En la investigación del fiscal Héctor Barros, según se ha conocido, existe más de un testigo que señala que la orden para asesinar al exmilitar venezolano Ronald Ojeda, incluido un pago por el crimen, proviene del "número dos" de régimen de Maduro, el ministro del Interior Diosdado Cabello. El gobierno chileno sólo está a la espera de que las piezas del expediente se liberen para denunciar a Venezuela en la Corte Penal Internacional (CPI).
Ángel Valencia sostuvo la mañana de este jueves que además “hay tres personas que atribuyen el encargo a autoridades del gobierno venezolano”.
El fiscal general venezolano, Tarek William Saab, dijo que “país que pueda tener alguno de estos delincuentes encarcelados deberá, en base a esas órdenes de aprehensión, entregarlos a nuestra nación para que sean implacablemente procesados".
Este jueves a las 14 horas la jueza Cheryl Fernández del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago citó a las partes para dar a conocer si acoge o rechaza las medias cautelares solicitadas en contra de los imputados.
En los antecedentes de la Fiscalía, 16 personas habrían participado -en diferente grado- del secuestro y crimen del exteniente venezolano. Caso que se suma a una serie de hechos por los que este miércoles se realizaron diversos allanamientos en la Región Metropolitana, así como también se logró la detención de "El Turko" en EE. UU.
En los antecedentes de la Fiscalía, 16 habrían participado -en diferente grado- del secuestro y crimen del exteniente venezolano. Sin embargo, la banda de "Los Piratas de Aragua" también se les investiga por una decena de casos de secuestro, extorsiones, homicidios y hasta la instalación de una casa de tortura.
Desde La Moneda señalan que cada vez que el Ministerio Público ha requerido antecedentes sobre cualquier investigación que estén en manos del Ejecutivo “se ha colaborado” y han cuidado la información que puede “afectar a terceras personas o que dicen relación con materias sensibles que maneja el Estado”.
El fiscal nacional destacó la colaboración internacional que ha permitido la detención de miembros del Tren de Aragua en países como Colombia y Costa Rica. Asimismo, aseguró que “próximamente" habrá más detenidos en otros países del continente.
Leonardo Battaglia, defensor del ex socio de Patio, denunció que había preacordado con dos fiscales una medida cautelar de menor intensidad, aunque reconoció que ello estaba supeditado a la decisión de la fiscal regional, Lorena Parra. Finalmente, el Ministerio Público pidió prisión preventiva para Jalaff. "Uno entendería que la fiscal regional tiende a apoyar el trabajo de sus subalternos en una institución jerarquizada, pero esta vez no fue el caso", dijo.
La senadora socialista señaló que junto a su sobrina, la ministra de Defensa Maya Fernández, "siempre actuamos de buena fe y no tenemos nada que ocultar", y agregó que este caso “no mancha la figura de Salvador Allende".
El abogado Cedric Bragados afirmó que las deudas del ex socio de grupo Patio "no tenían un origen ilícito, porque existía una documentación de respaldo". Otro de sus defensores, Leonardo Bataglia, anunció un acuerdo con uno de los querellantes, Fintrust. "La única estafa imputada a Antonio Jalaff Sanz desaparece”, dijo sobre ese arreglo.
El cuerpo de la víctima fue ubicado a orillas del lecho seco del río San José.
La edad de la víctima, según informó la PDI, era de 30 años aproximadamente.
Adicionalmente, se incautaron armas de fogueo modificadas, municiones y vehículos utilizados para el transporte de la sustancia ilícita.
El abogado aseguró que solicitó al tribunal acceso al expediente, sin embargo, este le fue negado. Junto con ello, criticó "numerosas otras filtraciones de parte de la carpeta de investigación".
