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De acuerdo con un estudio realizado por el Centro Nacional de Análisis Criminal de la Policía de Investigaciones, las comunas de La Pintana y San Bernardo son las que lideran el ranking referente a la recuperación de vehículos en la capital. Según sostienen desde la policía esta situación se atribuye a la "ubicación periférica que posee cada una de ellas y debido a su inmediata conectividad con autopistas".

"Estamos abordando el robo violento de vehículos en el país, entendiendo que sigue siendo un porcentaje mínimo en torno al robo de vehículos en general. El grueso de los robos de vehículos siguen siendo los que se hacen con actos de violencia o encerronas", dijo el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara.

“Los delincuentes son innovadores, van evolucionando en su modo de operar. También se van ajustando a la época del año en que aumenta el consumo, o la adquisición de determinados bienes y servicios”, advirtió el jefe de la Bridec Metropolitana, subprefecto Marcelo Romero.

En la semana de su aniversario número 89, el jefe de la policía civil advierte que la presencia de carteles internacionales ha generado desafíos para combatir el nuevo crimen organizado que está operando en Chile. “Extranjeros vienen con otras costumbres, modos de actuar más agresivos y que hacen que el delincuente chileno se ponga a la par”, asegura. Además, le preocupa el alza de delitos informáticos: “el sitio del suceso ya no es sólo físico, ahora también es virtual”.

El documento elaborado por Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos Occidente da cuenta que entre el 2020 y el primer trimestre del 2022 se han registrado 1.531 casos de estos atracos, donde el 30% de estos delitos ocurrió en una autopista o carretera, mientras que el 70% restante ocurrió en alguna avenida principal. El fenómeno alerta a los investigadores por lo que ya entregaron el documento al gobierno.

Según el máximo organo persecutor de ese país, el mandatario sería el mayor responsable en favorecer al consorcio Puente Tarata III y a otras compañías en procesos de licitación pública de obras nacionales. Por este motivo. Castillo es indagado por los supuestos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada.

Son cuatro entidades que no están reguladas ni en los registros del organismo.

“Agradecemos al gobierno del Presidente Gabriel Boric y a la ministra de Justicia, Marcela Ríos, porque ellos le pusieron urgencia a este proyecto que es parte de la agenda anti-abusos", dijo el senador Walker.

A través de una carta, la jefa de la bancada de senadores de Renovación Nacional, Paulina Nuñez y el integrante de la Comisión de Seguridad Pública, Rafael Prohens, solicitan a la titular de Interior se pronuncie respecto "algunas de las inquietudes de las personas que representamos y que requieren decisión y respuesta del gobierno”. El documento contiene 11 preguntas en materia de seguridad ciudadana.

Se trata de Mined Academy, Top Trade Group y Energy Markets.

En 2021, la Brilac de la policía civil realizó decomisos por $ 13 mil millones. Además, se registró el primer caso en que se congelaron criptomonedas.

También informó de otras dos entidades que no están reguladas.

La justicia ha logrado multas por $21.636 millones entre 2007 y 2020, indica un estudio de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) del país azteca, en su primer informe enfocado al estudio de estos delitos, recabó información de 2011 a 2020, periodo en el que realizó consultas a instituciones de seguridad y migración, así como a organismos de derechos humanos. “Las ciudades con más casos de secuestro son Chiapas, Nuevo León, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, (donde) las personas más afectadas son nacionales de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Cuba”, dijo la CNDH en el documento. Detalló que el pago promedio para traficar a una persona desde Centroamérica a través de México y con destino a Estados Unidos, rondó en los 5.862 dólares, mientras que los mexicanos pagaron unos 4.559 dólares para ingresar de forma indocumentada a su vecino del norte.

La iniciativa, aprobada en general por los parlamentarios, modifica el Código Penal y las conductas de comercialización, distribución, difusión y exhibición de material pornográfico a menores de edad serán sancionadas con una pena que va desde tres años y un día a 5 años, mientras aquellos que almacenen o adquieran material pornográfico serán castigados con penas entre los 541 días a 3 años y un día.