Etiqueta: Estallido social

Una asignación mensual de $217 mil recibirán casi medio centenar de ciudadanos que se vieron afectados por acciones de agentes del Estado en el marco de las protestas que se iniciaron el 18 de octubre de 2019. Entre los beneficiarios están parientes de quienes perdieron la vida, víctimas de trauma ocular, violencia sexual y apremios. El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, destacó este gesto, mientras que el director del INDH, Sergio Micco, sostuvo que "nos parece una respuesta totalmente insuficiente”.

El documento hace énfasis en patrones de violencia y uso excesivo de la fuerza, que resultaron en la pérdida de cinco vidas por acción directa de agentes del Estado, y 26 en el marco de las protestas, así como cientos de heridos, en particular con lesiones oculares.

Por otro lado, se incluyó amnistiar los ilícitos de incendio incluidos en los artículos 477 y 478 del Código Penal, que dicen relación con siniestros menores de objetos en los cuales no se pone en riesgo la vida de las personas y los daños no exceden las 40 UTM, por ejemplo, las barricadas.

La máxima autoridad del Ministerio Público ha confidenciado a sus cercanos que no le parece una buena idea la que hoy se está legislando en el Congreso, pues asegura que sería una mala señal de cara a otras eventuales crisis sociales. El fiscal nacional, eso sí, estaría dispuesto a que se revise caso a caso, aunque por ningún motivo cree que delitos tan graves como los homicidios pueden eximirse de castigo. Así también lo entendió la Comisión de Constitución del Senado, que sacó los delitos de homicidio frustrado y maltrato de obra a Carabineros y la PDI.

Ramón Vargas Cotiart y Rubén Gallegos Rivas quedaron con la medida cautelar de prisión preventiva el 28 de febrero del 2020, tras ser detenidos por lanzar una bomba tipo molotov a una iglesia donde exponía el alcalde de Recoleta. Según un listado enviado por Gendarmería al Senado, ambos inculpados podrían acceder al beneficio que otorga el proyecto de ley de senadores de oposición.

A un año de implementada esta colaboración, 3.200 carabineros han sido capacitados en aspectos del derecho penal, derecho procesal y derechos humanos por abogados de la Defensoría, como parte de la reforma a la institución.

La presidenta del Senado envió a principios de diciembre una serie de oficios en los que plantea a la Suprema y a la fiscalía que se deben apurar las investigaciones y revisar las medidas cautelares de los presos del estallido que no tienen sentencia previa ni antecedentes penales anteriores. Gendarmería informó a la senadora de 144 detenidos a noviembre de 2021, y 69 a marzo de 2021. ¿Cuál es la fecha de corte? Nunca se ha aclarado. Tanto en La Moneda como en el comando de Boric hay preocupación por la tramitación del proyecto de ley, que busca beneficiar con un indulto a quienes están en prisión preventiva por saqueos, lanzamientos de bombas molotov y desórdenes en la vía pública.

El viernes los familiares de los denominados presos de la revuelta se manifestaron frente al comando del mandatario electo exigiendo el avance del proyecto de ley. En su equipo hay inquietud ante la posibilidad de que el tema le abra un flanco en medio de la instalación de su futuro gobierno.

Son 11 los miembros del consejo directivo del instituto, donde dos bloques son los que permanentemente chocan en sus posturas. Por un lado, están las consejeras Romero y Contreras, quienes se oponen al liderazgo de Sergio Micco, quien durante el último tiempo ha visto el apoyo, incluso, de quienes integran ideas de derecha. El desalojo o no de la huelga que ya va para los seis meses es uno de los temas que dividen las aguar. En julio, un 45% de directorio será renovado, donde el presidente electo, Gabriel Boric, tendrá la facultad de asignar a un nuevo consejero.

El poeta y cronista se refiere a la falta de “lealtad con el lenguaje” y al clima de odiosidades que observa en la sociedad. “La palabra facho perdió totalmente su significado. Ahora te dicen facho por discrepar”, dice.

La cadena estadounidense, dueña de TNT Sports, inició un arbitraje contra la sede de Quilín por los partidos que no se jugaron en 2019 y por los casi seis meses sin fútbol de 2020. Exige $ 44.750 millones de indemnización. La asociación se defiende, acusa a la señal de incumplir el contrato y pide $ 28.100 millones.

El gobierno interpuso este tipo de acciones judiciales, entre el 18 de octubre de 2019 y julio de 2021. En el Ejecutivo aseguraron que no hay ninguna persona en prisión preventiva que haya sido formalizada por esta norma y abogados expertos desmenuzaron los efectos de un eventual retiro de las querellas: baja la pena de los delitos y por lo tanto la gente que esté privada de libertad puede tener otro tipo de medidas, como firma mensual o arraigo nacional.

En términos políticos, ambos países se parecen y se observan. Analistas coinciden en que en las dos naciones hay en curso un proceso de polarización social y descrédito de la clase política, aunque advierten que la irrupción de los nuevos partidos en España ha sido efímera. También recuerdan que los nuevos conglomerados, como Podemos y Ciudadanos, terminaron pactando con los partidos tradicionales.