Con especial atención, los dirigentes de los partidos de gobierno escucharon un reporte pormenorizado del timonel RD, el senador Juan Ignacio Latorre, sobre el caso Democracia Viva, que la Fiscalía ya investiga, y que involucra a militantes de sus filas. En esa colectividad, ya adoptaron las primeras medidas de contención de la crisis que impacta a todo el sector.
Personal policial concurrió esta tarde a departamento, ubicado en la comuna de Ñuñoa, que oficiaba como sede de la organización que hoy está en la mira de la Fiscalía. Los detectives llegaron con una orden de entrada y registro emanada del Juzgado de Garantía de Antofagasta.
“Le manifiesto a los alcaldes que han solicitado se congele mi militancia, mi más absoluta y total disposición a generar una autodenuncia y suspender mi participación si es que estiman que con eso se estará protegiendo el proyecto político al que le he dado ocho años de mi vida”, expresó la diputada oficialista en un texto dirigido a la dirigencia de su partido que fue dado a conocer esta jornada.
Los vaivenes del senador en el abordaje del caso Democracia Viva -de calificarlo como un “error político”, la tensión con el ministro Montes, a anunciar una solicitud de suspensión de la militancia de la diputada Catalina Pérez- pone en cuestión su rol en medio de la crisis. Así las cosas, la colectividad busca constituir una comisión para abordar el escándalo que hoy golpea al partido.
“En este caso, es la investigación de los fiscales de Antofagasta la que en definitiva establecerá cuáles son los hechos, cuál es la calificación jurídica de ellos, si se cometió o no se cometió un delito”, dijo el fiscal nacional ante la investigación por la asignación de 426 millones de pesos mediante un trato directo entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la fundación ligada a RD.
“Caiga quien caiga, sin doble estándar, sin silencios cómplices”. Con esas palabras, el timonel de la tienda oficialista dio a conocer que el martes presentarán la acción judicial.
El actual ministro de Desarrollo Social fue uno de los fundadores en 2012 de Revolución Democrática, partido que vive una de sus peores crisis tras las denuncias que revelaron posibles delitos con recursos públicos y tráfico de influencia en la Seremi de Vivienda de Antofagasta, que ahora investiga la Fiscalía.
En el consejo político de este jueves, los jefes comunales que militan en la colectividad llamaron a tomar medidas disciplinarias contra la legisladora, al menos, mientras no se esclarezca que no tuvo participación alguna en los cuestionados convenios entre el Serviu de Antofagasta y su pareja, Daniel Andrade.
El ministro Carlos Montes deslindó responsabilidades en la subsecretaria Rojas y le reclamó personalmente al presidente de RD, Juan Ignacio Latorre, por haber afirmado que él había sido informado en su momento de las denuncias en contra de la Fundación Democracia Viva. La UDI, en tanto, presentó una querella y RN ingresó dos requerimientos a la Contraloría para exponer la falta de diligencia del Ejecutivo.
La Policía de Investigaciones indagará los contratos entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la fundación dirigida por Daniel Andrade, pareja de la diputada de Revolución Democrática, Catalina Pérez.
Una acusación de eventual conflicto de interés y aprovechamiento de cargos públicos para beneficiar a militantes de RD se convirtió en la mayor crisis de presunta corrupción en el gobierno de Gabriel Boric. Así, el partido fundado por Giorgio Jackson vive uno de sus capítulos más complejos, y que dejó en la cuerda floja el discurso del Frente Amplio sobre renovar la política y condenar los actos de corrupción.
"Esto es algo grave que no se puede aceptar, menos en la realidad de campamentos en la ciudad de Antofagasta", señaló el titular de Vivienda y Urbanismo, respecto al caso de recursos públicos e influencias políticas en la Seremi de Vivienda de la región que sacude RD y a la diputada Catalina Pérez.
Aunque las bancadas de derecha hoy exigen hacer valer las responsabilidades de la subsecretaria Rojas, si el gobierno no adopta medidas drásticas, el caso podría complicar aún más al ministro de Vivienda. Mientras la UDI presentó una querella, RN no descartó una acusación constitucional e ingresó dos requerimientos a la Contraloría para exponer la falta de diligencia del Ejecutivo en este caso. El Presidente Boric, por su parte, endureció el tono y condenó los hechos.
Además de los integrantes de la ya polémica fundación, hay una serie de personajes que aparecen clave en la trama que indaga el fiscal Cristian Aguilar, jefe de la Fiscalía Local de Antofagasta. Y es que tras emitir una orden para que la Brigada de Delitos Económicos de la PDI analice las transacciones entre la entidad encabezada por Daniel Andrade y el Serviu de Antofagasta, el Ministerio Público persigue determinar si existen figuras delictuales como fraude al Fisco o tráfico de influencias.
Mandatario indicó que se exigirá a la fundación ligada a RD la restitución de los montos asignados no ejecutados y se avanzará en modificaciones a los mecanismos de asignación de este tipo de recursos. "Acá no puede caber ningún tipo de complacencias", recalcó.
