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Según se conoció en los últimos días, Villalobos habría declarado ante la Fiscalía que el abogado Adrián Fuentes, alto asesor jurídico del Registro Civil, la asesoraba a ella y a Hermosilla en temas tributarios y de boletas.

El Ministerio Público tomó declaración a Adrián Fuentes Campos, abogado de la Dirección Jurídica del servicio dependiente de Justicia y hasta hace poco jefe de la Unidad de Cumplimiento de la Tesorería General. El profesional es un antiguo funcionario de ambos gobiernos de Michelle Bachelet y ahora es uno de los más estrechos colaboradores del actual jefe del servicio, Omar Morales. El porqué adquirió relevancia su testimonio tiene que ver con que, según declaró la abogada que grabó la conversación con Luis Hermosilla y Daniel Sauer, era quien le hacía trabajos en temas tributarios y sabía cómo sortear controles del SII. Desde el entorno del profesional, en tanto, aseguraron a La Tercera que él solo le corrigió un escrito, que no le cobró y descarta cualquier irregularidad.

La abogada Leonarda Villalobos, una de las protagonistas del caso Hermosilla, y su esposo Luis Angulo, verificaron créditos en el proceso de reorganización del factoring controlado por los hermanos Ariel y Daniel Sauer, y Rodrigo Topelberg. En sus presentaciones adjuntaron documentos en los cuales los representantes del factoring reconocieron las deudas.

El Ministerio Público avanza en las diligencias en torno a la investigación del caso que involucra a Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos y Daniel Sauer. Los persecutores evalúan la citación a declarar del exdirector del Servicio, Fernando Barraza, quien estuvo a la cabeza ese año.

El exfiscal regional Centro Norte asumió como jefe de la Unidad de Investigación del Consejo, en diciembre del 2017, y de no haber sido por la mención que Luis Hermosilla hizo de él en la polémica conversación con Leonarda Villalobos y Daniel Sauer, la decisión de prorrogar su mandado -que termina en pocos días- estaba prácticamente asegurada. Hoy, ese escenario es cada vez más incierto.

En 2018, Leonarda Villalobos representó al socio minoritario de Factop y STF en una reunión con la Dirección Regional Metropolitana de Santiago Norte del SII. El cierre de una empresa y el no pago de impuestos fueron los motivos de la gestión pública, que quedó anotada en la plataforma de ley de lobby. La abogada reporta varias otras audiencias en favor de otros clientes, entre ellos una pesquera, el empresario Munir Hazbún, un consorcio radial y una empresa de transportes.

El Ministerio Público continúa con las diligencias entorno al supuesto pago de coimas en el Servicio, donde la "trazabilidad" de quiénes accedieron a la información que le permitió a Daniel Sauer zafar del pago de una millonaria sanción, se fijó como fundamental. En esa línea, ya surgieron algunos antecedentes que ya entregó la entidad fiscalizadora a los fiscales del caso: los hechos que motivaron la remoción del exjefe de Grandes Contribuyentes se remontan a 2018. Los caminos una vez más llevan a la administración del exjefe del servicio, Fernando Barraza, quien fue cuestionado por decisiones administrativas y haber sido una especie de "cortapisa" de los casos de financiamiento irregular de la política.

En un nuevo reportaje publicado este martes, CIPER asegura que accedió a la investigación que lleva adelante la Fiscalía Oriente y que corroboró que la información entregada por Villalobos y Hermosilla al empresario Daniel Sauer en la reunión del 22 de junio, provenía efectivamente de una indagatoria reservada del SII.

Tras una primera semana centrada en diligencias en torno a los tres principales imputados, ahora los investigadores ahondarán en la búsqueda de los supuestos funcionarios públicos que habrían sido sobornados. Por lo mismo, el Ministerio Público abrió la ronda de testimonios este martes de quienes fiscalizaron, o tuvieron conocimiento, de los negocios de Factop, comenzando por el removido Christian Soto.

"Este no fue el mejor momento de mi hermano. Él nunca pagó un soborno, ni ofreció; pero lo indujeron a decir eso, porque la que estaba a cargo de estas cosas era esta chica (Leonarda Villalobos), pero a él (Hermosilla) se le induce a decirle esto al cliente (Sauer)", señaló Juan Pablo Hermosilla.

Munir Hazbún fue representado por Luis Hermosilla y también por Leonarda Villalobos, en distintas causas. Una de ellas, en la que se le acusó de instalar dispositivos de espionaje en un Maserati que usaba quien fuera su pareja en 2022. En el audio investigado por la Fiscalía, los imputados revelan que este arquitecto le debe $500 millones a Daniel Sauer.

“No tengo esperanza de convertir a malos en buenos, así que voy a terminar esta columna con un comentario cínico y no valórico. Un buen abogado que conozco suele decir: nadie se ha ido preso por no firmar. A lo que yo agregaría: nadie se ha ido preso por no hablar”.

En su testimonio ante el Ministerio Público la abogada admitió haber sido ella quien registró la conversación con Luis Hermosilla y el empresario Daniel Sauer, argumentando que su objetivo era proporcionar la grabación al exsocio de la corredora investigada, Rodrigo Topelberg. Aunque Villalobos descartó un eventual soborno, los investigadores siguen la pista de las supuestas coimas en el SII y la CMF y se abrió -además- una arista por estafa.

A medida que pasan los días, la trama que involucra al empresario Daniel Sauer, al penalista Luis Hermosilla y a la abogada Leonarda Villalobos suma más episodios que van dando cuenta de características de los protagonistas del caso que remece al mundo judicial y económico. Se sabe que la profesional es hija de un exfiscalizador del SII, está en el registro de gestores de intereses y que estudió en la Universidad Bolivariana. En el Poder Judicial registra causas en las que aparece imputada por lesiones y falsificaciones y llama la atención una querella interpuesta por su excónyuge que la acusa de fabricar conversaciones falsas con su hijo menor para obtener el cuidado personal en un juicio de familia. Acá los detalles.