“Cuando hay situaciones excepcionales se requieren medidas excepcionales y las medidas excepcionales también tienen bordes excepcionales", dijo el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García.
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Desde el MOP adelantan que la medida excepcional será aplicada a empresas que cuenten con estado de pago desde septiembre de 2021. Sin embargo, desde la Cámara Chilena de la Construcción esperan que se aplique a contratos incluso desde 2020.
La resolución dio paso para la liquidación de la firma y embargar los bienes de ésta, entre otras medidas asociadas al inicio de este proceso.
El estudio detectó que en los últimos tres semestres han quebrado casi 250 constructoras y que más de un tercio de las falencias totales de la economía durante la primera mitad del año corresponden a empresas del rubro. Entre los motivos -además del impacto del estallido social en la continuidad de las obras y la paralización de faenas durante la pandemia- se encuentran la fuerte alza de los costos de materiales y mano de obra, y de la menor demanda de viviendas por inflación, entre otras.
Si bien el gremio valoró las medidas de apoyo para el sector, enfatizaron que el problema no está solo en el alza de materiales, sino también en los nudos administrativos que están poniendo freno al financiamiento del rubro.
"Pagar montos adeudados, reajustar contratos en ejecución, eliminar nudos críticos, crear líneas de financiamiento y disminuir la burocracia son otras medidas que el Estado también debería implementar con urgencia", dijo el presidente de la CChC, Antonio Errázuriz.
Según explicó el ministro Juan Carlos García, el problema de adeudamiento está en falta de modernización del Estado ante las modificaciones de contrato, ya que aseguró que en los contratos habituales más del 90% de los pagos se concretan en menos de 15 días.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, explicó que estas iniciativas permitirán reducir el costo de las tasas de interés de los créditos hipotecarios para viviendas de sectores medios, en una magnitud "del orden de los 100 puntos base o de un punto porcentual”.
El Ministerio de Obras Públicas asistió al Senado para abordar la situación de la constructora y el futuro de los proyectos en pausa, que podrían volver a retornar sus operaciones entre 10 a 18 meses más.
Según un documento del gremio, elaborado hace algunas semanas, el Ministerio de Obras Públicas adeudaba a seis empresas constructoras $4.685 millones en 12 proyectos, de los cuales cinco están en ejecución y siete terminados. Las compañías son Imaco Ltda., Consorcio Imaco Aires del Sur, Sicomaq SpA, Conpax, Bitumix S.A. y una constructora hoy en liquidación, Claro Vicuña Valenzuela.
Según los documentos adjuntados al 31 de agosto de 2022, la compañía mantiene deudas con acreedores financieros por $7.653 millones (16,8%). El listado es encabezado por Banco Santander, con $3.576 millones (7,9%) de capital de trabajo, y le siguen BancoEstado, Banco de Chile e Itaú Corpbanca, cuyos créditos representan 9% del total de pasivos, con $4.077 millones.
Antonio Errázuriz destacó que la actual autoridad del Ministerio de Obras Públicas ha tenido “mucha” voluntad para alcanzar soluciones al alza en los costos de las obras, y pidió mantener el sentido de urgencia.
En el encuentro, se repasaron las medidas a seguir, dentro de las cuales se contempla: hacer exigibles las boletas de garantía, realizar un proceso de revisión de los estados de pagos pendientes por parte de la constructora, y un seguimiento exhaustivo de la situación que aquejaría a unos 2.500 trabajadores de la empresa.
Esto en el contexto de la solicitud de quiebra que anunció el viernes pasado la empresa constructora Claro Vicuña Valenzuela (CVV), firma que aseguró estar atravesando por un mal momento y apuntó a condiciones del mercado desfavorables y al gobierno como uno de los responsables.
La empresa Claro, Vicuña, Valenzuela, con 65 años de vida, abandonará 30 obras y despedirá a 2.500 trabajadores. Ayer pidió su liquidación voluntaria. Su principal mandante era el Estado. El Ministerio de Obras Públicas desmintió anoche “categóricamente” que la situación se deba a incumplimientos de la cartera, sino que la empresa ha incumplido “sus compromisos”.
