La decisión del tribunal de segunda instancia se dio luego de una extensa jornada de alegatos entre la defensa del alcalde, quien había solicitado revertir la medida cautelar, y la comparecencia del Ministerio Público el que estaba por mantener la prisión preventiva de Daniel Jadue (PC).
Este miércoles la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago fue el escenario donde se llevaron a cabo las alegaciones sobre la apelación a la prisión preventiva del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. Instancia que estuvo marcada por apasionados alegatos.
A través de un escrito, la organización determinó paralizar los derechos de uno de sus hermanos, específicamente el jefe comunal de Recoleta, que enfrenta la prisión preventiva tras ser formalizado por delitos de cohecho, fraude al Fisco, administración desleal y un ilícito concursal. "Que la gravedad de los hechos descritos y los indicios expuestos ante el Tribunal de Garantía, en caso de ser probados, estarían reñidos con la forma en que deben actuar los miembros de la Orden, tanto al interior de ella como en la sociedad, siempre encuadrados en los principios, valores y virtudes que impone la Francmasonería a sus miembros", se lee en el escrito.
El abogado del alcalde de Recoleta apuesta a que la Corte de Apelaciones de Santiago revoque la determinación de la jueza Paulina Moya y deje a su representado sólo con firma mensual y arraigo nacional. Dicen que la magistrada ordenó "su privación de libertad sin que se cumpla con los requisitos exigidos por nuestro legislador".
El ejecutivo de ventas de una empresa proveedora de la Achifarp, César Ramírez, fue el primero en denunciar por cohecho al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, en agosto de 2021. La acción derivó en tres años de investigación y la formalización de la autoridad comunal.
El expresidente de Bolivia aseveró que el jefe comunal vive una "guerra judicial" tras haber hecho frente a los "abusos del mercado farmacéutico" a través de las farmacias populares.
El recurso, ingresado por el abogado Julio Cuadros, fue declarado inadmisible por la Corte de Santiago luego de que determinara que aún existe plazo para que se presente la apelación del alcalde.
La empresa Ingestec le adjudica a la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp) una deuda de más de $5 millones en insumos médicos por parte de la agrupación encabezada por Daniel Jadue, quien se encuentra en prisión preventiva por presuntos delitos de corrupción mientras dirigía el organismo.
Luego de tres extensas jornadas de formalización, este lunes se conoció la medida cautelar del alcalde de Recoleta, quien es acusado de estafa, administración desleal, cohecho, fraude al fisco y delito concursal.
“Dependiendo del desenlace, puede tener una incidencia muy grande en la calidad de la convivencia política en el país”, comentó el presidente del Partido Comunista (PC).
En la tercera jornada de formalización, la defensa del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), continuó con su comparecencia, apuntando a la falta de fundamentación de parte del Ministerio Público. En la misma audiencia, además, la magistrada informó que su decisión de si acoge o no la prisión preventiva en contra del jefe comunal, será dada a conocer el próximo lunes.
Las palabras del alcalde de Recoleta al salir del Centro de Justicia fueron escuetas. “Vamos a dar declaraciones mañana cuando esto termine”, dijo antes de retirarse.
En la segunda jornada de formalización del alcalde de Recoleta, Ramón Sepúlveda defendió que “hay antecedentes muy relevantes que demuestran que, efectivamente, la irrupción de las farmacias populares y las ópticas populares son algo que cambió la vida de muchos chilenos, y que rompió el esquema que había en un mercado absolutamente cuestionado en nuestro país”.
Durante la segunda jornada de formalización, la fiscal Giovanna Herrera profundizó sus alegatos del primer día, sosteniendo que los imputados, incluido el alcalde Daniel Jadue, utilizaron la Achifarp para "sus propios fines personales, programas, ideas, intereses", para comprar medicamentos, que "ellos querían aparecer ante la ciudadanía para solucionar problemas".
Cánticos, golpes, pancartas y una imputación que reveló una serie de ilícitos en la administración de la organización de farmacias populares. Esos son parte de los hitos que marcaron la primera jornada de formalización en contra del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, contra quien se pide prisión preventiva.
