El TDLC dijo que “el Tribunal únicamente puede aprobar o rechazar el acuerdo extrajudicial, sin que pueda imponer las medidas que eventualmente sean necesarias para mitigar los riesgos anticompetitivos de éste, si los hubiera”.
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Hoy se realizaron los alegatos por las tarifas de intercambio que planea cobrar la red de adquirencia. La supermercadista criticó el acuerdo, y dijo que no va en línea con lo que estableció el fallo de la Corte Suprema.
Tanto Daniel Undurraga como Oskar Hjertonsson han cuestionado la demora de la autoridad mexicana en pronunciarse sobre la operación.
El acuerdo señala que Transbank pasará a funcionar como adquirente independiente, poniendo termino a los contratos de operación y mandatos de afiliación suscritos con los emisores nacionales, como los bancos, y que cuenta con licencias autónomas de Mastercard, Visa y American Express.
La entidad precisó que para determinar la licitud o ilicitud de un acuerdo de colaboración entre competidores, debe realizarse un ejercicio de balance o ponderación de sus efectos, eficiencias y riesgos.
Para que pueda perseguir de forma "más eficiente y efectiva” los delitos económicos.
Abogados le bajan el perfil a la extensión de la investigación a fase II. Se trata solo de algo procedimental para estudiar mejor la operación, aseguran, y no consideran que tenga una implicancia negativa de antemano.
La compañía no levanta recursos desde 2017 y parte de los US$50 millones que le inyectó Uber, a poco de anunciar la operación entre ambos, se destinó a pagar deuda con Walmart. De no entrar Uber, se prevé que su caja dure máximo un año.
Si en el segmento de ventas online de supermercados a nivel nacional, Cornershop acaparaba entre 50% y 60% del mercado en 2018, ese rango aumentó a 70%-80% en 2019. Entre los riesgos, la fiscalía mencionó que Uber Eats y Cornershop serían el principal actor en los segmentos de restaurantes y supermercados.
El organismo acusó a la firma de omitir información y discriminar a sus productores de leche, por lo que pidió al TDLC aplicar una multa de US$7 millones.
Las empresas requeridas son Banmédica y la Sociedad de Inversiones Los Orientales.
"Es extraño que la FNE califique de publicidad o promoción la relación contractual y laboral de los profesionales de la visita médica, denostando la integridad de las más de 4.000 personas que desarrollan esta actividad en todo el país", acotó la Asociación de Visitadores Médicos de Chile a través de un oficio enviado al órgano antimonopolios.
El Fiscal Nacional Económico, Ricardo Riesco, destacó que esta es la primera vez que se cuenta con información amplia para realizar un diagnóstico sobre el funcionamiento del mercado de medicamentos.
La Fiscalía solicitó al TDLC rechazar la solicitud de tres de las cuatro empresas requeridas por el acuerdo de precios, respecto a tener a la vista todos los antecedentes de la causa.
