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Ese es el cálculo que hace un informe del Instituto de Salud Pública UNAB, en base a lo que propone el gobierno en la ley corta, donde si bien el Ejecutivo no hizo una estimación del costo fiscal de dicha propuesta, este estudio lo proyecta en casi $333 mil millones para los primeros seis meses en caso de que caigan las isapres. Además, los autores plantean que esta ley corta no busca el equilibrio financiero de las aseguradoras al aplicar el fallo de la Suprema, sino más bien hacerse cargo de las consecuencias que se generarán tras la caída de las isapres por el modo en que se está aplicando la sentencia.

Durante la sesión de este martes, los parlamentarios acordaron ahondar en los efectos que tendría el numeral que autoriza una nueva alza de reajuste en los precios base de los planes para luego tener dos comisiones doble y finalizar la discusión del proyecto.

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, señaló que “veo una indiferencia total y absoluta de parte de las autoridades de salud. No se ve ninguna urgencia en tratar de solucionar el problema".

Este lunes, la autoridad envió a los senadores de la Comisión de Salud un documento con el monto que tendrán que devolver las aseguradoras, según la nueva forma de cálculo de la ley corta de las isapres, así como también simulaciones de alza de precios base requeridos por cada isapre para lograr neutralizar el impacto de los fallos por tabla de factores y por GES.

Este es el segundo aumento de capital que hace la aseguradora en lo reciente. Por otro lado, el superintendente de Salud ya no ve que algunas isapres vayan a incumplir sus indicadores en febrero y cree que el nuevo escenario “nos permite llegar con mayor tranquilidad hasta el mes de mayo o junio”, cuando proyecta que ya estará aprobada la ley corta de isapres.

Desde la entrada en vigencia de la circular emitida por la institución, en marzo de este año, el superintendente Víctor Torres advirtió que "las isapres deberán notificar al empleador de la persona afiliada el precio que resulte luego de aplicar la suspensión del cobro para que se haga la rebaja respectiva”.

Respecto a eventuales devoluciones, el superintendente de Salud, Víctor Torres, detalló que “el cálculo de las posibles restituciones y, su forma de pago, serán regulados en una circular posterior”.

A través de la secretaría de la Comisión de Salud del Senado, el Ejecutivo ingresó nuevas modificaciones como respuesta a la solicitud de los senadores, quienes condicionaron la votación del proyecto al avance de una reestructuración del sistema sanitario.

"El futuro del sistema de salud está hoy en manos del Poder Ejecutivo. Es responsabilidad del gobierno evitar un colapso del sistema sanitario”, señala la misiva, donde el gerente general de ambas isapres enseña su visión sobre los temas que se podrían mejorar en el proyecto.

Según cifras de la Superintendencia de Salud, las isapres cerraron noviembre con 2.732.447 beneficiarios -la suma de cotizantes y cargas-, la menor cifra desde febrero de 2011. Además, el número equivale a una caída mensual de 0,67% (18.550 afiliados menos en el mes) y una baja interanual de 12,68% (397.107 personas menos en doce meses).

El regulador ya está definiendo si corresponde o no que las isapres hagan devoluciones en los 153 mil reclamos que han llegado a la autoridad. Además, la Superintendencia dictó instrucciones a las aseguradoras indicando cómo deben contabilizar en sus balances las eventuales devoluciones que deberán hacer.

Hasta este viernes 5 de enero se extendió el plazo para que autoridades y parlamentarios presenten nuevas indicaciones, pues los integrantes de la Comisión de Salud condicionaron su voto a una propuesta concreta que permita adelantar la presentación de la reforma a la salud. Además, el superintendente de Salud se comprometió a entregar cifras relacionadas con los efectos que podrían tener las nuevas indicaciones.

Cuando en noviembre del año pasado el gobierno ingresó las indicaciones a la ley corta de isapres, estimó que la deuda de las aseguradoras con sus afiliados quedaba en cerca de $900 mil millones, unos US$1.000 millones. Sin embargo, este martes el presidente del gremio dijo que en realidad estiman que el monto es mayor.

Pese a que dijo que "no va a haber riesgo" en dar cumplimiento al calendario propuesto por el Ejecutivo, el presidente de la Comisión de Salud hizo sus reparos al proyecto. “Mire lo ridículo que termina siendo una especie de boomerang, en que terminan las mismas personas haciéndose cargo de las deudas de otros", cuestionó.

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, señaló que como gobierno les interesa que "se cumpla la sentencia y dar estabilidad al sistema privado”.