Aunque el Ejecutivo había argumentado en más de una ocasión que quería esperar la tramitación del proyecto para acudir al TC, lo cierto es que la noche del domingo finalmente terminó formulando observaciones y solicitó alegatos para buscar dejar sin efecto la mutualización.
El proyecto, enviado por el gobierno para que se aplique el fallo de la Corte Suprema que ordena a las aseguradoras de salud a restituir los cobros en exceso y aplicar la nueva tabla de factores a sus afiliados, fue aprobado en general por el Senado a fines de enero.
“Creo que gobierno y oposición debieran tener esa visión de aprovechar que hay un plazo para negociar y ponerse de acuerdo. No es algo fácil, pero hay que tomarlo como una oportunidad, y no seguir retrasándolo", dijo el economista sobre la tramitación de la ley corta de isapres.
El director de Fonasa, Camilo Cid, dijo que se pueden evaluar alternativas a lo que plantea actualmente el proyecto. En paralelo, la presidenta de la CMF alertó que podría encarecer el seguro que ofrezca la MCC el hecho de que "habría una cobertura, de alguna manera, gratis, de dos o tres meses, porque la persona puede dejar de pagar dos o tres meses, y sigue teniendo la cobertura".
Esta mañana el Tribunal Constitucional admitió la tramitación de la solicitud presentada por 17 senadores. En concreto, la instancia examinará el requerimiento y escuchará alegatos de quienes se han hecho parte. Y es que incluso hasta esta mañana dos aseguradoras presentaron argumentos en contra de la acción de los parlamentarios, así como la Clínica Dávila solicitó una audiencia.
Parlamentarios buscan invalidar la votación que incorporó la mutualización de la deuda de las aseguradoras, que permite bajar los US$1400 millones que calculó la Superintendencia de Salud en mayo de 2023 a US$550 millones.
El presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Arriagada, dijo que “es muy difícil pensar que las isapres puedan subsistir durante todo el año 2024 a pérdida”. También aclaró a los diputados de la Comisión de Salud que “nadie va a estar en condiciones de hacer un aporte de capital para resolver un problema que sea permanente", por lo que afirmó que "el equilibrio financiero hay que reponerlo”.
La presidenta de la Comisión de Salud del Congreso afirma que están en un trabajo contrarreloj y que será necesario redoblar las sesiones para que la ley corta pueda tramitarse antes de que termine el plazo fijado por la Corte Suprema. Desde ya anuncia que buscará cambiar el proyecto que llegó desde el Senado.
Bupa, el controlador inglés de la isapre, reportó sus resultados al cierre de 2023, donde comentó que “las implicancias de corto y largo plazo para el negocio de isapre que tiene Bupa (en Chile) sigue siendo muy incierto; sin embargo, algunos acontecimientos recientes sugieren que podría surgir una revisión del marco de precios para apoyar la sostenibilidad de la industria”.
Mientras que las isapres reclaman un monto de $15.815 millones, Clínica Las Condes pide su rechazo íntegro. Pese a esto, anunció que cumplirá con los convenios iniciales.
La jefa de la cartera sanitaria asistió a la primera Comisión de Salud del Congreso este martes, pero antes de esa reunión almorzó con los parlamentarios oficialistas para sondear sus dudas y preocupaciones. En ambas instancias se plantearon los mismos cuestionamientos: la mutualización y la falta de tiempo para despachar la ley.
Luego de que el proyecto fuera aprobado en el Senado a finales de enero, esta jornada retoma su tramitación en la Comisión de Salud del Congreso. Pero antes de que se inicie el debate fijado para las 17 horas, los parlamentarios oficialistas y cercanos al gobierno fueron invitados por la secretaria de Estado a abordar algunos puntos clave de la norma.
Patricio Fernández entregó su mirada respecto al inicio de la discusión en la Cámara de Diputadas y Diputados.
Tras un extenso transitar en el Senado, este martes el proyecto inicia un nuevo proceso y ahora los diputados ya advierten que la votación estará dividida debido a las indicaciones que la oposición agregó en la instancia previa. Estas últimas modificaciones no eran parte del plan del Ejecutivo y dan paso a nuevos debates y contratiempos en la tramitación de la ley.
