En La Moneda se admite que uno de los hombres más cercanos al Mandatario está pasando sus horas más difíciles. Su negativa a declarar ante la comisión investigadora de la Cámara Baja por el caso líos de platas ha abierto un inesperado flanco de críticas entre las propias huestes oficialistas que sustentan a Gabriel Boric.
“Evidentemente que si se produce el hecho que busca la Cámara, pierde oportunidad la pregunta que está haciendo la Contraloría y, por lo tanto, ya no tendría sentido una respuesta”, indicó Jorge Bermúdez.
Ley Orgánica del Congreso y un "estatuto jurídico diferente para Presidencia". Esos son los términos jurídicos citados por el contralor Jorge Bermúdez y el ministro de Justicia, Luis Cordero, quienes tienen diferentes interpretaciones a las normas que obligarían a que el jefe de asesores Miguel Crispi comparezca ante el Congreso por el caso líos de platas. Debate que enfrenta a ambos abogados, que -precisamente- son lumbreras en estas materias del derecho. Aquí la opinión de sus colegas en un fallo dividido que, por el momento, estaría ganando el mandamás de Teatinos 56.
Esta jornada el contralor Jorge Bermúdez lanzó un duro mensaje a La Moneda al solicitar que el jefe de asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi (RD), explique por qué cree que está exento de la fiscalización de la Cámara de Diputados. El gobierno, a través del ministro Cordero, respondió que bajo ese criterio todos los jefes de gabinete y jefes de asesores del Segundo Piso, de administraciones pasadas y futuras, debieran comparecer a las comisiones investigadoras.
Esta jornada el contralor Jorge Bermúdez lanzó un duro mensaje a La Moneda al solicitar que el jefe de asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi (RD), explique por qué cree que está exento de la fiscalización de la Cámara de Diputados. Y es que, comentan fuentes conocedoras, la autoridad de Teatinos 56 se basa en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, en que se señala que no solo los ministros deben comparecer ante las comisiones investigadoras del Senado y la Cámara. Con esto se derriba la tesis del gobierno de que el exdiputado puede excusarse de asistir porque ahora no tendría calidad de funcionario público. En la misma sesión, el líder del órgano fiscalizador lanzó también un dardo a la directora de Presupuesto, Javiera Martínez, también RD. Confirmó que durante la gestión de la ingeniera se bajaron los controles para otorgar los convenios con ONG que hoy están en la mira de la Fiscalía.
El 22° Juzgado Civil de Santiago falló en favor de siete altos oficiales de la policía uniformada, dos de ellos ya retirados, quienes acusaron al ente contralor de extralimitarse en sus facultades fiscalizadoras. La resolución consigna que el hecho de que las acciones policiales estén reguladas por decretos administrativos "no transforma la función y labor de control de orden público en una actividad controlable por la Contraloría". Se pide condenar en costas a la institución liderada por Jorge Bermúdez, aunque resta todo el proceso de apelación en la Corte.
Jorge Bermúdez se refirió a las fallas en el documento presentado por el Ejecutivo al ente contralor para desarrollar la conmemoración del 11 de septiembre, confirmando que el Ejecutivo tuvo que “retirarlo porque tenía objeciones” de fondo y que debería ser reingresado “en las próximas horas”. También sostuvo que “debería tener prioridad para la revisión”.
La petición, dirigida al presidente de la corporación, se produce a casi una semana de que la contraloría evacuara el informe final de la auditoría a la Seremi de Vivienda de Antofagasta por los millonarios traspasos a la ONG. Jorge Bermúdez dijo que es “muy difícil” que se restituyan los fondos, porque “la fundación no tiene patrimonio”.
Jorge Bermúdez expuso a los diputados de la CEI por líos de platas los detalles de las observaciones incluidas en el informe final de la auditoria que Contraloría hizo en el Servicio Regional Ministerial de Vivienda, por las millonarias transferencias a la ONG representada por el ex RD Daniel Andrade.
Una de las irregularidades detectadas por Contraloría en la auditoría a la Seremi de Vivienda y el Serviu de Antofagasta, dice relación con la contratación de 15 personas -al menos dos militantes de RD- que también formaban parte de ONG, como Democracia Viva, ProCultura, Asociación Campamento de Ideas, Corporación Espacio Lúdico, Un Techo para Chile, Movimiento Fibra y Fundación para la Superación de la Pobreza. Además, ya estallado el caso, las oficinas regionales del Ministerio de Vivienda contrataron a dos de estas funcionarias, recién el 1 de agosto.
En el documento, donde se revisaron todos los convenios entre los años 2020 y 2023, se acreditó la “falta a la probidad” por parte de exseremi de Vivienda Carlos Contreras y se dio a conocer que dividió montos de convenios para evitar el control del ente fiscalizador. Además, Jorge Bermúdez señaló que pronto se podría presentar otro informe de auditoría, correspondiente a fundaciones de Puerto Montt.
El organismo evacuó el informe final de la auditoria que hizo en el Servicio Regional Ministerial de Vivienda por las millonarias transferencias a la ONG representada por el ex RD Daniel Andrade. En 91 páginas se detectan una serie de irregularidades -ya enviadas a la Fiscalía-, entre las cuales destaca la contratación de 12 personas en la repartición de gobierno, pero que también prestaban servicios en organismos privados sin fines de lucro, y la falta de control a nivel central por parte del Ministerio de Vivienda. Se dio un plazo de 30 días para subsanar las observaciones.
La autoridad comunal acusa al abogado que dirige la Contraloría de violar el secreto del sumario abierto por la institución en contra de Jadue al haber presidido la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp). En el escrito, sostiene que Bermúdez tuvo acceso a información de la investigación realizada por el fiscal del sumario, otro de los querellados.
El alcalde de Recoleta acusa que Jorge Bermúdez reveló antecedentes secretos de la investigación sobre eventuales irregularidades entre el municipio y la Asociación de Farmacias Populares. El contralo dijo que no ha sido notificado de la acción judicial y que se enteró "por los medios". “A nadie le gusta estar querellado, por cierto, yo creo que esa es una mala noticia para el control público", agregó.
El lunes, la autoridad de gobierno expuso en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados -destinada a reunir antecedentes de los líos de platas-, oportunidad en la que aseguró que el CAIGG “no es un órgano de control” y que no está facultado “para hacer auditorías directamente a entidades del Estado”.
