El requerimiento presentado por el Ministerio Público fue ingresado luego de que la Corte Suprema quitara la prisión preventiva en contra de Juan Antonio Poblete por falta de este mismo.
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El máximo órgano jurisdiccional dictaminó que el lector cerebral de la empresa Emotiv vulnera las garantías del artículo 19 de la Constitución.
El tribunal de alzada de Santiago agendó para el jueves 3 de agosto la instancia en que se discutirá si procede o no el requerimiento de Juan Sutil. El empresario se querelló en contra del parlamentario tras ser acusado de haber entregado "un par de millones" a legisladores de derecha.
Séptima Sala del tribunal de alzada desestimó apelación de la administración municipal al estimar que "significaría una sobre representación de querellantes, por cuanto los intereses están suficientemente cautelados por el CDE”.
En la resolución se establece que se encuentran debidamente cautelados los derechos y la protección de las víctimas.
De acuerdo con lo dispuesto por el tribunal, se mantendrá esta medida cautelar "exclusivamente por peligro de fuga”. No obstante, la resolución habilita a la defensa para solicitar la eventual aplicación de lo dispuesto en el artículo 146 del Código Procesal Penal, que establece que “cuando la prisión preventiva hubiere sido o debiere ser impuesta únicamente para garantizar la comparecencia del imputado al juicio y a la eventual ejecución de la pena, el tribunal podrá autorizar su reemplazo por una caución económica suficiente, cuyo monto fijará”.
El abogado Jorge Bofill ingresó un escrito en el cual solicita que se inhabilite al ministro Vicente Hormazábal, luego de que este -denuncian- decidiera acusar por delitos de violación a los derechos humanos a Cheyre y no revisar un recurso para el sobreseimiento definitivo del general del "Nunca más".
En medio de la solicitud de desafuero pedida por Juan Sutil en contra del diputado Diego Ibáñez, la defensa del parlamentario pidió que se rechace la petición, al considerar que la querella del empresario descontextualiza sus dichos. En una entrevista el presidente de Convergencia Social (CS) sostuvo que el otrora presidente de la CPC entregaba dinero a parlamentarios de Chile Vamos, "después en las comisiones votan a favor de las AFP o votan en contra de la democratización al derecho al agua". "Analizados en su contexto representan una crítica al sistema de financiamiento de la política y no una imputación personal al señor Sutil", se lee en el escrito de descargos presentado ante la Corte de Apelaciones de Santiago.
El tribunal de alzada declaró que la baja de un dragoneante de la Escuela de Suboficiales del Ejército no fue ilegal ni arbitraria. Lo anterior, luego de que presentara un recurso de protección al haber sido dado de baja al dar positivo en un examen de drogas. El exfuncionario presentó la acción judicial sosteniendo que el resultado se dio luego de que su madre fuera la consumidora de la cannabis. Pese a eso, la corte rechazó la medida al considerar que no se vulneraron sus derechos durante el procedimiento disciplinario.
La Corte de Apelaciones de Santiago desestimó el recurso de protección interpuesto contra la firma norteamericana Emotiv, la cual comercializa un dispositivo capaz de leer y almacenar información neuronal. Se trata del primer traspié de la recién promulgada ley de neuroderechos, una pionera normativa a nivel mundial.
De acuerdo con lo resuelto por el tribunal de alzada de Valparaíso, no se configura el delito de apropiación indebida que se imputaba a Gloria Jadue por parte de su exnuera, María Inés Facuse, y del Ministerio Público. Como resolvieron los ministros, el que ambas sean parte de una sociedad donde no estaba estipulado restituciones de dinero, impide que se pueda configurar el delito por el que se le acusaba.
El tribunal de alzada de San Miguel ratificó la sentencia condenatoria en contra de los exfuncionarios policiales de Pedro Aguirre Cerda, acusados de torturas en contra de Josué Maureira.
Ley Nain El contrataque judicial que activó el INDH para frenar la aplicación de la Ley Nain-Retamal
El Instituto de Derechos Humanos elevó un "téngase presente" ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso -en base a un caso en contra de carabineros acusados de homicidio frustrado en Viña del Mar- para plantear que "de ninguna manera", los apremios ilegítimos requieran como "delito base que la víctima esté privada de libertad o bajo custodia del agente". Además, preparan una serie de apelaciones en casos donde se absuelvan policías en que se invoque esta nueva norma.
La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de California desestimó el pedido de la defensa del exmandatario, por lo que el juez Thomas Hixson ordenó a Alejandro Toledo entregarse este viernes. Sin embargo, habría presentado dos nuevos recursos para evitar su repatriación.
La imputada había sido absuelta en septiembre de 2022, pero Corte de Apelaciones acogió recurso de nulidad presentado por la fiscalía Centro Norte.
