Marcos Pastén fue designado para suceder a José Pérez Calaf tras integrar la terna definida por las cortes de apelaciones de Santiago y San Miguel.
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La funcionaria se encuentra en el ojo del huracán luego de que se diera a conocer una trama de tráfico de influencias que supuestamente ella lideraría. Benavides responsabiliza a la presidenta peruana por las muertes en la represión de las protestas.
“La decisión se basó en la particular gravedad de los hechos respecto de los cuales se formularon cargos -que incluyen agresiones y vulneración de los derechos de la cónyuge del investigado-; la reiteración de los mismos y la afectación del principio de probidad administrativa", señaló el ente persecutor en un comunicado.
Francisco Barbosa se reunió esta tarde con el fiscal nacional de Chile, Ángel Valencia, donde compartieron estrategias para combatir el crimen organizado. Tras el encuentro, el persecutor jefe colombiano indicó que dentro de la cita abordaron, entre otros temas, "la diversa criminalidad transnacional que está afectando a Chile y que puede tener su origen en Colombia u otros países de la región”.
Ángel Valencia explicó que cuando se deben “acreditar las palabras de una persona, hay que verificar todo lo sucedido y para eso es una investigación larga, es mucho más difícil que un robo de un supermercado".
Francisco Barbosa sostendrá una reunión con el fiscal nacional, Ángel Valencia, senadores y otros investigadores a cargo de casos violentos. El persecutor ya ha despachado más de 300 órdenes de detención en su país por casos asociados a extorsiones, uno de ellos, el que involucró al padre del futbolista cafetero, y delantero del Liverpool, Luis Díaz.
En un oficio enviado por el fiscal nacional, Ángel Valencia, al general director de la policía uniformada, Ricardo Yáñez, se establece la urgencia que tiene implementar este número único, a través de una vía de comunicación interna para coordinar de mejor manera la concurrencia a los sitios del suceso. "Nuestro país, y en particular su sistema de justicia penal, se ha visto enfrentado a nuevos fenómenos de criminalidad, caracterizados principalmente por aumento de niveles de violencia, uso de armas fuego, intervención de imputados cuya identidad se desconoce y participación de bandas criminales", se lee en el documento al que accedió La Tercera.
“Estamos frente una nueva fenomenología, esto es criminalidad organizada. No podemos exponer a la familia”, planteó el fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias.
Ángel Valencia abordó lo ocurrido en Rancagua con un empresario. "Hay un aumento en la cantidad de secuestros que ocurren y, por supuesto, hemos tomado medidas", afirmó.
Ximena Rivas dejó la institución tras nueve meses en el cargo, luego de que el jefe del Ministerio Público no evaluara de buena manera su gestión. La dimisión, en todo caso, generó ruido en la entidad debido a que se da en medio de una serie de dificultades que ha tenido el organismo para sacar adelante un programa para mejorar la persecución de crímenes en la Región Metropolitana.
El software consiste en un programa donde las policías reportarán los hechos, mismo lugar donde fiscales ordenarán las primeras diligencias, revisión de antecedentes a nivel nacional y el intercambio de información con otras instituciones. Procedimientos que hasta ahora no se realizaban en una plataforma única, sino que de forma desagregada y a través de llamadas.
Sobre las indagatorias a partir del caso Democracia Viva, Ángel Valencia afirmó que las investigaciones han avanzado "satisfactoriamente" y no procede de momento introducir cambios en su forma de conducirlas.
De acuerdo al reporte, el 57% de las víctimas falleció en el contexto de actividad delictiva y el 91% de las víctimas corresponde al género masculino.
El Ministerio Público no sólo reasignó la causa correspondiente a la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, sino que también otra indagatoria que compromete a la exjefa comunal de San Bernardo, quien lideró esta zona entre 2008 y 2020. El ente persecutor tramita este caso desde el 2021 por el delito de fraude al Fisco, entre otros ilícitos.
La situación llevó a que en 2022 el Ministerio Público decretara más de 100 mil medidas autónomas de protección y más de 50 mil en lo que va de este año.
