La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, valoró el interés del sector empresarial por elaborar medidas para reducir la informalidad laboral, pero también advirtió que aquellas que significan gastos necesitan financiamiento permanente.
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La titular de Trabajo y Previsión Social, además, remarcó que "sin duda, hay una responsabilidad de la empresa bastante importante, porque ellos son los dueños de la empresa. Lo que aquí ha estado pasando lleva más de una década (...) Hoy día la situación ya está como está y nosotros estamos para apoyar lo que pueda pasar en el Biobío con los trabajadores”.
El álgido debate abierto por la ministra del Trabajo sobre el nivel de los sueldos en Chile, su relación con la informalidad y los niveles de flexibilidad, despertó la arremetida empresarial y de especialistas. Las estadísticas revelan que los salarios del sector formal más que duplican al de las labores informales y los expertos critican el análisis de la ministra. Según un estudio de la OCEC UDP, además, Chile tendrá el segundo salario mínimo más alto de América Latina a partir de julio, cuando entre en vigencia el nuevo ingreso básico de $500 mil mensuales. Jeannette Jara defiende su postura y dice que el objetivo de su planteamiento apuntaba a discutir si los salarios formales en el país permiten cubrir las necesidades de las familias.
Esto, como primera meta dentro de la gradualidad de 5 años para alcanzar la reducción a 40 horas.
Fue en un cruce de opiniones con el empresario Bernardo Larraín Matte que la secretaria de Estado señaló que “si quieren que haya inclusión, paguen mejor”.
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"No puede ser que se resista a tener una reforma tributaria en el país. No puede ser que se resista una reforma de pensiones en el país. y además sigamos teniendo salarios tan bajos. De alguna manera, el desarrollo y el crecimiento tienen que llegarles a todos”, dijo la titular de Trabajo.
La jornada laboral de 40 horas, la flexibilidad laboral y las indemnizaciones estuvieron en el centro de las discrepancias entre la titular de Trabajo y el ex timonel de la Sofofa, en un conversatorio de Red Activa de Pulso La Tercera y ChileMujeres en el que participó también el presidente de la CPC, Ricardo Mewes. "Si quieren que haya inclusión, paguen mejor. Ese es también el rol de los empresarios”, afirmó Jara, quien preguntó si querían eliminar las indemnizaciones por año de servicio. “Entre las empresas socias de Sofofa no existe el salario mínimo", respondió Larraín, quien dijo que ahí el mínimo es de $ 700 mil y la mediana, de $ 900 mil. “La propuesta ministra, es ir a los sistemas que tienen los países como Reino Unido, Lituana, Canadá, Polonia, Luxemburgo, Francia", dijo.
La ministra participó de la “Primera Feria Laboral: impulsando la reactivación económica Chile Avanzando” y el “Encuentro Ciudadano Mejores Pensiones para Chile”, instancias realizadas en el marco de la conmemoración del segundo año de gobierno de Gabriel Boric.
"Hay un constante emplazamiento al sector público, al gobierno, al ejecutivo, pero yo creo que también seria interesante saber cuál es la voluntad del sector privado”, declaró la ministra.
"Hacer un 4%-2% significaría dejar algún beneficio atrás, por ejemplo, el apoyo a las mujeres. Si hay una posición mayoritaria en el Congreso que avance, aunque sea con la garantía para los actuales jubilados, entonces es una posibilidad. Pero significa dejar atrás la diferenciación entre hombres y mujeres", dijo la ministra del Trabajo en radio Pauta.
La Comisión de Trabajo del Senado iniciará el debate de la iniciativa el 6 de marzo.
Desde el Gobierno esperan poder discutir con mayor tranquilidad los temas asociados a la reforma de pensiones en cuanto termine el receso legislativo.
El organismo sindical hará entrega al gobierno de las resoluciones adoptadas en el XIII Congreso de la CUT. En el documento, manifiestan preocupación por la agenda procrecimiento y solicitan una nueva política laboral y un nuevo modelo de desarrollo económico para redistribución del empleo y la justicia social.
Pese a que se descartaron irregularidades conforme a la normativa existente, el organismo dictó un instructivo con miras a "perfeccionar" la temática referente al registro de audiencias por lobby.
