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Pronto viene el reajuste por IPC de los pagos que hacen las isapres a las clínicas por sus servicios, según sus convenios particulares. Los prestadores anticipan que la negociación de cumplimiento de esos contratos no será fácil, dada la situación de las aseguradoras. Las clínicas intentarán no romper esos pactos, porque el 61% de su financiamiento proviene, en promedio, de afiliados a las isapres. Una caída de estas últimas podría afectar sus ingresos -los que han venido al alza en el año- y poner en riesgo deudas que el sistema cuantifica en la gigantesca suma de $652.000 millones.

Recortó la clasificación de la clínica desde "A+" a "A", principalmente explicado por menores márgenes junto con un alto endeudamiento. Además, mantuvo la observación negativa por la incertidumbre "respecto a la continuidad fluida del sistema de salud actual y del flujo de pagos entre isapres y los centros de atención de salud", según la clasificadora.

Las isapres partieron notificando a los empleadores y afiliados que en diciembre se inició la rebaja de la prima GES que ordenó la Corte Suprema. Colmena, Banmédica y Vida Tres dieron el puntapié inicial. Eso significa que ya no hay vuelta atrás y que en enero empezarán a ver una reducción de sus ingresos.

El grupo inglés decidió cerrar Bupa Sport, centro médico especializado en medicina deportiva; y Sonorad, que agrupaba a varios centros de imagenología y laboratorio. En paralelo, este viernes Colmena informó que cerrará de manera definitiva dos sucursales a fines de este mes.

La empresa reportó una pérdida de $3.471 millones por baja en ingresos y el juicio que perdió con Fonasa. Además, la firma comunicó que a fines de octubre informó a Banmédica y Vida Tres su "intención de no renovar" convenios. Tres semanas después, las isapres decidieron iniciar un arbitraje por "los contratos celebrados entre las partes" entre 2012 y 2022.

En la contestación, Fonasa también pide que se rechace la demanda presentada por Red Dávila, y argumenta que "ha presentado su demanda en términos insuficientes, ya que no ha expresado un mayor detalle respecto de las prestaciones que pretende cobrar, al no indicar ni individualizar ninguno de los casos que compondrían la deuda supuestamente impaga".

"Provocará un efecto negativo en la operación de los prestadores privados de salud, agravando la incertidumbre y la sostenibilidad en el funcionamiento de nuestras instituciones. Por ende, se generará un impacto en cadena en el sistema de salud en general, con efectos en el sistema público, y una potencial crisis sanitaria que impactará directamente a las personas”, indicó el gremio en una declaración pública.

El gremio señaló que “llama la atención que no se acogieran planteamientos fundamentales del Comité Técnico de Expertos, cuya composición era de amplia representación, y que buscaba establecer bases que permitieran la sostenibilidad del sistema en el corto plazo”.

El presidente de Clínicas de Chile A.G, Gonzalo Grebe, alertó que la falta de claridad sobre el futuro de las isapres y las deuda que arrastra el Estado con las clínicas, entre otros temas, solamente generan dudas para los inversionistas en el área de la salud.

La clínica decidió llevar a la isapre a arbitraje ante el Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), solicitando el cumplimiento forzado de los contratos que exigían un reajuste anual de IPC en enero. Además, pidió "la declaración de ejecución de actos de competencia desleal por parte de la referida isapre”.

La clasificadora de riesgo Feller Rate mantuvo la nota de la empresa, pero cambió desde estables a negativas sus perspectivas. El cambio, argumentó, "se debe al deterioro de sus principales métricas financieras y de generación de flujos, producto de una disminución en su actividad, con una baja en sus niveles de ocupación". A junio, Clínica Las Condes tuvo una ocupación de 34% sobre la infraestructura total de camas disponibles, versus el 63,95% que tenía en igual periodo de 2022.

Eso es lo que informó la compañía mediante un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), donde también comunicó que el nuevo fiscal será Juan José Valenzuela Rodríguez.

Un grupo de 35 médicos han presentado 30 querellas contra Clínica Las Condes (CLC) desde julio del año pasado, denunciando apropiación indebida, por impago de prestaciones. Las querellas suman $3.726 millones en remuneraciones impagas. Las acciones judiciales están siendo investigadas por la fiscal Karin Naranjo de la Fiscalía Oriente Metropolitana. CLC se defiende asegurando que este tipo de conflictos deben ser resueltos en sede arbitral.

En la demanda que interpuso Clínica Dávila Recoleta solicita a Fonasa y al Servicio de Salud Metropolitano Norte el pago de servicios por $11.874 millones, mientras que Clínica Dávila Vespucio presentó acciones contra Fonasa y el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente por $11.230 millones.