La tramitación de los requerimientos presentados por Chile Vamos y Demócratas en el TC para impugnar siete indultos concedidos por el Presidente Boric nuevamente agita las aguas. Esto, al conocerse que los informes presentados por Gendarmería no aconsejaban otorgar el beneficio en seis de los casos. Algunos por el “amplio compromiso delictual” y en otros por el “alto riesgo de reincidencia”. Acá sus perfiles.
La medida se da luego de que la tarde de este viernes el gobierno remitiera los nuevos antecedentes solicitados por los ministros tras escuchar los alegatos de las partes.
Las exautoridades de gobierno cuestionan las palabras del ministro de Justicia, Luis Cordero, quien sostuvo que “esta es una situación relativamente común”, refiriéndose a los informes negativos de Gendarmería de seis de las personas indultadas en diciembre por el Presidente Gabriel Boric. Isidro Solís, por su parte, asegura que nunca existió un criterio general respecto a los informes.
Los informes de Gendarmería recomendando que no se indultara a 6 de los 12 beneficiados por el Presidente Gabriel Boric, reabrió el flanco que el gobierno se ha empeñado en radicar en el Tribunal Constitucional. La derecha canalizará una arremetida a través de la comisión investigadora y hay voces que no descartan una acusación constitucional al propio Mandatario.
Los indultos otorgados por el Presidente Gabriel Boric siguen generando cuestionamientos. Luego de que el TC revisara los requerimientos presentados por senadores de Chile Vamos y Demócratas en contra de siete de los decretos, se conoció que seis beneficiados contaban con informes desfavorables de Gendarmería. Ahora, La Moneda trabaja para entregar la nueva información solicitada por el organismo presidido por Nancy Yáñez.
El titular de la cartera, Luis Cordero, se refirió a la revisión que está realizando la instancia liderada por la ministra Nancy Yáñez.
El secretario de Estado recalcó que “el TC pidió reserva de esa información, esos antecedentes son mucho más complejos que el que está contenido en la referencia que se realiza a ese expediente".
Si bien durante la jornada de este jueves se dio inicio a los alegatos de las partes ante el TC, la instancia liderada por la ministra Nancy Yáñez, decidió dejar pendiente la causa y solicitar nuevos antecedentes.
El abogado y consejero Raúl Letelier fue el encargado de defender la constitucionalidad de los decretos impugnados por los senadores de Chile Vamos y Demócratas. Y frente a los cuestionamientos que hicieron los requirientes, representados por la abogada y exconvencional Constanza Hube, fue enfático en que cada decreto firmado por el Presidente Gabriel Boric cuenta con su debida fundamentación.
Luego de escuchar a las partes, los ministros del tribunal resolvieron que los hechos expuestos no eran suficientes para fallar sobre el fondo de la causa. En consecuencia, decretaron medidas "para mejor resolver" la acción presentada por senadores de Chile Vamos y Demócratas.
Como "uno de los más violentos" de la organización describe un informe de Carabineros a Brandon Rojas Cornejo, un joven de 22 años que en junio del 2022 fue condenado por diferentes delitos vinculados al estallido social. Tras la dictación de una condena de más de cinco años de cárcel, en diciembre pasado el Presidente Gabriel Boric lo indultó. Este jueves, el TC revisará la constitucionalidad de esa decisión.
Este martes el organismo liderado por Juan Peribonio determinó acoger la solicitud del secretario de Estado, Luis Cordero, para enfrentar los requerimientos presentados por senadores de oposición.
En enero, parlamentarios de oposición impugnaron siete de los 13 indultos otorgados por el Presidente Boric. El gobierno ingresó documentos al TC con datos bajo reserva.
Los abogados representantes de los senadores que acudieron al Tribunal Constitucional buscando revertir 7 indultos otorgados por el Presidente Boric, alegan que el Ejecutivo no respondió correctamente ante los cuestionamientos de inconstitucionalidad de los decretos, además de presentar argumentos erróneos para defender dichas determinaciones.
La decisión de haber llevado el asunto al TC terminó bloqueando la solicitud para que la Contraloría revisara la legalidad de los decretos, ya que el contralor Jorge Bermúdez se abstuvo de emitir opinión. El gobierno apunta a que los requerimientos de inconstitucionalidad se rechacen por tratarse solo de un problema de legalidad. Ante ese escenario, La Moneda terminaría triunfando en ambos frentes.
