La empresa estatal aseguró que el paro, que finalizó este domingo, habría tenido una serie de consecuencias para la compañía, entre ellas, una afectación de la disponibilidad de crudo para refinación y un impacto en la distribución de gasolinas. La compañía dijo además que estos hechos “no impactarán las entregas programadas a empresas distribuidoras de los otros productos comerciales de la empresa (kerosene, diésel y kerojet)”.
Autoridades expusieron en el Congreso, tras la polémica por el plan piloto. El ministro de Energía, Diego Pardow, afirmó que ya se ha observado cierta evidencia a la baja de precios en un "mercado oligopólico", mientras el gerente general de la estatal, Julio Friedmann, aseveró que ya han entrado nuevos distribuidores. Pardow dijo que están trabajando en el financiamiento comprometido por Energía para el plan piloto, lo que no se ha podido materializar.
En medio de la polémica que provocó la campaña del gobierno de "Gas a precio justo", distintos municipios a nivel nacional mantienen convenios con empresas de gas para beneficiar a familias de menores recursos o lograr cilindros a bajo costo y subsidiar a las comunidades.
Luego de la baja que se materializará este jueves, los precios se mantendrán hasta el 21 de junio gracias al Mecanismo de Estabilización de Precios del Combustible (Mepco).
Dada la seguidilla de eventos de contaminación por gases que afecta a la comuna, Mauricio Carrasco cree que el gobierno debería detener un par de empresas, "para revisar qué es lo que está ocurriendo". Entre ellas, dice, Enap.
La empresa advirtió en marzo que los costos de distribución serían asumidos por la cartera de Energía, pagos que cifró en $ 507 millones. Los estados financieros de Enap a marzo no reflejan los pagos por este ítem. El problema sería que la Ley de Presupuestos 2023 no consideró una glosa relativa al plan piloto.
Llanuras del Sur, Gasparín, Comunigas y HN son las nuevas pymes que se incorporan al proyecto comercial de GLP que ENAP está desarrollando.
Además, Diego Pardow señaló que tenían "opiniones distintas" sobre el proyecto con Claudio Huepe, el ministro que lo antecedió en la cartera.
La vocera de gobierno, Camila Vallejo, afirmó que "no se está hablando de una competencia entre modelos públicos y privados".
“Es evidente que el plan piloto no tuvo éxito. Las cifras y los costos están a la vista. Las fuentes de esos mayores costos se conocen. Los programas piloto tienen ese propósito. Uno no puede esperar que un programa piloto sea perfecto”, dijo por su parte el ministro Marcel.
El presidente de la Sofofa apuntó a que la participación del Estado debe ser en igualdad de condiciones con los privados y que con este piloto "se estaría subsidiando a una empresa que no puede ser rentable por sí misma y no corresponde eso”.
Los parlamentarios indicaron que ambas autoridades “son los principales culpables de haber provocado, sólo por un capricho ideológico, que el Estado despilfarrara $591 millones, sabiendo que el programa era económicamente inviable”.
Esto luego de que se diera a conocer que las cifras reservadas del plan piloto desarrollado durante 2022 en tres comunas del país reflejaran que el negocio minorista, con la distribución incluida, no resultaba rentable para la compañía.
