"Los dimes y diretes durante esta semana, producto también de la necesidad de coordinarnos más y mejor, a veces se vuelven inentendibles para la ciudadanía y también contraproducentes", sostuvo la autoridad de la región.
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"Los contralores hablan a través de sus dictámenes, no a través de entrevistas de televisión. Un abogado del prestigio de Jorge Bermúdez lo sabe”, afirmó tajante esta jornada el edil.
La autoridad, que termina su mandato el próximo 15 de diciembre, también calificó como "poco democrática" la querella en su contra interpuesta por el alcalde de Recoleta Daniel Jadue y, además, descartó llegar a algún cargo de elección popular o ocupar algún ministerio en el futuro.
Los ministros Luis Cordero y Álvaro Elizalde comenzaron las primeras tratativas con el objetivo de escoger al sucesor del contralor, quien culmina su mandato el próximo 16 de diciembre. Los abogados Nelly Salvo, Juan Carlos Ferrada y la misma subsecretaria Macarena Lobos son algunas cartas del oficialismo. No obstante, la última palabra la tiene la derecha.
El presidente de la UDI, tras los datos entregados por el contralor Jorge Bermúdez sobre las auditorías a 15 seremías del Minvu -y luego de las declaraciones a La Tercera de la diputada Catalina Pérez-, señaló que “cuando van apareciendo nuevos antecedentes que muestran un mecanismo, un modus operandi, parece poco coherente que se están haciendo todos los esfuerzos para llegar hasta las últimas consecuencias”.
Un nuevo flanco se abrió esta semana para el gobierno en el marco del denominado caso “líos de platas”. El golpe lo dio el contralor Jorge Bermúdez. Tras auditar a 15 Seremis de Vivienda y 9 gobiernos regionales decidió enviar todos los antecedentes a la Fiscalía, dando cuenta de que las irregularidades están esparcidas por todo el país.
El ministro de Vivienda este viernes salió al paso de los cuestionamientos en su contra tras el informe del órgano contralor, que da cuenta de la auditoría a 15 seremías del Minvu que efectuaron millonarios traspasos a fundaciones. "Había un un modelo con las fundaciones privadas, y simplemente seguimos con la que venía (...) no captamos el conjunto de forados y riesgos que había de hechos de corrupción", dijo.
A raíz de las dos inasistencias de Crispi a la comisión investigadora, la instancia envío un oficio a Contraloría para abrir un procedimiento sancionatorio contra el exsubdere. Bermúdez, sin embargo, descartó esa posibilidad tras la comparecencia del exdiputado RD.
Al igual que en las Seremis de Vivienda, el organismo liderado por Jorge Bermúdez detectó una serie de irregularidades en la entrega de fondos públicos desde los Gobiernos Regionales (GORE) a organizaciones privadas. Entre las situaciones más graves detectadas está la falta de un procedimiento para la selección de las entidades, carencia de análisis de las competencias de dichas fundaciones, no se exige el cumplimiento del trabajo y, lo que es peor, la autoridad no sigue "la ruta del dinero" ni exige la rendición de cuentas de millonarias transferencias. Se sospecha de corrupción principalmente por el hallazgo de personas vinculadas a las entidades receptoras del dinero con funcionarios de la repartición pública que se los entrega por trato directo.
La auditoría realizada por Contraloría a organismos regionales detectó graves falencias por parte de entes públicos en el control de las transferencias de recursos. Además, los antecedentes recopilados darían cuenta de patrones claros que se repitieron en las diferentes regiones del país.
El ministro de Justicia abordó las conclusiones de los informes de Contraloría ad portas de que el contralor Jorge Bermúdez exponga en la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, que está encargada de reunir información sobre las transferencias realizadas en el marco del Programa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda.
El gobierno hizo llegar al ente contralor la respuesta ante la negativa del jefe del Segundo Piso de La Moneda de concurrir a la comisión que indagada los traspasos de recursos desde organismos del Estado a fundaciones. En el documento, sin embargo, no se contesta a la pregunta que el propio contralor Jorge Bermúdez hizo ante la instancia fiscalizadora y que era responder el porqué el exsubsecretario cree que está exento de la fiscalización de la Cámara de Diputados.
En La Moneda se admite que uno de los hombres más cercanos al Mandatario está pasando sus horas más difíciles. Su negativa a declarar ante la comisión investigadora de la Cámara Baja por el caso líos de platas ha abierto un inesperado flanco de críticas entre las propias huestes oficialistas que sustentan a Gabriel Boric.
“Evidentemente que si se produce el hecho que busca la Cámara, pierde oportunidad la pregunta que está haciendo la Contraloría y, por lo tanto, ya no tendría sentido una respuesta”, indicó Jorge Bermúdez.
Ley Orgánica del Congreso y un "estatuto jurídico diferente para Presidencia". Esos son los términos jurídicos citados por el contralor Jorge Bermúdez y el ministro de Justicia, Luis Cordero, quienes tienen diferentes interpretaciones a las normas que obligarían a que el jefe de asesores Miguel Crispi comparezca ante el Congreso por el caso líos de platas. Debate que enfrenta a ambos abogados, que -precisamente- son lumbreras en estas materias del derecho. Aquí la opinión de sus colegas en un fallo dividido que, por el momento, estaría ganando el mandamás de Teatinos 56.
