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Una férrea oposición encontró el decano de la facultad ubicada en Pío Nono luego de promover el nombre de Óscar Dávila Campusano como vicedecano de la casa de estudios. El abogado fue cuestionado luego de que junto a su entonces esposa, el 2007, supuestamente colaboró -según reportes de prensa- en que el agente de la DINA Raúl Iturriaga Neumann se mantuviera prófugo de la justicia. La molestia de los académicos frustró su llegada y se alzaron críticas en privado respecto a que la iniciativa, además, se da en el año en que se conmemoran 50 años del Golpe.

La abogada Ángeles Barros Echeñique presentó una demanda laboral contra el estudio Hermosilla & Cia por supuestos maltratos. Incluso acusa haber recibido golpes de parte del socio principal del bufete. El 23 de junio, el tribunal admitió a tramitación la acción judicial y citó a las partes a una audiencia preparatoria para el día 9 de agosto de 2023. La abogada Grace Schmidt, que era socia del estudio y está mencionada en la demanda dijo que "esto es un gran cahuín en el que se tergiversan hechos y espero que sean aclarados en el tribunal laboral. Estoy muy tranquila en ese sentido”.

En las votaciones para elegir al centro de alumnos de Derecho UC para 2001, el gremialismo sufrió una derrota inesperada: quedaron segundos, detrás de un estudiante Opus Dei, apoyado por una ecléctica lista de independientes y a quienes la DC no les quedó más remedio que apoyar en segunda vuelta. Ese era Luis Silva. El mismo que ayer, 23 años después, volvió a repetir la sorpresa.

Asimismo, según datos de la Subsecretaría de Educación Superior, Derecho y Sicología son las carreras con mayor matrícula para este año.

El próximo 4 y 5 de enero se realizarán las votaciones para decidir quién liderará esta repartición dentro de la Universidad Católica por los próximos cuatro años. Fue en 2010 la última vez que se enfrentaron dos opciones en un proceso abierto y, por lo mismo, quienes conocen esta carrera advierten que será una elección estrecha. Por un lado, Gabriel Bocksang y, por el otro, Carmen Domínguez Hidalgo.

En el plebiscito vinculante participaron 940 alumnos y el 80,5% de los votantes optó por apoyar el texto emanado de la Convención Constitucional. Mientras que un 19,5% se inclinó por el Rechazo en esta consulta que fijará la postura pública de los futuros abogados frente al plebiscito de salida. En tanto, los estudiantes de Ingeniería preparan un proceso similar para definir una posición "a nivel federación”.

El abogado y director de las Clínicas Jurídicas de la UDP es crítico del artículo ya aprobado en la Convención Constitucional, pues ve un riesgo para la influencia de grupos de poder sobre los magistrados, ejemplificando las fisuras entre las Cortes y los gobiernos, en España y Argentina. "Será un espacio donde las carreras de los jueces, las sanciones de los jueces, las designaciones, los traslados, las cargas laborales y la revisión integral serán determinadas por los jueces organizados en grupos de influencia (de izquierda y derecha) y, además, sectores de la política. Eso es un desastre", dice.

El abogado experto en estos temas explica otro de los conceptos incluidos en el artículo 1. En esta entrevista, el profesor de Rutgers University entrega su visión de lo que significa este principio, sus implicancias y cómo otros países lo han aplicado.

El abogado y doctor en Derecho integra la Secretaría de Participación Popular de la Convención. Desde allí observa el trabajo constituyente y dice que le preocupan las exclusiones y los sesgos que se están produciendo. Pero confía en que hay tiempo para corregir.

Entre excompañeros y exprofesores que compartieron con el futuro Presidente de Chile, ocho testimonios dan cuenta de su época estudiantil, esa adentro de las aulas, donde se le recuerda como un gran lector e imperturbable a los días de frío.

Presentado por el presidente del Consorcio de Universidades Estatales de Chile (Cuech), Ennio Vivaldi, documento elaborado por la entidad invita a romper con la "lógica mercantilista" de la educación superior pública y relevar en la nueva Carta Magna el rol que cumplen las casas de estudio estatales, solicitando que sean "financiadas mayoritaria o completamente mediante aportes basales provenientes del Estado”.