La discusión en torno a las aseguradoras aún no tiene resultados. Y es que, tras el fallo de la Corte Suprema que las obliga a devolver US$ 1.000 millones a los afiliados, su continuidad está en entredicho. Esta duda ha ido en aumento después de que este martes Víctor Torres, superintendente de Salud, dijera que las primeras isapres podrían desaparecer en febrero. ¿Quiénes se verían más perjudicados si esto sucede? Según expertos, serían cinco tipos de pacientes.
En su mayoría, enfrentaron situaciones difíciles en 2023 y aguardan con esperanza el próximo año. Perdieron a sus ejecutivos principales, o mostraron resultados financieros o productivos adversos, o enfrentaron decisiones gubernamentales o judiciales que pusieron en entredicho sus operaciones. Todos creen que en el siguiente ejercicio las cosas irán mejor, sobre todo aquellas cuyas vías de solución dependen de sí mismas, más que de otros. El problema está en las empresas que, como las isapres o los casinos, su futuro depende de que el Congreso o la Fiscalía Nacional Económica les dé suficiente viabilidad.
"Además, al realizarse dicho adelanto considerando el incremento promedio de los costos de la industria como un techo, resulta paradójicamente perjudicial para una Isapre como la nuestra, que ha realizado un enorme esfuerzo en la contención de costos", señalaron desde ambas isapres a sus afiliados.
"Nosotros no creemos que un evento negativo en la evolución del sistema isapres provoque una crisis a nivel del sistema en su conjunto", dijo el vicepresidente del Banco Centra, Pablo García, sobre los efectos que pueda tener en el sistema financiero la quiebra de todas las isapres.
Consultada sobre el futuro del sistema de salud en Chile, Aguilera sostuvo que “las isapres están, tenemos que estabilizarlas, no podemos permitir que tengan una caída abrupta".
"Estamos contra el tiempo para tomar acciones. Es urgente acelerar una solución definitiva", dijo la Asociación de Isapres para descartar una ayuda significativa para la industria luego de que el Senado aprobó el proyecto que adelanta la aplicación del Índice de Costos de Salud (ICSA, una suerte de IPC de la Salud).
Se estima que el reajuste de remuneraciones beneficiará a 844.934 trabajadores, mientras que los reajustes de bonos y aguinaldos los recibirán otras 3.946.962 personas, entre beneficiarios activos y pasivos. El costo fiscal de estos incrementos será de $1.078.788 millones para los salarios, de los cuales $81.024 millones se destinarán a bonos y aguinaldos en 2024.
"Cabe destacar que el valor de esta prima GES modificada no responde a los cálculos realizados por la Isapre en el último proceso de actualización y que conforme a la normativa vigente correspondía aplicar", dice la carta enviada a los afiliados.
Ambas enviaron una carta este miércoles a todas las isapres, solicitando concretar una reunión dentro de cinco días hábiles, para que a más tardar en un mes puedan actualizar las condiciones de los convenio que tienen suscritos, “teniendo en cuenta que las medidas hoy discutidas por vía legislativa no lograrían equilibrar los ingresos de las isapres", argumenta la misiva de Red Dávila.
Ambos están promoviendo una indicación para fijar en 7,6% el alza de los precios base de las prestadoras. Si esa medida llega a prosperar en el Senado, abriría un escenario de alto riesgo para el Ejecutivo que ya corre contra el tiempo para sacar esta medida antes de fin de año.
Esto según un estudio elaborado por Ricardo Bitrán, quien expresó que “la política pública de hacer caer a las Isapres es una mala política pública. Nadie se verá beneficiado con esto, solo habrá perdedores. Pierden los beneficiarios de las Isapres, los usuarios de Fonasa, los prestadores privados, y pierde también el Ministerio de Hacienda".
Eso fue lo que dijo la ministra Aguilera luego de que las isapres Banmédica y Vida Tres decidieron renunciar esta semana al gremio que agrupa a la industria y comenzaron a tomar medidas de manera independiente.
Ambas aseguradoras estiman que el proyecto que se está tramitando en el Congreso para adelantar el ICSA, “en ningún caso logra recomponer el déficit que se genera a partir del 1 de enero producto de la aplicación del fallo GES, considerando la realidad de los distintos actores”.
El presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Arriagada, sostuvo este martes que con esta medida que aprobó la Cámara de Diputados y que ahora deberá ser vista por el Senado, "del 12% de caída de ingresos que va a tener la industria (por el fallo GES desde enero), compensa menos de la cuarta parte".
Encargados por la Asociación de Isapres, los cuatro informes en derecho concluyen que sí se puede aplicar la mutualización sin incumplir el fallo de la Suprema. Ya se sabía que Patricio Zapata y Ramiro Mendoza elaboraron dos de ellos, a los que se suman los de Arturo Fermandois y de Jorge Correa Sutil.
