Según comentó César Silva ante los investigadores, era Renato Sepúlveda quien les pedía "no olvidar" que podían regularizar ciertos egresos por dicho concepto, además de imputarlos como anticipo de proveedores o de servicios. Además, complementando su primera declaración, el exfuncionario también manifestó que Domingo Prieto los obligaba a pagar por una serie de gastos personales en los que incurría.
El hombre acusado de múltiples estafas bancarias, entre ellas una defraudación al fisco por más de US$ 46 millones fue detenido ayer en la comuna de Curacaví.
Tras dos años de investigación, el Ministerio Público ingresó al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago un escrito en el que solicita audiencia para formalizar una investigación penal en contra del exjefe comunal. En el documento se detalla que se le imputarán maniobras para defraudar el erario fiscal, mismos cargos que se levantarán en contra de su otrora estrecha colaboradora, Antonia Larraín, y al exdirector de las corporaciones "Vita" Domingo Prieto. En la organización ilegal que levantará como hipótesis el fiscal Francisco Jacir, están también los excontadores que han sido una pieza clave para esclarecer el mecanismo que operó en Vitacura desde 2014 y hasta que el alcalde de Vitacura se vio obligado a dejar su cargo.
Fueron siete horas en que la fiscal Nadia Espinoza formalizó a siete imputados, entre los que está el jefe comunal César Figueroa; el director de Salud del mismo municipio, Krysler Monroy; el empresario chillanejo Rodrigo Carmona y su colaborador y operador político, Rodrigo Sandoval. La persecutora decretó el secreto de la investigación.
Los ilícitos se habrían perpetrado en el marco de dos procesos de licitación realizados al interior del municipio liderado por César Figueroa desde noviembre del año 2022. La audiencia de formalización quedó fijada para el martes 18 a las 11.30 horas.
Los hechos que investiga la Fiscalía metropolitana Centro Norte se conocieron a través de un reportaje de La Tercera Sábado, que develó un eventual caso de corrupción en la Municipalidad de Vitacura bajo la administración del otrora jefe comunal Raúl Torrealba.
Tras la publicación de un informe de Contraloría que advirtió pagos irregulares a exdirectivos, la alcaldesa de Ñuñoa determinó judicializar el proceso y llevarlo a la arena de tribunales. A través de una querella pedirá que el Ministerio Público recabe información, ya que acusa que su antecesor no sólo habría estado al tanto de las irregularidades, sino que las habría autorizado.
La abogada que representó a la exministra en la causa donde el Ministerio Público sigue indagando la desviación de gastos reservados en Carabineros, se refirió al sobreseimiento definitivo de su representada, el cual quedó firme tras la desestimación, por parte de la Corte Suprema, de los recursos de queja presentados por la fiscalía y el CDE. Ahora, evalúan qué acciones seguirán en búsqueda de reparación.
Se trata de Pablo Staig y Manuel Echeverría, quienes ejercieron como administrador municipal y director de Finanzas durante el mandato de la exalcaldesa Virginia Reginato.
Pablo Staig y Manuel Echeverría habrían autorizado el pago de horas extraordinarias a funcionarios que estaban de vacaciones o con licencias médicas durante la administración de Virginia Reginato. Si el juzgado acepta la solicitud de la fiscalía, ambos imputados arriesgarán penas más bajas -de hasta cinco años de presidio-, explicó el abogado querellante Paulo Pérez.
La Fiscalía Regional de Antofagasta decidió pedir formalmente ante la justicia el retorno forzoso de la exalcaldesa de Antofagasta declarada en rebeldía tras salir del país, rumbo a Países Bajos, pocos minutos antes que su condena de presidio efectivo quedara firma, tras lo dictaminado por la Corte Suprema. Pese a que no existe tratado entre ese país y Chile, se invocarán herramientas de cooperación internacional vigentes.
La edil de Antofagasta entre 2012 y 2020 fue sentenciada por fraude al Fisco por una asesoría de casi $ 24 millones en 2015.
En la auditoría de 68 carillas, la Contraloría concluye que en cuanto a "los pagos asociados al proyecto 'Sistema de Vivienda y Urbanismo' mediante JBoss, sin un producto de software operativo, se formulará el reparo pertinente por un monto de $ 535 millones". Esto significa que el ente contralor no ha acreditado que los servicios que fueron contratados por el Minvu, fueron efectivamente ejecutados, entre ellos, la implementación de software y las licencias informáticas.
El 15 de noviembre pasado la fiscalía formalizó a tres representantes de agencias de tursimo contratadas por el Ejército.
Según la investigación del Ministerio Público, María Victoria Latrach, imputada por presunto fraude al Fisco, gestionaba los viajes de oficiales de la institución, quienes se quedaban con los viáticos y las devoluciones de los gastos por las comisiones de servicio. SML definirá su estado de salud para verificar si está o no apta para continuar con el proceso penal.
