalismo, además de poesía vanguardista chilena. Andrade se mantiene de esa forma ocupado, luego de que el tribunal denegara su solicitud para realizar cursos formales a los otros reos.
