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También informó de otras dos entidades que no están reguladas.

La justicia ha logrado multas por $21.636 millones entre 2007 y 2020, indica un estudio de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) del país azteca, en su primer informe enfocado al estudio de estos delitos, recabó información de 2011 a 2020, periodo en el que realizó consultas a instituciones de seguridad y migración, así como a organismos de derechos humanos. “Las ciudades con más casos de secuestro son Chiapas, Nuevo León, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, (donde) las personas más afectadas son nacionales de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Cuba”, dijo la CNDH en el documento. Detalló que el pago promedio para traficar a una persona desde Centroamérica a través de México y con destino a Estados Unidos, rondó en los 5.862 dólares, mientras que los mexicanos pagaron unos 4.559 dólares para ingresar de forma indocumentada a su vecino del norte.

La iniciativa, aprobada en general por los parlamentarios, modifica el Código Penal y las conductas de comercialización, distribución, difusión y exhibición de material pornográfico a menores de edad serán sancionadas con una pena que va desde tres años y un día a 5 años, mientras aquellos que almacenen o adquieran material pornográfico serán castigados con penas entre los 541 días a 3 años y un día.

El retail (tiendas por departamentos, supermercados y farmacias) siguIó siendo el rubro más afectado.

Casi 300 mil cámaras de vigilancia se instalaron en todo el emirato para implementar esta tecnología.

Claudio Uribe fue tres veces electo por el gremio de persecutores penales para liderarlo. Tras 18 años trabajando como fiscal en diversas regiones del país, ayer -cansado y frustrado de seguir desempeñando una labor que cree que no cuenta con el apoyo de la máxima autoridad de su institución- tomó la decisión de dejar el Ministerio Público. Acá cuestiona directamente la falta de conducción del fiscal nacional, Jorge Abbott, quien -dice- se ha dejado llevar por las presiones políticas.

A 228 días de dejar La Moneda, el Mandatario les encomendó a los titulares de Interior, Rodrigo Delgado, y secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa, apurar la tramitación de las leyes "Juan Barrios", crimen organizado, la creación de la Defensoría de las Víctimas, entre otras, enfocadas a endurecer las penas a las acciones ilícitas, con especial énfasis en los delitos vinculados a la violencia rural.

El Mandatario puso en marcha la ley que institucionaliza el Sistema Táctico de Operación Policial (STOP), destinado a fortalecer la prevención del delito.

Según el texto de la Coordinación de la Macrozona Sur, existe un circuito del delito que parte por la usurpación y protección, continúa con el blanqueo y termina en compradores ilegales o siendo exportado o entregado a intermediarios para su posterior venta. A raíz de las cifras de alto nivel de violencia en la zona y considerando la importancia del recurso maderero para el país, el gobierno estableció un plan que consta de tres líneas de acción: alarma temprana con vigilancia aérea, control carretero de Carabineros y Conaf en puntos estratégicos y auditorías del Servicio de Impuestos Internos (SII). Esto último, para hacerse cargo de los compradores ilegales, el acopio y el blanqueo.

Desde inicios de abril que el Ejecutivo ve la posibilidad de presentar un nuevo decreto nº 265 a la Contraloría, que permita la colaboración logística, tecnológica y apoyo de transporte por las FF.AA. a las policías en la Macrozona Sur, una vez que concluya el estado de excepción. El gobierno analiza si uniformados podrían apoyar en el combate al narcotráfico, crimen organizado e, incluso, delitos terroristas.

Ayer, en la reunión habitual que el fiscal nacional, Jorge Abbott, sostiene semanalmente con sus fiscales regionales, se profundizó en la importancia de la persecución de ilícitos de lesa humanidad y se mencionó la posibilidad de fijar metas de gestión en la materia. Esto último generó suspicacias entre los fiscales. Además, en los próximos días se publicará un oficio con nuevos criterios de actuación enfocados en la persecución de la responsabilidad del mando. Esto, luego de que el 28 de abril Abbott anunciara en su cuenta pública la realización de un "plan de contingencia" para examinar los criterios que aplicaron en causas archivadas y ver la opción de reabrir casos.

La parlamentaria asegura que si bien los números de delitos han bajado, existe mayor violencia de los asaltantes, lo que se ha visto reflejado en asesinatos a niños. Para eso, sostiene, la subsecretaria de Prevención del Delito debe tener un rol más activo, una vez que comiencen a descender los números de casos nuevos con coronavirus. También sostuvo que "la percepción de inseguridad se ha visto afectada negativamente por la violencia irracional con la que actualmente están actuando los delincuentes".

Mientras que en 2019 fueron incautados 2.811 pertrechos de este tipo, en 2020 la cifra aumentó a 5.603, lo que implica un alza del 99,3%.