Cristóbal Osorio
16 oct 2024 06:57 PM
Ya son cinco años desde el estallido social de octubre de 2019. Desde La Tercera presentamos esta nueva docuserie en tres episodios, enfocada describir el clima del país desde el 18 de octubre hasta el 15 de noviembre, el día del acuerdo por la nueva Constitución. Actores relevantes, desde dirigentes de la mesa social a ministros de Estado y políticos. Desde víctimas de trauma ocular a locatarios que sufrieron la violencia. Todos cuentan su parte de la historia en este segundo capítulo, Un gobierno al límite.
En un nuevo aniversario del estallido social, que cambió por completo su vida, la actual senadora, quien fue entrevistada en el marco de la docuserie, “El mes más tenso: regreso a un país estallado”, habla sobre sus días durante octubre de 2019 y hace un balance privado y público de los últimos 5 años.
A cinco años del estallido social, acá la conversación extendida con el exministro del Interior, Gonzalo Blumel, quien fue entrevistado en el marco de la docuserie, “El mes más tenso: regreso a un país estallado”, primer capítulo que ya puedes ver en las plataformas de La Tercera. "Al Presidente Piñera, como dijo el Presidente Boric, se le reconoce como un demócrata desde la primera hora, pero en ese momento era todo lo contrario", recuerda Blumel.
Los abogados del exgeneral director Mario Rozas afirmaron que si bien se produjeron excesos en el actuar de los funcionarios policiales, en estos casos el otrora alto mando de la policía uniformada no estaba en el lugar de los hechos, por lo que no podía impedirlos. Junto con eso, enumeraron la serie de medidas que tomó para evitar herir a los manifestantes durante la crisis social del 2019.
La portavoz del Ejecutivo planteó que prefería no entrar en polémicas "con una persona que está aspirando a una candidatura" y llamó a priorizar los temas "que le importan realmente a los chilenos".
Durante la audiencia en la que se reanudó la formalización en contra de las exautoridades policiales, la fiscal Ximena Chong expuso los argumentos del Ministerio Público para solicitar arraigo y firma quincenal, mientras que algunos querellantes pidieron presión preventiva. Medidas cautelares que el tribunal "tratará" de resolver el jueves.
En Chile Vamos apuestan por instalar que el oficialismo validó la violencia. El relato del Partido Republicano va más allá y habla de un "estallido delictual". En el oficialismo, en tanto, existe más cautela teniendo en cuenta la proximidad de las elecciones y cómo ha variado percepción de la ciudadanía respecto al 18 de octubre.
Durante la audiencia en la que se reanudó la formalización en contra de las exautoridades policiales, la fiscal Ximena Chong expuso los argumentos del Ministerio Público para solicitar una baja medida cautelar, apuntando a que Rozas, Yáñez y Olate ya no forman parte de la institución. La fiscal también mostró cifras para "contextualizar" los hechos de violencia de los que eran víctimas los funcionarios de Carabineros, algo que -dijo- no se condice con las zonas donde ocurrieron los apremios investigados.
La ministra vocera de gobierno, además de remarcar que desde el Ejecutivo se han condenado los hechos de violencia, instó a la oposición a reflexionar sobre qué han aprendido ellos respecto a esta situación.
El presidente del Partido Comunista dice que la propuesta presentada por el gobierno para poner fin al CAE responde de manera efectiva a una de las demandas del estallido social que esta semana cumple cinco años.
Ya son cinco años desde estallido social de octubre de 2019. Desde La Tercera presentamos esta nueva docuserie en tres episodios enfocada describir el clima del país desde el 18 de octubre hasta el 15 de noviembre, el día del acuerdo por la nueva Constitución. Actores relevantes, desde dirigentes de la mesa social a ministros de Estado y políticos. Desde víctimas de trauma ocular a locatarios que sufrieron la violencia. Todos cuentan su parte de la historia en este primer capítulo, Del descontrol a la marcha del millón.
Asimismo, el bloque opositor solicitó al gobierno “dar gestos democráticos y renovar sus credenciales, dejando sin efecto los indultos y las pensiones de gracias otorgadas a sujetos que fueron irregularmente acreditados como ‘victimas’ en un proceso del todo viciado y custodiado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que no cuenta ni con las competencias ni con la objetividad para acreditar victimización”.