Paulina Vodanovic planteó que "no es común que las personas que vayan a ser formalizadas sean detenidas previamente" ni que las carpetas investigativas "se entreguen con tanta rapidez". En ese sentido, apuntó a una "utilización política mediática" en medio de la campaña del plebiscito de este domingo.
Luego de que se diera a conocer la declaración de la exsubsecretaria Tatiana Rojas, en la oposición anunciaron una acusación constitucional contra el ministro de Vivienda. Pese a que en La Moneda se ha evaluado la opción de que salga, por ahora la estrategia es no claudicar ante la presión del Congreso.
El 29 de noviembre trabajadores de la entidad liderada por Alberto Larraín comenzaron a firmar los documentos para acceder a su indemnización. Sin embargo, como aseguran profesionales a La Tercera, ni uno de ellos ha recibido ni un solo peso. Insisten en que fueron engañados y que el psiquiatra los dejó en el olvido, pero también en que perseguirán sus derechos y que esto no quedará impune. Por lo mismo, ya analizan acciones legales.
La autoridad, que termina su mandato el próximo 15 de diciembre, también calificó como "poco democrática" la querella en su contra interpuesta por el alcalde de Recoleta Daniel Jadue y, además, descartó llegar a algún cargo de elección popular o ocupar algún ministerio en el futuro.
Este miércoles, el Mandatario defendió la relación familiar que existe entre el jefe de asesores de Presidencia, Miguel Crispi, y Verónica Serrano, quien es indagada por el Ministerio Público por apurar la firma de convenios con fundaciones. En su campaña para llegar a La Moneda, el entonces candidato fue enfático en señalar que era necesario prohibir este tipo de contrataciones. "Es de sentido común, pero usted y yo sabemos que eso no es lo que pasa hoy”, advirtió en ese momento.
Verónica Serrano, arquitecta de la Universidad de Chile, está bajo la lupa del Ministerio Público luego de que se encontraran correos electrónicos que dan cuenta de que apuró la suscripción de contratos con entidades privadas. Entre ellas, con Democracia Viva en Antofagasta en su rol de jefa nacional de Asentamientos Precarios, cargo que ocupó entre junio y diciembre de 2022. Luego de eso, se sumó a la subsecretaría de Desarrollo Regional, donde ejerce como coordinadora interministerial del proyecto nueva Alameda Providencia.
Verónica Serrano, arquitecta de la Universidad de Chile, está bajo la lupa del Ministerio Público luego de que se levantaran correos electrónicos que dan cuenta de que apuró la suscripción de contratos con entidades privadas que hoy están cuestionadas. Entre ellas, con Democracia Viva en Antofagasta. Todo esto, en su rol de jefa nacional de Asentamientos Precarios, cargo que ocupó entre junio y diciembre de 2022.
En torno al sumario por tráfico de influencias que enfrenta Marcello Sambuceti, se comunicó que se hizo una reapertura de la misma indagación para llevar a cabo nuevas diligencias, con la finalidad de disponer de “todos los antecedentes para aclarar la situación”.
Este martes efectivos de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI llegaron hasta las oficinas de la repartición para incautar documentación relativa a convenios suscritos con ProCultura y Arquiduc. En ambos casos se indaga la participación de exfuncionarios de gobierno que habrían favorecido a dichas ONG, entre ellos Gonzalo Vega Moreira, ex brazo derecho de Ward.
El organismo participó de una comisión que recomendó medidas, las cuales luego fueron impulsadas por La Moneda. Sin embargo, de acuerdo al análisis que hicieron, hay escaso progreso respecto de medidas emblemáticas o agendas relativas a sanciones y controles.
La militante de Convergencia Social, quien es administradora pública, trabajaba junto a la exsubsecretaria de Vivienda cuando su padre, Ricardo, envió el cuestionado informe a Rojas.
Los secretarios de Estado de la Segpres y de Justicia insistieron este domingo en que no llegó el informe sobre el caso Democracia Viva a Presidencia, como planteó el exseremi de Vivienda Carlos Contreras.
El 5 de junio, el jefe del Departamento de Asentamientos Precarios, Ricardo Trincado, remitió un documento a la Subsecretaría de Vivienda, liderada en ese entonces por Tatiana Rojas (RD), en que hacía un análisis de lo denunciado por la asociación de funcionarios de la Seremi de Vivienda de Antofagasta. La acusación, presentada el 2 de mayo, daba cuenta de una serie de irregularidades en el servicio entonces liderado por Carlos Contreras, los cuales fueron acogidos parcialmente por el Ejecutivo. Se consideró que el ahora imputado exseremi había tomado medidas para mejorar estas inconsistencias. Pero, lo atribuido a la triada de Contreras, Daniel Andrade y Catalina Pérez, al menos, ya hacía ruido en La Moneda.
Ayer se realizó la segunda audiencia por el caso donde la fiscalía acusa a la excandidata a alcaldesa de Concepción por varios delitos de corrupción. Misma indagatoria donde también están imputados Sebastián Polanco, Diego Polanco, Rodrigo Martínez Fernández y Simón Acuña Medina. Todos quedaron con arresto domiciliario total.
El exseremi de Vivienda en Antofagasta, Carlos Contreras (exmilitante de RD), enredó nuevamente al gobierno al asegurar que el 7 de junio Presidencia supo a través de un documento formal del convenio de Democracia Viva y el Minvu, lo que echa por tierra la versión del jefe de asesores de que trataba de un rumor. El abogado de Crispi ayer defendió sus dichos y dijo que está disponible a declarar en la Fiscalía.
