La lechera no había dado cabal cumplimiento a una serie de medidas que había adoptado el TDLC. Con este nuevo acuerdo, Nestlé ahora sí se compromete a eliminar ciertas cláusulas que impiden la libre movilidad de sus proveedores.
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Este año partirá con importantes eventos en el mundo empresarial. Varios procesos relativos a la crisis que se vivió en 2020 culminarán y darán pie al inicio de nuevas etapas, como la salida del Capítulo 11 de Latam y la llegada de un socio en SKY. También habrá renovación de rostros en cuatro de las seis ramas de la CPC, que elegirán presidente. Se esperan además algunas aperturas bursátiles y la puesta en marcha de un par de proyectos emblemáticos. En paralelo, iniciativas legales que preocupan al sector privado seguirán su tramitación en el Congreso.
Este es el tercer acuerdo que logra la Fiscalía en este mercado en 2020. Antes en mayo presentó el acuerdo que suscribió con Soprole y su filial Prolesur, y en octubre con Watt’s.
El requerimiento expone que la empresa limita o controla las promociones que los cableoperadores pueden implementar para los consumidores con las señales CDF Premium y CDF HD.
El Tribunal afirmó que la instrucción regirá hasta que las tasas de intercambio sean reguladas por ley. El Ministerio de Hacienda señaló en julio que estaba en preparación un proyecto de ley sobre la materia, el que todavía no ha sido dado a conocer.
La Fiscalía Nacional Económica solicitó, además, que se confirme la sentencia contra la sede de Quilín por cobrar una millonaria cuota de incorporación para ingresar a la Primera B.
Entidad que encabeza Ricardo Riesco analizará la estructura de propiedad vertical de las compañías de este sector.
La Fiscalía Nacional Económica solicitó que Fassa pague cerca de US$ 2,4 millones y Martínez Ridao cancele US$ 3,2 millones.
En una audiencia realizada ante el Tribunal, el Subjefe de la División Antimonopolios de la Fiscalía, Alejandro Domic, advirtió que, en este contexto, se requieren medidas específicas para impedir que esta empresa proteja su posición cuasi monopólica.
En él Watt’s adoptó compromisos para ajustar su conducta a lo dispuesto por el TDLC y asumió el pago de $483 millones a beneficio fiscal.
Esto en el marco de una consulta realizada por la compañía, para que el Tribunal resuelva si las bases de licitación de los concursos pueden infringir las normas que protegen la libre competencia.
En el acuerdo Watt’s se comprometió a pagar 800 Unidades Tributarias Anuales (UTA) a beneficio fiscal, lo que equivale a más de $483 millones.
Felipe Irarrázabal encabezó una investigación sobre la asimetría entre las grandes plataformas digitales y los medios de comunicación en el mundo. Ahora sugiere a la FNE hacer lo mismo en Chile.
La situación se da a partir de una denuncia que acusa a la operación de una posible concentración contraria a la libre competencia.
A juicio de la entidad, esta exigencia, además de no tener justificación, constituye una “barrera de entrada legal difícil de superar. Actualmente sólo participa la Corporación Automóvil Club de Chile.
