El titular de la Segpres insistió en que hay un "compromiso del gobierno con la probidad" y que "ya desde hace bastante tiempo se están impulsando proyectos vinculados a la agenda de probidad, trabajando indicaciones. Son iniciativas que han sido incluso presentados anteriormente”.
Además, el titular de Vivienda informó que esta noche se reunirán con 23 fundaciones para analizar posibles modificaciones y la "necesidad de perfeccionar" el método para suscribir convenios entre fundaciones privadas y el Minvu.
El líder del ente persecutor aclaró que la solicitud para que encabece la indagatoria que involucra al Minvu y la fundación ligada a RD, aún no ha llegado a sus manos.
Cuando el caso se destapó, el timonel de Revolución Democrática defendió a la parlamentaria y miembro de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, señalando: “Catalina Pérez no tiene por qué hacerse responsable de acciones de otros, por más que sea su círculo cercano”.
Personal de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) llegó hasta el domicilio de la comuna de Pedro Aguirre Cerda con una orden judicial de allanamiento emanada del Juzgado de Garantía de Antofagasta en el marco del caso Democracia Viva.
La vocera de gobierno señaló además que “no solo para Revolución Democrática, sino que para el gobierno, esto ha sido una especial preocupación, esto efectivamente no son cosas que deseamos que pasen”.
Si bien la salida de la subsecretaria de Vivienda descomprimió el caso, el panorama no está completamente despejado para el ministro, quien no denunció inmediatamente a la fiscalía los hechos que podían ser constitutivos de delito. La oposición aún evalúa su arremetida política y, por ahora, sólo habría piso en la derecha para una interpelación.
Daniel Andrade presentó un escrito al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, donde pidió ser interviniente en el proceso, en "calidad de imputado", poniéndose a disposición de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público. En tanto, la Fiscalía ya derivó todos los antecedentes al CDE para que se evalúe una eventual querella en la causa, algo que debería zanjarse durante los próximos días.
Los cambios en la postura del timonel de RD, Juan Ignacio Latorre, sobre el caso Democracia Viva, pusieron en cuestión su "vocería" frente a la crisis, y los alcaldes, y -más recientemente- la bancada de diputados, marcaron una distancia mayor con los involucrados, particularmente de la diputada Catalina Pérez y rompieron con la instrucción de radicar las salidas comunicacionales en la directiva.
A juicio de la titular de la Mujer, "la sororidad en política" no tiene que ver con "evadir responsabilidades políticas". Remarca que el financiamiento irregular de la Fundación Democracia Viva "quiebra la confianza de las personas" y agrega que los involucrados aún "no dimensionan el daño que le han hecho al Frente Amplio".
El jefe de bancada de la UDI señaló que “hasta ahora el gobierno nos ha dicho que esto es un tema a nivel seremi y a nivel subsecretaria de Vivienda. Nosotros creemos que este es un problema grave y el Presidente tiene que demostrar que tiene la mano dura en esto con responsabilidades políticas”.
Días después de que el Presidente llamara al Frente Amplio a unirse y a “pensar en grande”, la publicación de millonarios contratos suscritos entre el seremi de Antofagasta y la fundación de la expareja de la diputada Catalina Pérez (ambos militantes de Revolución Democrática) abrieron una crisis al interior del Frente Amplio y el gobierno, cuyos efectos están por verse.
En medio de investigaciones por un presunto conflicto de interés, tráfico de influencias y aprovechamiento de cargos públicos por los convenios entre el Minvu y la fundación Democracia Viva, la líder socialista enfatiza que lo fundamental no es apuntar los dardos contra la diputada RD ni contra la subsecretaria Rojas, sino que dar garantías de que episodios similares no volverán a ocurrir.
