Se trata de un método tecnológico que permite simular la identidad de un usuario, para así cometer actos como robos o extorsiones.
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El hombre acusado de múltiples estafas bancarias, entre ellas una defraudación al fisco por más de US$ 46 millones fue detenido ayer en la comuna de Curacaví.
El “unicornio” basado en México y Brasil se asoció con Urbano hace cerca de 10 meses. Según su ejecutivo legal, la firma chilena hizo ventas cuyo dinero aún no llega y no tiene caja para pagar sus obligaciones. Esto, a pesar de haberle pasado capital para tal efecto.
A seis años de su huida a Europa, los afectados decidieron reordenar su estrategia judicial, desistiéndose de sus acciones judiciales en Malta y apuntando a Suiza. ¿La razón? Los altos costos que significan las pesquisas con el pago de abogados extranjeros y debido a que no tienen certezas de que el empresario posea bienes en Malta.
La semana pasada Eduardo Ebensperger acudió a la fiscalía para prestar declaración en el marco de la investigación por la presunta responsabilidad que tendrían los bancos sobre la millonaria estafa del empresario Alberto Chang. Aquí el ejecutivo detalló que el banco hizo una revisión de sus procesos a raíz del caso, pero no hubo cambios mayores.
A fines de 2012, invirtieron US$10 millones en un proyecto inmobiliario para levantar una comunidad libertaria en Curacaví, donde varias transacciones se hicieron con criptomonedas. Setenta extranjeros que soñaron con un espacio idílico cerca de Santiago jamás pudieron ocupar sus tierras y todavía esperan recuperar parte de ese dinero. Algunos se quedaron en Chile y después se instalaron cerca de Valdivia, donde pusieron otros US$14 millones, hasta que el giro político del país hacia la izquierda no les gustó y decidieron irse.
Además, según la última información que le entregó el Consejo de Defensa del Estado al instituto emisor, "la investigación en su arista chilena no arrojó responsabilidad penal de ningún funcionario del Banco y sigue activa la arista internacional, a través de la que el Ministerio Público solicitó colaboración a organismos en los Estados Unidos, relativa a la acción del suplantador”.
Desde la entidad informaron que el correo electrónico no ha sido enviado por ellos y que el mail contiene un archivo adjunto malicioso, por lo que se recomienda no abrirlo ni descargarlo.
Se trata de una estafa cada vez más recurrente en la web, según reportan varios medios de defensa de los consumidores.
El próximo 19 de diciembre el exconvencional será formalizado en el Séptimo Juzgado de Garantía por el delito de estafas y otras defraudaciones contra particulares, tras afirmar falsamente en su declaración de intereses que tenía una deuda de $ 27 millones por un tratamiento contra el cáncer.
El 2011, Andrés Ugarte Vásquez se convirtió en socio, asesor y abogado de su abuela, Elsa Segner, creadora de los restaurantes Tip y Tap. Desde entonces, según le imputa el Ministerio Público, quien es el nieto mayor de la empresaria habría hecho firmar engañada a su abuela una serie de documentos en los que esta le cedía la propiedad completa de una sociedad dueña de once departamentos. El monto total de la estafa ascendería a más de $ 500 millones.
De hacer el cuento del tío a enfrentar la justicia: hombre que comió gratis en Curacautín fue condenado
El estafador que hizo perro muerto en el Festival de la Cerveza y el Mastique a inicios de 2020 ahora será castigado por la ley.
Mundo Naciones Unidas advierte de intento de estafa que busca recabar falsamente fondos para Ucrania
“La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) ha sido informada de la existencia de varios mensajes, que circulan por correo electrónico y otras plataformas, y en las que se afirma falsamente que son emitidas por el Fondo Humanitario de Ucrania”, detalló el propio organismo en un comunicado.
Subsecretaría llamó a verificar la información por los canales oficiales de las instituciones y poner atención a los links, direcciones de correos o números telefónicos que se adjuntan.
“Logran persuadir y engañar a sus clientes y víctimas haciéndoles firmar un contrato de prestación de servicios”, explicó el jefe de la Bridec Metropolitana, subprefecto Marcelo Romero.
