"Es importante que no solamente nosotros tengamos la conciencia de tener las manos limpias, sino que también nuestra gente pueda volver a confiar en nuestras instituciones", dijo el Mandatario desde Antofagasta.
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"Cualquier hecho que sea pertinente ser investigado judicialmente, debe serlo. Y en eso creo que todo el rigor de la ley y todo el rigor de la investigación debe recaer sobre todas las personas independientemente de su posición política o de, digamos, venga de donde venga”, dijo la frenteamplista.
El Presidente Gabriel Boric entregó su respaldo a Irina Karamanos, luego de una publicación en que se vincula a la ex Primera Dama en el caso Convenios producto de supuestos abonos a la cuenta de la Fundación ProCultura, en medio de la campaña presidencial de 2021.
“La crítica se ha presentado frente solo a unas palabras del Presidente y no frente a otras que han tenido el mismo tenor", afirmó la portavoz del Ejecutivo.
Juan Pablo Leonelli Lepín, exjefe de gabinete del GORE de La Araucanía, quedó en prisión preventiva luego de que la Fiscalía le imputara el delito reiterado de fraude al Fisco. El abogado, que además integraba la Comisión para la Paz en la zona, habría realizado gestiones en favor de una fundación, lo cual quedó registrado en diversas conversaciones a través de WhatsApp. Aquí la trama que inquieta a la carta para la reelección en la Gobernación de La Araucanía
La portavoz del Ejecutivo recalcó que "no es primera vez que el Presidente se refiere con dureza a casos de posible corrupción" y cuestionó que cuando se pronunció por los líos de platas políticas "nadie salió a criticar sus palabras".
"Sobre situaciones que están en el ámbito judicial, esperamos que sean completamente esclarecidas, y en caso de acreditarse responsabilidades penales, que se apliquen las máximas sanciones que establece la ley", dice la declaración pública en que se comunicó su salida.
El Ministerio Público investiga el traspaso de más de 730 millones de pesos entre las fundaciones FOLAB y EDUCC y el Gobierno Regional de la Araucanía.
Como si avanzar en el Programa de Emergencia Habitacional no bastara, la crisis derivada de los líos de platas entre fundaciones e instituciones del Estado ha llevado al Programa de Asentamientos Precarios del Minvu a una difícil situación, generando preocupación tanto en organizaciones de la sociedad civil como entre los propios funcionarios del programa, quienes han transmitido sus inquietudes al Presidente. Mientras tanto, el secretario de Estado enfrenta el desafío de calmar las aguas en los Serviu del país, que amenazan con movilizaciones y paros.
Para el próximo 4 de noviembre está fijado el inicio del juicio entre el exministro y el empresario, quien acusó a la otrora autoridad de ser "el autor intelectual" del caso líos de platas. En esa instancia serán 10 las personas que deberán entregar su testimonio, que servirá como prueba para esclarecer si hubo injurias y calumnias en este caso.
A juicio de la fundación, “la labor del fiscal se encuentra cuestionada”, ya que acusan falta de objetividad y que un pantallazo del persecutor apareciera en la investigación en contra de Luis Hermosilla.
A través de un oficio dirigido al fiscal Ángel Valencia, el titular del Ministerio de la Vivienda aseguró que esta medida es indispensable, ya que “se coloca en riesgo la honra de cada uno de los funcionarios a los cuales les rige el principio de inocencia”.
En medio de la investigación del "caso Manicura" en que se indaga el mal uso de más de $700 millones proporcionados por la Gobernación de La Araucanía a la ONG Folab, un peritaje de la PDI da cuenta de la destrucción del celular del diputado Mauricio Ojeda (IND-Republicano). Este último es investigado por presunto tráfico de influencias al haber intervenido a favor de la fundación investigada ante autoridades del GORE. La Fiscalía ya decidió desaforarlo y trabaja en el escrito que deberá ingresar a la Corte.
En medio de la investigación por líos de plata en la Gobernación Regional de La Araucanía, el fiscal Carlos Cornejo -de Alta Complejidad- persigue la eventual responsabilidad penal del parlamentario en la defraudación de cerca de $700 millones que se investigan en el denominado "caso manicura". Si bien el congresista entregó su dispositivo móvil, este estaba en malas condiciones tras una supuesta "jugarreta" de su hijo. Ante la Fiscalía Ojeda reveló que tras ayudar a la ONG Folab con un préstamo de $40 millones, luego le devolvieron $2 millones y medio más, por concepto de intereses. La calidad del integrante de la Cámara Baja en estos momentos es de imputado y se indagan sus acciones para obstruir la investigación, incluso sugiriendo "quemar teléfonos".
Por primera vez los antecedentes de la investigación por la entrega de dineros a fundaciones en esa zona se hicieron públicos. En la reformalización realizada por el fiscal regional Roberto Garrido se hizo mención al rol del parlamentario de la bancada de republicanos, quien ya declaró ante el Ministerio Público, y de Juan Pablo Leonelli, mano derecha del gore Luciano Rivas.
