Entre los incumplimientos se encuentran hostigamientos a las personas para que paguen las deudas; cobros indebidos por gestiones realizadas dentro de los primeros 20 días de morosidad, falta de información, realizar gestiones de cobranza prohibidas por la Ley, entre otras.
A juicio del organismo, ambas entidades infringieron el derecho a la libre elección de los consumidores al no respetar el derecho de los estudiantes a expresar su consentimiento sobre el cambio en la modalidad de clases presencial a online, impidiéndoles a quienes no lo deseaban, terminar el contrato y recuperar su dinero o realizar una rebaja proporcional del precio.
Son 940 los reclamos realizados en contra la empresa en 2021, de acuerdo al organismo. Los motivos incluyen la negativa de la empresa a devolver el dinero de los pasajes, aplicación de descuentos o multas en devoluciones parciales, falta de información respecto de las nuevas fechas de los viajes, cláusulas abusivas en los contratos, entre otros problemas.
El banco habría aplicado a los consumidores morosos cobros ilegales por concepto de “honorarios judiciales” de hasta el 15% del monto demandado.
Entre los incumplimientos detectados se encuentran hostigamiento a los consumidores morosos, además de no realizar gestiones de cobranzas útiles durante los primeros 15 días tras el vencimiento de la deuda.
El organismo abrió un Procedimiento Voluntario Colectivo para buscar compensaciones a los consumidores afectados por fraudes y que no recuperaron lo perdido.
El organismo inició un Procedimiento Voluntario Colectivo con ambas entidades financieras.
La acción tiene como objetivo compensar a los clientes afectados.
En total, la Mutualidad de Carabineros -previa orden del Ministerio de Justicia- requirió la devolución de los dineros a 23 exconsejeros que integraban la aseguradora de los uniformados. De ellos, solo cuatro personas devolvieron los montos. Entre los demandados, a quienes se les acusa de no entregar el dinero, están el exgeneral director de Carabineros Gustavo González Jure por $ 27 millones y los exdirectores generales de la PDI Héctor Espinosa por $ 50,8 millones y Marcos Vásquez por $ 29,7.
La viña cree que aún no es posible determinar una fecha de resolución de la controversia, ni su impacto financiero.
La plataforma de streaming presentó una moción para que la demanda colectiva sea desechada debido a que aseguran que sus términos de usuario son claros al respecto.
Las impugnaciones jurídicas que incluyen a empresas como Tesla Inc, Ford Motor Co , Target Corp, Walgreen Co y Home Depot sostienen que el gobierno de Trump no impuso los aranceles en el plazo requerido de 12 meses y no cumplió con los procedimientos administrativos.
Desde la AFP sostienen que la mayoría de los casos ya están con órdenes de pago cursadas o incluso ya pagadas, lo que implicaría que ya tienen o tendrán pronto el dinero.
Este tipo de juicios se encuentran suspendidos debido a las condiciones que rigen por el estado de excepción. Consejera del Colegio de Abogados indica que se debe privilegiar la mediación.
Operadores dijeron que presentaciones serán ante tribunales como el Ciadi, y tribunales nacionales y sus autoridades.
