En un extenso informe, la Fiscalía argumenta por qué la fusión de ambas isapres podría llevar a un alza de precios y una baja en la calidad del servicio que entregaría la nueva isapre. Asimismo, muestra los factores que llevaron al organismo a rechazar los mitigantes que plantearon las partes. Es más, apunta a que existía una vía posible para llevar adelante la operación: la desinversión.
La integración rechazada por la Fiscalía Nacional Económica no está muerta. Descontentos con la decisión y argumentación del organismo, las empresas involucradas están analizando acudir al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia a través de un recurso de revisión que solo una vez ha sido utilizado antes. Tienen plazo hasta el próximo jueves para hacerlo y están trabajando con esa intención. Será la manera de resucitar un negocio de unos US$ 150 millones y a la que sus partes no quieren renunciar.
La compañía, que pretendía adquirir la isapre y fusionarla a Nueva Masvida, lamentó la decisión de la Fiscalía Nacional Económica de prohibir la operación. Además, afirmó que la inquietud de la FNE de un eventual alza de precios, algo que regula la ley, es "un sinsentido lógico y económico" que no se condice con la legalidad vigente.
El organismo argumentó, entre otras cosas, que tomó esta decisión porque “en la práctica, ello se traduciría en mayores precios en los planes de salud de actuales o de nuevos afiliados y/o afectaría la calidad de dichos planes".
La FNE debería haber dado su veredicto a fines de noviembre. Sin embargo, días antes, el análisis se suspendió, luego de que las isapres ingresaran un primer paquete de medidas. Desde mantener planes equivalentes entre ambas compañías hasta sumar programas de cumplimiento aparecen entre los ofrecimientos. Sin embargo, no fue suficiente para la fiscalía. Y ya hay nuevos intentos por mejorar la oferta.
“Un entrante podría tardar al menos tres años para alcanzar un margen operacional positivo”, aseguró la Fiscalía en una presentación de 51 páginas.
El acuerdo se materializará una vez haya sido aprobada la operación por parte de la Fiscalía Nacional Económica.
Empresarios de grandes conglomerados económicos del país también han lanzado una ofensiva judicial para frenar el alza de sus planes de salud. Acusan que el incremento es "injusto" y "arbitrario". Mientras, las isapres fundamentan el aumento de precios en medio de un complejo escenario de fuerte incremento de costos.
La salida de Donoso se concretaría en septiembre próximo. Hasta ahora se desconoce el nombre de su sucesor.
Las medidas fueron dadas a conocer la tarde del martes por Colmena y Cruz Blanca en medio de los cuestionamientos por las alzas en sus planes.
El ejecutivo afirma que por cada caso confirmado, hay entre 50 y 60 pacientes que se hacen el examen, y una tasa similar de personas que solicitan licencias por cuarentena preventiva. Ante ello advierte que “la sustentabilidad financiera del sector está en riesgo, y esto se agudiza con una crisis y una pandemia como la que estamos viviendo”.
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