La audiencia de Luisa Fonseca Galaz está programada para el 4 de abril a las 12.00.
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La declaración del exseremi de Vivienda ante los investigadores se extendió por tres días. En suma, fueron más de 18 horas en las que desmenuzó su rol en la cuestionada repartición. Según él, todas las decisiones que tomó estaban visadas por las jefaturas, por lo que de haber irregularidades apunta a las mismas como responsables.
En medio de su declaración, la exencargada territorial de la diputada Catalina Pérez aclaró cuáles eran las labores que cumplía al interior de la Seremi de Vivienda de Antofagasta. Así, descartó haber influido en pos de una fundación en particular y recalcó que todas las determinaciones eran revisadas y ejecutadas por las jefaturas. Negó, además, cualquier tipo de relación estrecha tanto con el exseremi Carlos Contreras como con Daniel Andrade.
Este miércoles 28 de febrero la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta revisará los recursos presentados por las defensas del ingeniero civil y del exseremi Carlos Contreras. Ambos imputados por fraude al Fisco aseguran que hubo una ponderación errónea de los antecedentes y que han colaborado sustancialmente con la indagación. Por su parte, el Ministerio Público insistirá en que sigan bajo resguardo en la cárcel. A diferencia del exseremi, que ha declarado en más de una oportunidad ante el Ministerio Público, el exrepresentante de RD ha optado por el silencio... por ahora.
Los militantes de Revolución Democrática fueron citados por Juan Castro Bekios, fiscal regional de Antofagasta, y el fiscal jefe de la ciudad nortina Cristian Aguilar. Los persecutores viajaron para las diligencias que se desarrollaron en el edificio de la Fiscalía Nacional en Santiago.
Es jueves el jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi, y el exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, declararon ante los fiscales que indagan traspasos irregulares de fondos a fundaciones. Como remarcaron los persecutores de Antofagasta, ambos frenteamplistas son indagados como imputados por fraude al fisco. Este viernes será el turno de la titular de la Dipres, Javiera Martínez.
Ambos mantienen calidad de imputados tras la presentación de una querella por parte de los diputados del Partido Republicano, Juan Irarrázaval y Cristián Araya.
Desde la cárcel de Antofagasta, donde ya cumple dos meses en prisión preventiva, el exmilitante de RD asegura estar privado de libertad por razones políticas. A su juicio, ha sido utilizado para "encubrir errores e irregularidades de terceros", porque asegura que todas las gestiones que realizó fueron visadas por Verónica Serrano, la tía del jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda.
El exmilitante de Revolución Democrática (RD) es señalado como autor del delito consumado y reiterado de fraude al fisco.
El caso es destacado por la policía civil como uno de los más relevantes del 2023. Sin embargo, en medio de su balance de operaciones también registran una baja en los homicidios, un alza en los secuestros y un incremento de 333% en el patrimonio incautado a estructuras criminales, respecto de 2022.
Además de Daniel Andrade, Carlos Contreras y Catalina Pérez (suspendida), hay otro grupo de adherentes de RD que figuran como personas de interés –algunos como imputados y otros como testigos- en la causa en que se indagan los negocios y redes de Democracia Viva. Tatiana Rojas, Miguel Crispi, Paz Fuica y Rodrigo Hernández, entre otros, componen un listado donde también podrían haber sanciones administrativas dentro del partido. Así fue como la tienda del exministrio Giorgio Jackson -una de las colectividades ancla del Frente Amplio- cierra su 2023 inmerso en una crisis política y judicial que aún está lejos de resolverse.
En un año marcado por la revelación de millonarios y poco controlados convenios entre algunas fundaciones y diversas instituciones del Estado, un estudio de Cadem da cuenta de que la polémica salpicó a buena parte de las organizaciones sin fines de lucro, las que, aun sin estar involucradas, vieron entorpecido su trabajo. Las mismas ONG así lo refrendan y detallan cómo les ha afectado esta situación.
Susan Alarcón (RN), que se desempeñaba como jefa de la División de Fomento e Industria del Gobierno Regional, fue formalizada por los delitos de fraude al Fisco reiterado y cohecho, luego de que se evidenciara que favoreció a las fundaciones Folab y Educc en la adjudicación de dineros y recibiera una retribución económica por tales ayudas.
Susan Alarcón (RN), que se desempeñaba como jefa de la División de Fomento e Industria del Gobierno Regional, fue detenida luego de que se evidenciara que favoreció a las fundaciones Folab y Educc en la adjudicación de dineros. Cada una de estas entidades se adjudicó más de $365 millones y luego entregaron una retribución económica a la trabajadora social. Su detención, como confirmó el fiscal Carlos Cornejo, se dio en medio de una serie de diligencias en dependencias del GORE.
En el marco de una actividad en Puerto Montt, el titular del Minvu declinó comentar sobre el fondo de la acción presentada el martes ante la Cámara Baja por la oposición, aunque relevó el “pleno respaldo” que le brindó el Presidente a su gestión.
