La abogada asumirá en la Subsecretaría de Derechos Humanos donde ha trabajado desde 2017, cuando trabajó en la instalación del primer equipo de Políticas Públicas.
Rodrigo Gómez S.
2 ago 2024 07:15 PM
La abogada asumirá en la Subsecretaría de Derechos Humanos donde ha trabajado desde 2017, cuando trabajó en la instalación del primer equipo de Políticas Públicas.
Desde el gobierno indicaron que el Presidente Gabriel Boric nombró en su reemplazo a Daniela Quintanilla Mateff.
Las numerosas protestas que han sucedido a las elecciones presidenciales del pasado domingo han traído consigo detenciones y violencia en las calles entre manifestantes y policías, lo que ha sido denunciado por distintos organismos de derechos humanos. Las ONG denuncian que a los detenidos no se les permite contacto ni con familia ni abogados de confianza.
El director de la ONG Foro Penal cree que la represión del régimen de Nicolás Maduro contra la oposición se va a incrementar de cara a las elecciones del 28 de julio. “La palabra incertidumbre es la que mejor describe este momento”, afirma.
Más de 1.000 niños han sido condenados durante el régimen de excepción, con sentencias que van desde los 2 a los 12 años de prisión. Además, la organización documentó 66 casos de menores que han sido objeto de abusos y violaciones a los derechos humanos.
En tres visitas desarrolladas a fines de 2023, el Comité para la Prevención de la Tortura identificó que la población penal de la Sección de Máxima Seguridad del Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (REPAS) vive en condiciones que, a ratos, no cumplen con la normativa, lo que incluso podría ser considerado como hechos de tortura, además de conllevar un profundo impacto en la salud mental y física de los reclusos.
“La decisión de la autoridad de Gendarmería aparece como un acto inmotivado, que altera la situación jurídica preexistente", dice el fallo que acogió recurso interpuesto en favor de 131 internos del penal.
El proyecto fue presentado por los partidos derechistas Fuerza Popular, que lidera Keiko Fujimori, la excandidata presidencial e hija del dictador Alberto Fujimori -justamente condenando por delitos de lesa humanidad- y Renovación Popular.
Luego que la directora del INDH, Consuelo Latorre desestimara "violaciones sistemáticas a los derechos humanos" durante el estallido social, parlamentarios de la UDI, RN y Evópoli, señalaron que quienes presentaron acusaciones constitucionales contra el Presidente Piñera y otras autoridades de su gobierno asuman que se equivocaron, "tal como lo hizo a principios de este año el propio Presidente de la República".
El abogado afirmó que "efectivamente se aumentó mucho el conflicto” en el organismo cuando asumió como director, porque él no era de izquierda.
La información la entregó Gustavo Adrianzén, presidente del Consejo de Ministros, quien señaló que “estamos haciendo las primeras coordinaciones para que una comisión de alto nivel concurra a La Haya y presentar preliminarmente la posición del Estado peruano. Confiamos en que esta información sea suficiente para que esta denuncia sea rechazada de plano".
Entidades de DD.HH. pidieron a la CPI investigar a la mandataria peruana por su responsabilidad en el fallecimiento de 49 personas durante las manifestaciones tras la destitución del exmandatario Pedro Castillo, señalando que estos hechos constituyen crímenes de lesa humanidad.
Tribunal de alzada estimó que la acción constitucional de amparo no es la vía idónea para impugnar la resolución administrativa adoptada por la institución penitenciaria.
La acción legal ante la CPI la lidera el diplomático Harold Forsyth, exvicecanciller peruano y exembajador de ese país ante la OEA, y se fundamenta en las decenas de muertes de personas en varias regiones de ese país durante las protestas contra el gobierno, a partir de diciembre de 2022.
Recientemente Gendarmería informó a los reclusos que máximo 10 personas podrían registrarse para visitarlos. Medida que a juicio de 119 reclusos corresponde a una vulneración a sus derechos humanos, toda vez que los hace elegir entre quiénes pueden visitarlos, aseguran, mientras se encuentran privados de libertad con una avanzada edad y pese a múltiples enfermedades.