El entre contralor responde así a un oficio enviado por la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara sobre la posibilidad de invalidar o revocar el ortorgamiento de dichos beneficios.
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A través de un comunicado, desde el Instituto Nacional de Derechos Humano descartaron tener algún tipo de participación en la entrega del beneficio, señalando que la institución "nunca intervino en este proceso y su actuación se restringió a acreditar la calidad de víctimas de las personas afectadas y que lo requirieran”.
La ministra del Interior aseguró que "respecto al procedimiento hacia atrás, el Ejecutivo comparte que era una falencia de este proceso que no estuviera a la vista los antecedentes penales, pero no fue una decisión nuestra que así fuera".
Los parlamentarios advirtieron que “la remoción de los consejeros del INDH es un procedimiento que se inicia en la Cámara de Diputados y que si logra sortear dicha instancia, es finalmente la Corte Suprema la que termina resolviendo”.
Si bien un informe de Contraloría señala que son 58 los beneficiarios con condenas previas, el subsecretario del Interior planteó que se trataría de 69. Respecto a los 10 casos de beneficiados que no presentaron antecedentes médicos, aseguró que “la glosa 12 de la Ley de Presupuestos no establece diagnósticos médicos, habla de afectación”.
En una primera instancia, el ente fiscalizador identificó que algunos de los beneficiarios que sufrieron daños o lesiones en el contexto del estallido social también estaban recibiendo el Subsidio Único Familiar (SUF), lo que habría sido incompatible con optar a una pensión de gracia. Sin embargo, un posterior análisis del IPS validó el doble beneficio.
Ente contralor detectó una serie de falencias en la entrega de pensiones de gracia a personas afectadas en el marco del estallido social.
El informe realizado por Contraloría señala que “58, de las 419 personas beneficiadas con una pensión, tienen antecedentes penales por condenas, con resultado de multa, prisión y reclusión o presidio, incluidos delitos violentos".
Un informe del ente contralor concluyó que 58 de las 419 personas beneficiadas tienen condenas por delitos como producción de material pornográfico infantil, abuso sexual y homicidio, entre otros.
Uber ingresó al ente fiscalizador una presentación de 42 páginas en donde se detallan 11 puntos en los cuales partes de los requisitos contemplados en el reglamento -que busca regular a las aplicaciones de transporte- serían ilegales. Desde el ministerio afirman que ya se encuentran revisando el documento, mientras que Cabify evalúa tomar una acción similar.
En tres páginas la División Jurídica del ministerio contestó el oficio que solicitó responder el ente contralor. En el escrito se descarta que la cita haya entrado en una actividad regulada por la Ley del Lobby. Entre los asistentes a la exposición estaban empresarios del retail, banca, comercio y transporte, que la secretaria de Estado no conocía personalmente desde antes.
Por medio de un oficio, el órgano fiscalizador respondió a un requerimiento ingresado por el diputado Álvaro Carter, quien se refirió al cantante mexicano señalando que “su música y letras hace explícita apología de la violencia y los enfrentamientos armados, del crimen organizado y la corrupción, del narcotráfico y de los cárteles de la droga”.
El excontralor retomó sus funciones como profesor de derecho administrativo y ambiental, luego de salir de Contraloría hace ya casi un mes. En su presentación destacó su paso por Contraloría: "Hay una impronta de mi gestión y que tiene que ver directamente con mi carácter de profesor universitario", dijo.
El ente fiscalizador estableció que la organización, creada en enero de 2023, no debió adjudicarse tres de los cinco proyectos, precisamente por no contar con la experiencia exigida en las bases de licitación. Por estos mismos hechos la Fiscalía Regional de La Araucanía en julio pasado abrió una investigación para establecer si hay delitos en la adjudicación de $442 millones de parte de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) a Chikawal Limitada.
El ente fiscalizador cuestionó la licitación tanto de la Corporación Municipal de San Bernardo como del propio municipio dirigido por Christopher White con la empresa Gestión Global Spa, la cual es investigada por cohecho por el Ministerio Público. El ente fiscalizador detectó -entre otras cosas- que la administración municipal contrató los servicios de un banco con las bases de licitación creadas por la cuestionada empresa, además de otras falencias reglamentarias.
