El presidente de Clínicas de Chile A.G, Gonzalo Grebe, alertó que la falta de claridad sobre el futuro de las isapres y las deuda que arrastra el Estado con las clínicas, entre otros temas, solamente generan dudas para los inversionistas en el área de la salud.
La clínica decidió llevar a la isapre a arbitraje ante el Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), solicitando el cumplimiento forzado de los contratos que exigían un reajuste anual de IPC en enero. Además, pidió "la declaración de ejecución de actos de competencia desleal por parte de la referida isapre”.
La clasificadora de riesgo Feller Rate mantuvo la nota de la empresa, pero cambió desde estables a negativas sus perspectivas. El cambio, argumentó, "se debe al deterioro de sus principales métricas financieras y de generación de flujos, producto de una disminución en su actividad, con una baja en sus niveles de ocupación". A junio, Clínica Las Condes tuvo una ocupación de 34% sobre la infraestructura total de camas disponibles, versus el 63,95% que tenía en igual periodo de 2022.
Eso es lo que informó la compañía mediante un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), donde también comunicó que el nuevo fiscal será Juan José Valenzuela Rodríguez.
Un grupo de 35 médicos han presentado 30 querellas contra Clínica Las Condes (CLC) desde julio del año pasado, denunciando apropiación indebida, por impago de prestaciones. Las querellas suman $3.726 millones en remuneraciones impagas. Las acciones judiciales están siendo investigadas por la fiscal Karin Naranjo de la Fiscalía Oriente Metropolitana. CLC se defiende asegurando que este tipo de conflictos deben ser resueltos en sede arbitral.
En la demanda que interpuso Clínica Dávila Recoleta solicita a Fonasa y al Servicio de Salud Metropolitano Norte el pago de servicios por $11.874 millones, mientras que Clínica Dávila Vespucio presentó acciones contra Fonasa y el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente por $11.230 millones.
"El nivel de deuda que tiene que hacer frente el sistema asegurador para responder a los fallos, es una cifra gigantesca", dijo el presidente de Clínicas de Chile, Gonzalo Grebe, ante los senadores de la Comisión de Salud.
"Máximo sentido de urgencia para lograr acuerdos que permitan una transición muy bien planificada para definir el mejor sistema para los 19 millones de habitantes. Asimismo, considerar entre las principales opciones, la elaboración de un Plan Único de Salud para todos, ofrecido por aseguradoras públicas y privadas, y que exista un fondo de compensación de riesgos que permita movilidad entre aseguradoras."
En un fallo de primera instancia, el Primer Juzgado Laboral de Letras de Santiago acogió la denuncia de tutela laboral que interpusieron dos ex trabajadoras de la clínica y determinó que fueron despedidas como represalia por una denuncia de acoso laboral. El tribunal, en su sentencia, ordenó que una vez la sentencia se encuentre ejecutoriada se envíen los antecedentes a la Dirección del Trabajo, entidad que mantiene un registro de las empresas que pueden o no suscribir acuerdos con el Estado.
La enfermera María Jesús Swinburn Prat presentó una demanda en marzo de este año en contra de Clínica Las Condes por despido injustificado y una supuesta vulneración de derechos fundamentales. Según ella, su alejamiento del recinto médico controlado por Cecilia Karlezi se produjo debido a los reclamos que efectuó por la mantención de las ambulancias. Sin embargo, la clínica responde que su salida se respondió a una reestructuración integral del área de urgencias.
El gerente general de la institución dijo que si "todo deriva en que finalmente las isapres dejan de existir, y vamos a un Fonasa MCA, o Fonasa como asegurador único, ese modelo a nosotros nos preocupa muchísimo (...) A nosotros, los aranceles que nos paga Fonasa, no nos alcanzan, simplemente no nos alcanzan". Por eso solicitó que “contemplen la posibilidad de tener aranceles especiales para los hospitales universitarios".
El presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Simon, subió el tono y alertó que eso es lo que ocurriría de producirse la baja de ingresos de 8% mensual que propone el proyecto de ley que ingresó el gobierno al Congreso.
Gonzalo Grebe señala que la propuesta que presentó el gobierno al Congreso no da viabilidad a las isapres, y por eso mismo cree que "es una ilusión" prometer a las personas una devolución de dinero. Si bien el regulador calcula en US$1.400 millones lo que adeudan las isapres a sus afiliados, el ejecutivo dice que "falta una parte muy importante", que son los US$500 millones que deben a los prestadores privados. Proyecta que solo quedan seis meses "para poder evitar una crisis en la salud pública".
“Si ustedes quieren una cifra total, hay que sumar las deudas de los servicios de salud, deuda exigible y no exigible, lo que nos da $290 mil millones”, dijo Cid en la Comisión de Salud del Senado.
