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La dirección de Martínez en Presupuestos está siendo cuestionada nuevamente, esta vez por los millonarios recursos que solicitó a la Corfo.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, comentó que los traspasaos de Corfo a las arcas fiscales se realizó conforme a la ley y que fue necesaria para financiar el gasto fiscal del 2023.
Con todo, el jefe de la billetera fiscal dio a conocer que se envió a Contraloría "el conjunto de los antecedentes relacionados con estas operaciones, los fundamentos que las sustentaron y el modo en el cual se implementaron”.
Tras ser apuntado por los presidenciables de la derecha, el jefe de las finanzas del país interrumpió su descanso legal para encargarse de la polémica. En paralelo, la entidad liderada por Dorothy Pérez ya inició sus primeras diligencias con la Corfo.
En un primer momento, según se desprende de las actas publicadas por The Clinic, José Miguel Banavente había expresado su preocupación por el daño patrimonial que implicaría el traspaso de US$1.500 millones. Sin embargo, en la declaración pública difundida este jueves dice otra cosa.
Con todo, la ministra (s) defendió que el gobierno ha “tenido un cumplimiento fiscal responsable, apegado a la normativa, pero por sobre todo transparente con todas las personas".
"Los traspasos solicitados por el Ministerio de Hacienda en el marco de sus atribuciones legales afectan solo una parte de dichos ingresos extraordinarios. Estos fueron debidamente aprobados por el Consejo de Corporación y se llevaron a efecto conforme a la normativa vigente", explicó Corfo.
Desde el Ejecutivo indican que se piensa que la Corfo esta fuera del Estado, pero no es así, y tampoco tiene un tratamiento como si fuera empresa pública, por lo que los ingresos extraordinarios que hubo entre 2022 y 2023, si bien los recauda la Corfo, son parte de los ingresos fiscales de la nación.
El exvicepresidente de Corfo indicó que “no hay ninguna ilegalidad. El consejo de la Corfo tiene atribuciones para poder decidir el destino de sus recursos”.
El exsubsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, afirmó que “lo que se está haciendo es raspar la olla en distintas partes. Es otra muestra de que estamos en una situación fiscal muy estrecha”.
El organismo contralor, dirigido por Dorothy Pérez, no quedó ajeno a la controversia y pese a que el ministro de Economía, Nicolás Grau, dijo que todo estaba en orden y calificó la polémica de artificial, el ente fiscalizador -sin mediar denuncia-, decidió indagar la legalidad del traspaso de 3,4 billones de pesos.
El Ministerio de Hacienda es blanco de críticas por los más de $3.500 millones de dólares que solicitó a la Corfo.
La millonaria cifra corresponde al ahorro que las arcas fiscales podrían concretar en 10 años si es que se aprueba proyecto de Financiamiento Público para la Educación Superior (FES).
El exvicepresidente de la Corporación de Fomento de la Producción refutó la postura del gobierno, señalando que no se trata de un procedimiento regular. "Se está usando la plata que tiene la Corfo que es para apoyar a los emprendedores, el desarrollo económico, las empresas, para gastos del Estado y no para lo que está destinado”.
