Además, la ministra de Salud, aseguró que el gobierno no planea, de momento, pedir una prórroga para la aplicación de fallo sobre tabla de factores de las isapres.
25 mar 2024 10:03 AM
Además, la ministra de Salud, aseguró que el gobierno no planea, de momento, pedir una prórroga para la aplicación de fallo sobre tabla de factores de las isapres.
Tras la resolución del TC que deja la mutualización fuera de la redacción del proyecto se abre un nuevo dilema en La Moneda: incluir o no una indicación para mitigar el efecto del fallo. En ese contexto, una de las opciones que se estudian es que a los afiliados se les pueda pagar la deuda en acciones de las aseguradoras.
“El Tribunal Constitucional lo que tiene que hacer es garantizar la supremacía del texto constitucional y ofrecer a la ciudadanía una interpretación jurídica de la Constitución. Y lo que hace el Tribunal es eso”, afirmó Nancy Yáñez.
"El Tribunal no ha indicado que sea inconstitucional utilizar la mutualización, pues ninguno de los requirentes solicitó un análisis de la materia. Por lo tanto, esta opción sigue siendo válida, aunque depende del Ejecutivo su aplicación”, dijo el gremio.
El ministro Segpres valoró la resolución e indicó que el proyecto ingresado por el Ejecutivo "no comprendía la mutualización".
El presidente de la UDI sostuvo que "uno puede predecir los resultados (del TC) con anticipación, sabiendo cómo va a votar cada miembro, en razón de quién presenta el requerimiento y su inclinación política".
La exautoridad de Salud advirtió que no era conveniente extender más la discusión, y que se debe actuar rápidamente para acordar una solución, "porque si no son las familias las que van a sufrir”.
El Tribunal Constitucional acogió el requerimiento de inconstitucionalidad presentado por senadores oficialistas. Eso significa que queda sin efecto la votación y aprobación de la indicación que en enero incorporó la mutualización en el proyecto, dado que es de iniciativa exclusiva del Presidente. Así, la deuda de las isapres con sus afiliados ahora vuelve a subir desde US$451 millones, a más de US$1.000 millones.
En febrero los senadores oficialistas Juan Luis Castro (PS), Daniel Núñez (PC), Claudia Pascual (PC) y Juan Ignacio Latorre (RD) ingresaron ante el Tribunal Constitucional un requerimiento en contra de la mutualización contemplada en la ley corta de isapres.
En un fallo dividido, la magistratura acogió el requerimiento presentado por parlamentarios y respaldado por el Gobierno. Presentación fue hecha tras la aprobación en la Cámara Alta de una indicación del proyecto que permitiría la rebaja de la deuda de las aseguradoras privadas a US$ 451 millones.
Según argumentan, los parlamentarios aprobaron la mutualización en el Senado “transgrediendo la seguridad social” y que con esto “una vez más están protegiendo a las isapres”.
En sus últimas labores como presidente del órgano legislativo, el senador UDI presentó observaciones a nombre de la corporación al requerimiento que otros 17 parlamentarios realizaron en el Tribunal Constitucional, y contraargumenta el requerimiento de inconstitucionalidad y defiende el procedimiento ocurrido en sala, donde se aprobó el nuevo cálculo de la deuda de las aseguradoras.
Los parlamentarios aprobaron en general el proyecto por unanimidad. La presidenta de la instancia explicó que ahora la idea es que se puedan ingresar indicaciones hasta el 27 de marzo, para poder empezar a votar el proyecto en particular desde el 1 de abril.
Este lunes las isapres Banmédica y Vida Tres, y las clínicas Dávila, Bío-Bío y Ciudad del Mar, ingresaron diversos documentos donde formularon observaciones en calidad de amicus curiae, esto significa que si bien no se hacen parte de la causa, piden intervenir para colaborar aportando información. La semana pasada las isapres ya habían pedido ser parte del proceso, pero el TC les cerró la puerta en esa materia.
Aunque públicamente se había dicho que esperarían hasta la tramitación de la ley corta de isapres, la noche del domingo el Ejecutivo formuló observaciones, se hizo parte y solicitó alegatos en el requerimiento al Tribunal Constitucional que hace algunos días había hecho un grupo de senadores oficialistas. Esta última acción, junto a la lectura de que era inconsistente no referirse ahora, explican en parte la decisión.