La orden se incluye dentro de un recurso de hecho que interpuso Gendarmería y que busca revisar la “autorización del ingreso a ciudadanos de nacionalidad venezolana a visitar a los internos (...) solo exhibiendo su cédula de identidad extranjera sin validar".
La sanción por uso de información privilegiada a su gerente general, Matías Videla, ha tenido a la compañía en el ojo del huracán en la última semana y media. Sus pares empresariales repudiaron los hechos y los expertos apuntan a las consecuencias reputacionales. Por su parte, tras 9 días de silencio, este viernes el directorio se pronunció, manteniendo, de momento, al ejecutivo en su cargo. Pesó en esa decisión lo bien que lo ha hecho y su cercanía con Horst Paulmann y con su familia, pero observadores del caso señalan que es una noticia en desarrollo y que, en principio, el respaldo es hasta ver qué decide la Corte de Apelaciones, a la que Videla irá con un recurso de ilegalidad.
El tribunal de alzada acogió la solicitud del Ministerio Público, quien pidió que se requiera al gobierno de Colombia la extradición de Yefferson Jesús Flores Espina, un ciudadano venezolano que ingresó a ese país 10 días después de haber colaborado a escapar a los presuntos asesinos del entonces cabo primero Daniel Palma, asesinado en la Avenida Matta el 5 de abril.
WOM señaló que existen procesos administrativos pendientes de resolución por parte de la Subtel y de la Corte de Apelaciones, por lo cual no se referirá a las eventuales sanciones que arriesga, como multas y cobro de boleta de garantía.
La Asociación Gremial de los Empresarios del Barrio Lastarria (AG) interpusieron la acción judicial en contra de Aguas Andinas y así evitar la suspensión de los servicios, programada para este fin de semana en seis comunas. "Se debe preparar de manera informada y con la mayor eficiencia posible el cierre de las actividades económicas", expusieron ante la Corte de Apelaciones de Santiago.
Defensa había apelado de la medida tras el pago de $ 128 millones al Servicio de Impuestos Internos por concepto de omisiones en declaraciones.
Aunque en Quilín manifestaron que irán a la Corte Suprema para defender las consideraciones que expusieron sin éxito ante el tribunal de alzada, lo concreto es que ya analizan alternativas para firmar un nuevo contrato de naming right por los torneos de Primera División y Primera B. Durante las próximos días esperan recibir la última cuota del vínculo con la casa de apuesta por la temporada 2023.
Fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, había señalado el lunes que estaban estudiando trasladar el juicio oral contra el brazo del Tren de Aragua al Centro de Justicia de Santiago.
El máximo tribunal revirtió el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, la cual había acogido un recurso de protección presentado por el sociólogo, quien denunció que la casa de estudios disminuyó unilateralmente sus viáticos en España, pasando desde $1.500.000 a $250.0000, sin avisarle. La Corte Suprema determinó que la estrategia del académico no era la vía idónea para alegar dichos cobros.
A través de un incidente de recusación en la Corte de Apelaciones de Santiago y luego por medio de un recurso de queja ante la Suprema, el abogado Julián López intentó infructuosamente que se sancionara a la jueza que encabeza la preparación del juicio oral en la arista soborno. Como determinó el tribunal de alzada, los dichos de la magistrada en su cuenta de Facebook no eran suficientes para probar su supuesta “predisposición negativa” ante la causa.
El excomandante en jefe de la institución solicitó a la Corte Marcial revocar el encausamiento dictado por la ministra Romy Rutherford, quien evacuó la resolución a los pocos días de dejar el caso. Su defensa también argumentó que rebajó los fondos en seguridad para Pinochet.
El requerimiento presentado por el Ministerio Público fue ingresado luego de que la Corte Suprema quitara la prisión preventiva en contra de Juan Antonio Poblete por falta de este mismo.
El máximo órgano jurisdiccional dictaminó que el lector cerebral de la empresa Emotiv vulnera las garantías del artículo 19 de la Constitución.
El tribunal de alzada de Santiago agendó para el jueves 3 de agosto la instancia en que se discutirá si procede o no el requerimiento de Juan Sutil. El empresario se querelló en contra del parlamentario tras ser acusado de haber entregado "un par de millones" a legisladores de derecha.
Séptima Sala del tribunal de alzada desestimó apelación de la administración municipal al estimar que "significaría una sobre representación de querellantes, por cuanto los intereses están suficientemente cautelados por el CDE”.
