Se comunicaron los detalles del proceso al que podrán acceder las personas que han sufrido las extensas interrupciones del servicio, a través de dos modalidades.
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La ministra vocera del Ejecutivo, Camila Vallejo, señaló que dicha propuesta corresponde a una discusión a mediano plazo y debe ser debatida con el Parlamento. En tanto, la titular de Obras Públicas, Jessica López, señaló que el Estado tiene recursos limitados y que por eso se ha recurrido a la alianza público-privada.
En un punto de prensa desde la sede de la UDI, el timonel gremialista, Guillermo Ramírez, interpeló que "¿si el presidente (Sebastián) Piñera hubiera estado gobernando, habrían personas en el sur de Chile con 12 días sin luz?".
El director del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), Andrés Herrera, advirtió que, de lo contrario, el organismo iniciará demandas colectivas contra las distribuidoras y que esto “le puede salir muy caro a las empresas eléctricas”.
Los cortes de suministro en muchos hogares cumplirán 10 días, esto porque la mayoría se originaron a partir del viernes 2 de agosto, desde que un sistema frontal azotó las zonas centro y sur del país.
Se trata del tercer plazo que se le impuso a Enel para reponer el suministro. Según explicó Vallejo, en las primeras dos ocasiones la empresa cumplió con los tiempos establecidos.
El ministro de Energía señaló que la decisión se enmarca en la preocupación del Gobierno de que "se reponga el servicio eléctrico y atender las necesidades de las personas", asegurando que "vamos a ir tan lejos como sea necesario para que ese objetivo se cumpla".
La Región Metropolitana concentra más del 50% del total de hogares afectados en todo el país.
Mientras la compañía italiana se preparaba para cumplir una década en Chile, fue sacudida por una inusual tormenta que dejó sin luz a cerca de 800 mil clientes y que fue el inicio de sus peores días en el país. Más de 2 mil árboles y 800 postes caídos en la Región Metropolitana la obligaron a desplegarse para hacer frente a la emergencia, desnudando una serie de falencias en la respuesta. Cifras que nunca cuadraron, llamadas de usuarios sin contestar, falta de personal y reuniones con autoridades que terminaron en chascos, provocaron que el gobierno respondiera con una inédita amenaza de fin de la concesión, mientras miles de indignados ciudadanos salieron a las calles a protestar.
La autoridad de la RM hizo un llamado a los entes fiscalizadores a aplicar las multas máximas contra la empresa. “Mientras no les duela el bolsillo, no van a hacer las inversiones que se requieren”, afirmó.
Desde el organismo fiscalizador indicaron que no se descarta la aplicación de nuevos cargos y sanciones para otras empresas distribuidoras.
El director de la entidad fiscalizadora informó que, de momento, solo Enel ha aceptado someterse a este procedimiento de compensación.
