Abogado dijo que "se debe determinar si es que ha habido negligencia" en Chile en el cuidado de una persona con estatus de refugiado y no descartó acciones contra el Estado.
Etiqueta: Caso Ojeda
La secretaria de Estado explicó que hay rastros de la banda delictiva en la muerte del exmilitar y que "es lo más probable" que "Bobby" Gómez haya tenido algún grado de participación por el grado de jefatura que tenía en la organización.
El rol de un repartidor dentro del secuestro de Ronald Ojeda es aún motivo de discusión entre la Fiscalía y su defensa. Todo esto dentro del contexto de una causa que, a nueve meses del delito, aún tiene muchos detalles sin esclarecer.
El imputado fue extraditado desde Costa Rica.
De acuerdo con lo informado por el Ministerio Público, si no se presenta alguna apelación al dictamen de la justicia costarricense, Chile tiene dos meses para traer a Villegas de vuelta al país.
Sermig afirma que Maickel Villegas -quien fue detenido en Costa Rica- realizó solicitud de residencia definitiva en Chile en noviembre de 2023, la que fue acogida a trámite el 12 de enero de 2024 -menos de un mes antes del homicidio- y rechazada el 26 de marzo.
Tribunal de alzada estimó que la medida que pedirá de oficio a la justicia de Costa Rica "se torna necesaria en vista de la gravedad del delito" y debido a que la aprehensión de Maickel Villegas en ese país solo es por una infracción a la legislación de extranjería.
Previo a su secuestro, el exmilitar venezolano Ronald Ojeda salió del país por un paso no habilitado, ya que como refugiado no podía hacerlo. Sin embargo, el 14 de diciembre de 2023 decidió arriesgar su condición en Chile para reunirse con el capitán Angello Heredia, quien planificaba un alzamiento contra Nicolás Maduro. Los planes no resultaron en Venezuela y tras retornar fue víctima de lo que hoy es investigado como un crimen transnacional con motivos políticos. Aquí la historia.
El fiscal general del país caribeño, Tarek William Saab, indicó que, de encontrarlos y detenerlos en su territorio, los sujetos serían procesados por la justicia venezolana, puesto que su Constitución no permite la extradición. Sin embargo, la ministra del Interior, Carolina Tohá, exigió que los sospechosos sean trasladados y juzgados en Chile, usando de argumento el tratado suscrito entre ambos países el 2 de junio de 1962.
