Es jueves el jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi, y el exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, declararon ante los fiscales que indagan traspasos irregulares de fondos a fundaciones. Como remarcaron los persecutores de Antofagasta, ambos frenteamplistas son indagados como imputados por fraude al fisco. Este viernes será el turno de la titular de la Dipres, Javiera Martínez.
Ambos mantienen calidad de imputados tras la presentación de una querella por parte de los diputados del Partido Republicano, Juan Irarrázaval y Cristián Araya.
Desde la cárcel de Antofagasta, donde ya cumple dos meses en prisión preventiva, el exmilitante de RD asegura estar privado de libertad por razones políticas. A su juicio, ha sido utilizado para "encubrir errores e irregularidades de terceros", porque asegura que todas las gestiones que realizó fueron visadas por Verónica Serrano, la tía del jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda.
El exmilitante de Revolución Democrática (RD) es señalado como autor del delito consumado y reiterado de fraude al fisco.
El caso es destacado por la policía civil como uno de los más relevantes del 2023. Sin embargo, en medio de su balance de operaciones también registran una baja en los homicidios, un alza en los secuestros y un incremento de 333% en el patrimonio incautado a estructuras criminales, respecto de 2022.
Además de Daniel Andrade, Carlos Contreras y Catalina Pérez (suspendida), hay otro grupo de adherentes de RD que figuran como personas de interés –algunos como imputados y otros como testigos- en la causa en que se indagan los negocios y redes de Democracia Viva. Tatiana Rojas, Miguel Crispi, Paz Fuica y Rodrigo Hernández, entre otros, componen un listado donde también podrían haber sanciones administrativas dentro del partido. Así fue como la tienda del exministrio Giorgio Jackson -una de las colectividades ancla del Frente Amplio- cierra su 2023 inmerso en una crisis política y judicial que aún está lejos de resolverse.
En un año marcado por la revelación de millonarios y poco controlados convenios entre algunas fundaciones y diversas instituciones del Estado, un estudio de Cadem da cuenta de que la polémica salpicó a buena parte de las organizaciones sin fines de lucro, las que, aun sin estar involucradas, vieron entorpecido su trabajo. Las mismas ONG así lo refrendan y detallan cómo les ha afectado esta situación.
Susan Alarcón (RN), que se desempeñaba como jefa de la División de Fomento e Industria del Gobierno Regional, fue formalizada por los delitos de fraude al Fisco reiterado y cohecho, luego de que se evidenciara que favoreció a las fundaciones Folab y Educc en la adjudicación de dineros y recibiera una retribución económica por tales ayudas.
Susan Alarcón (RN), que se desempeñaba como jefa de la División de Fomento e Industria del Gobierno Regional, fue detenida luego de que se evidenciara que favoreció a las fundaciones Folab y Educc en la adjudicación de dineros. Cada una de estas entidades se adjudicó más de $365 millones y luego entregaron una retribución económica a la trabajadora social. Su detención, como confirmó el fiscal Carlos Cornejo, se dio en medio de una serie de diligencias en dependencias del GORE.
En el marco de una actividad en Puerto Montt, el titular del Minvu declinó comentar sobre el fondo de la acción presentada el martes ante la Cámara Baja por la oposición, aunque relevó el “pleno respaldo” que le brindó el Presidente a su gestión.
El ente persecutor indaga la serie de irregularidades en convenios entre entidades estatales y fundaciones que se conocieron luego de que el 16 de junio pasado estallara el caso Democracia Viva.
La Tercera tuvo acceso a un borrador del libelo que la oposición presentará este martes en contra del titular de Vivienda, el que busca que asuma su responsabilidad política en los casos de transferencias de dineros de entidades públicas a fundaciones.
El organismo liderado por Raúl Letelier pidió al Ministerio Público realizar una serie de diligencias en torno a la entidad liderada por Alberto Larraín, y también sobre sobre sus principales directivos. De acuerdo con lo expuesto, se busca determinar dónde se ejecutaron o fueron a parar los dineros que recibió la ONG desde organismos estatales. Se estableció que solo en Antofagasta han sido requeridos para devolver $873.002.500 y no lo han hecho.
El abogado que representa a la exautoridad se refirió por primera vez al caso, luego de que se diera a conocer el testimonio entregado por la militante de RD ante la Fiscalía. "Quiero señalar que lo que ha dicho el ministro Montes es efectivo", indicó Winter tras la nueva versión que entregó el secretario de Estado sobre el asunto.
La policía elaboró un informe de 55 páginas en que analizó los teléfonos de algunos militantes del partido, llegando al chat de la directiva nacional de la época. Se detectó que Carlos Contreras eliminó mensajes con la encargada territorial de la diputada Catalina Pérez, que Daniel Andrade buscaba algún elemento "sospechoso" en su celular y que el senador Juan Ignacio Latorre pedía "defender" a Pérez y la subsecretaria Tatiana Rojas y "dejar caer" a Daniel Andrade y el exseremi de Vivienda. Desde el 6 de junio -diez días antes del escándalo- ya se olía una crisis de proporciones.
