"La determinación de esto, como en todos los casos, le corresponde a los poderes colegisladores. Y nosotros en eso somos respetuosos en señalar el punto, pero esperar cuáles son las soluciones y las determinaciones que tomen los gobiernos”, manifestó la contralora subrogante.
Luisa Fonceca Galaz fue formalizada por lavado de activos.
A más de 300 días de que estallara el escándalo del “lío de platas” a raíz de las irregulares transferencias de recursos públicos a ONG, el fiscal insiste en que no ha existido sesgo en la investigación y que todos los involucrados, independiente de su condición de autoridades, serán indagados.
Respecto a estas diligencias, el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma –a cargo de esta investigación-, sostuvo que “la denuncia en concreto tiene que ver con delitos de tráfico de influencias y eventuales delitos de fraude en el marco del caso convenios”.
Luego de que la UAF reportara transferencias por parte de Catalina Pérez al partido, la colectividad informó a la Fiscalía que los traspasos correspondían a las cuotas que "cada autoridad representativa" debía pagar al partido. Fueron $14 millones entre 2021 y 2023, y en los registros que adjuntaron al Ministerio Público también figuran aportes hechos por Giorgio Jackson y el jefe del segundo piso de La Moneda, Miguel Crispi, a la colectividad. Los documentos también dan cuenta de carencias económicas que les hizo solicitar cuotas por adelantado a parlamentarios de la tienda con sede en Esmeralda 761.
El abogado Gonzalo Medina, aseguró que la diputada no tuvo "ninguna intervención" en los convenios firmados entre la fundación y el Minvu. "Por lo tanto, tráfico de influencias es algo que podemos descartar de manera absoluta”, aseveró.
Verónica Serrano declaró por más de cuatro horas ante los fiscales Juan Castro Bekios y Cristian Aguilar. Tras ella, fue el turno del titular del Ministerio de Vivienda. Ambos compartieron su testimonio en calidad de testigos.
El exmilitante de RD fue un constante promotor del rol de la fundación, tanto así que desde marzo de 2023 intentaba reclutar seremis de Vivienda para cerrar estos contratos. Un militante del partido, Pablo Troncoso, presentó ante la Fiscalía los chats con sus métodos de persuasión: "Vamos a empezar a hacerlo con Biobío y Atacama", dijo el ingeniero. Acto seguido describió lo que hacía supuestamente Democracia Viva: “Acompañamiento de campamentos que reciben ayuda en el Minvu, radicación, construcción de infraestructura liviana, etc.".
"Hay errores en esas rendiciones y contabilidades. No estamos diciendo que los dineros estén desaparecidos", señaló la contralora (s) Dorothy Pérez, en la comisión investigadora por los líos de platas. En la Conadi, en tanto, se ordenó un procedimiento y se remitieron antecedentes a fiscalía por caso de Chikawal, entidad que se adjudicó cinco licitaciones por $245 millones, con distintas observaciones.
"En otros países, los funcionarios que se dedican a fiscalizar son 4.000 o 6.000. En Chile, 500. En otros países, 4.000 y 6.000. En Perú, en Colombia. Entonces, eso es lo primero que necesitamos. Más gente para poder hacer más fiscalización”, señaló la contralora (s).
A 10 meses de que estallara la controversia por irregularidades en convenios entre diversas instituciones del Estado y algunas organizaciones de la sociedad civil, desde este mundo alzan la voz y dan cuenta de cómo el caso les afectó en su operación. Principalmente, dicen, se han hecho más engorrosos los procesos para postular a financiamiento público, lo que ha provocado en algunos de ellos ver mermado el presupuesto.
Por primera vez los antecedentes de la investigación por la entrega de dineros a fundaciones en esa zona se hicieron públicos. En la reformalización realizada por el fiscal regional Roberto Garrido se hizo mención al rol del parlamentario de la bancada de republicanos, quien ya declaró ante el Ministerio Público, y de Juan Pablo Leonelli, mano derecha del gore Luciano Rivas.
La determinación se dio luego de que al exRD se le imputaran nuevos delitos de fraude al fisco. El tribunal fijó 75 días de plazo para la investigación.
Tras las críticas que emanó el jefe comunal de Huechuraba contra la ong, la directora de la organización recalcó a La Tercera que las viviendas que construyen son "de tránsito" y aseguró que las intervenciones en los terrenos se hacen en un trabajo conjunto con las municipalidades y autoridades pertinentes.
