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La alcaldesa "entregará antecedentes donde se incluirá, incluso, la demanda por nulidad del contrato de compraventa de la compra de la clínica que se ingresó hoy", dijo su abogado, Miguel Schurmann.

El 27 de abril, Felipe Sánchez declaró por más de 10 horas ante dos efectivos de la PDI, asegurando que, en todo momento, el municipio intentó apurar la compra. Incluso, remarcó que "le llamó la atención" que la alcaldesa Irací Hassler (PC), anunciara que querían comprar la clínica antes de tener acuerdo sobre el precio.

El principal implicado en el escándalo de posible corrupción que remece al Frente Amplio -y a todo el oficialismo- reportó a la colectividad de su desafiliación, solicitando que la instancia revisora de las causas partidarias paralizara el análisis de la solicitud de expulsión en su contra.

La abogada Ángeles Barros Echeñique presentó una demanda laboral contra el estudio Hermosilla & Cia por supuestos maltratos. Incluso acusa haber recibido golpes de parte del socio principal del bufete. El 23 de junio, el tribunal admitió a tramitación la acción judicial y citó a las partes a una audiencia preparatoria para el día 9 de agosto de 2023. La abogada Grace Schmidt, que era socia del estudio y está mencionada en la demanda dijo que "esto es un gran cahuín en el que se tergiversan hechos y espero que sean aclarados en el tribunal laboral. Estoy muy tranquila en ese sentido”.

Los abogados que representan al municipio -como víctima de los delitos por los que es indagado el exalcalde y otros cinco exfuncionarios- aseguran que la Constitución les garantiza la posibilidad de ser parte de la indagatoria, por lo que piden que la Corte de Apelaciones revierta la determinación de la jueza Carolina Herrera. Afirman, en el mismo sentido, que la magistrada "carecía de facultad legal" para alterar lo resuelto en la admisibilidad de la querella que presentaron en 2021 y que, además, "omitió pronunciamiento" sobre los argumentos que vertieron en la audiencia del pasado 15 de junio.

“Los informantes describen cómo el Departamento de Justicia intervino y se extralimitó en una campaña para proteger al hijo de Joe Biden al demorar, divulgar y denegar una investigación en curso en torno a sus presuntos delitos fiscales”, dijo Jason Smith, presidente de la Comisión de Recursos y Arbitrios de la Cámara de Representantes.

El ente contralor decidió entrar de lleno al caso que pone la lupa sobre la entrega de fondos públicos en la zona, a organizaciones "sin fines de lucro", a raíz de la millonaria adjudicación a Democracia Viva. Desde la institución que dirige Jorge Bermúdez se pidió entregar de inmediato todos los convenios de transferencias suscritos relacionados con el programa de "asentamientos precarios", entre 2022 y 2023, identificando los actos administrativos que los aprobaron. El plazo final es el jueves 29 de junio.

Desde el inicio de la investigación, la justicia brasileña ha abierto procesos penales contra 1.245 investigados por ser presuntos ejecutores o autores intelectuales de los hechos. En total, la Procuraduría General de la República denunció a 1.390 personas. Alrededor de 250 imputados permanecen en prisión por los casos más graves de los actos golpistas.

Esta semana se concretó la formalización del emblemático exjefe comunal. La Fiscalía por primera vez detalló en una audiencia pública siete mecanismos que habría liderado durante una década para defraudar en más de $ 766 millones al Fisco. Se decretó su prisión preventiva en base a cinco hitos que determinaron lo que sería para algunos el ocaso de una de las figuras más importantes de la derecha.

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De acuerdo con el exjefe comunal de Vitacura, todo habría sido orquestado por los contadores. Además, en la segunda jornada de formalización del ex-RN, fue el turno de que sus abogados expusieran ante la magistrada que deberá definir si queda o no en prisión preventiva. Así, en la primera parte de su intervención, Francisco Velozo argumentó que a la investigación realizada por el Ministerio Público le faltan una serie de elementos y que se crearon "una falsa perspectiva de la realidad".

La justicia ordenó que la actriz tenía que pagarle a su exmarido más de 10 millones de dólares. Tras un acuerdo mutuo, la cifra se redujo a un millón.

La acción legal de Elizabeth Jean Carroll -a quien el exmandatario ya tuvo que pagar una indemnización de cinco millones de dólares por agresión y abuso sexual- apunta a los comentarios que Trump realizó en la cadena CNN tras su condena, en la que llegó a llamarla “chiflada” y aseguró que las afirmaciones de la columnista eran “falsas” e “inventadas”, y que “nunca la conoció”.

El máximo tribunal aplicó la sanción de amonestación en contra del magistrado, luego de que este realizara un cambio en la medida cautelar de prisión preventiva en contra de 13 imputados detenidos en el contexto de las manifestaciones del 2020.

El exmandatario de EE.UU. se debe presentar ante un tribunal federal de Miami para una comparecencia inicial por el manejo presuntamente ilegal de archivos clasificados cuando dejó la Casa Blanca, en enero de 2021. Trump ha proclamado su inocencia y promete continuar su campaña para recuperar la presidencia en las elecciones de 2024.