Ello, argumentando efectos de la ley corta de isapres, según informó el regulador mediante un comunicado. Agregó que ha recibido “una serie de denuncias de cotizantes a quienes se ha limitado incorporar ese tipo de nuevas cargas. De comprobarse la situación, podrían ser multadas”.
A junio las isapres abiertas destinaron el 97,2% de sus ingresos a entregar prestaciones y al pago de licencias médicas a afiliados, según cifras de la Superintendencia de Salud. Esto es un incremento de 6,9 puntos porcentuales en doce meses, y representa el mayor nivel desde junio de 2022.
Este negativo resultado se compara con ganancias por $8.933 millones que anotaron en igual periodo de 2023. Dos aseguradoras acumularon más de la mitad del total de mermas a junio, Consalud y Cruz Blanca, si bien las siete isapres abiertas tuvieron números rojos.
En total, el asegurador público contaba con una población beneficiaria de 16.404.580 personas a junio de 2024. Eso significa que 8 de cada 10 personas en Chile están en Fonasa.
“Está pendiente la segunda y crucial etapa de los ajustes que dispone la Ley Corta, destinada a dar sostenibilidad al sistema, asegurando las coberturas y posibilitando las devoluciones a los afiliados", dijo el gremio en un comunicado.
La aplicación de la Tabla Única de Factores se traducirá -para algunos afiliados- en una disminución en lo que pagan los usuarios; pero, por otro lado, existe el ajuste del precio de los planes al piso del 7%. Como si fuera poco, en un tiempo más los afiliados recibirán otra comunicación, esta vez de una prima extraordinaria, que para algunos significará un aumento en el precio final.
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Desde este domingo las aseguradoras deben comenzar a ajustar sus planes de salud conforme a la ley tramitada largamente, implementando la Tabla Única de Factores. Esto podría generar cambios significativos para algunos afiliados, quienes recibirán devoluciones por cobros en exceso. También se ajustarán aquellos planes que estaban por debajo del 7%, razón por la que desaparecerán los excedentes.
El Consejo, que está constituido por cinco personas, recibió en julio los primeros planes de pago y ajuste de cinco isapres. Y como la ley estableció que tendría 30 días hábiles para poder analizarlos, el plazo vence este lunes.
En un nuevo capítulo de la batalla judicial contra el Estado, Banmédica y Vida Tres demandan al Fisco de Chile por $25.379 millones, reclamando que la Ley N° 21.247, promulgada durante la pandemia, ha impuesto sobre las isapres una carga económica insostenible. Estas compañías, bajo el control de UnitedHealth Group, se suman a las acciones legales ya emprendidas por Consalud y Colmena.
En los documentos se recalca la idea de que hay que avanzar hacia un sistema universal de salud, con un financiamiento unificado -el FUS- donde las isapres se transformarían en seguros complementarios. También se da cuenta de que implementar el modelo propuesto en el gobierno de Piñera y que está estudiando el Minsal borraría toda posibilidad de avanzar en el programa de Gabriel Boric.
Una de los opciones que se están revisando para eliminar las preexistencias es la implementación de un fondo de compensación de riesgo entre las aseguradoras privadas. Algunos expertos aseguran que esta es un fórmula correcta desde el punto de vista técnico, pero de proponerse abre un debate político, porque no sería compatible con la reestructuración propuesta en el programa de gobierno del Presidente Gabriel Boric, específicamente con el Fondo Universal de Salud (FUS).
