El Mandatario destacó la transversalidad en el apoyo a la iniciativa en el Congreso, y dijo que el requerimiento presentado por la CPC ante el TC terminó fortaleciendo la normativa. Tras participar en la ceremonia de promulgación, la presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), María Teresa Vial, dijo que no hay que generalizar y cuestionar a todo el sector empresarial.
La sentencia desechó todas las alegaciones a través de las cuales la industria automotriz local buscaba dejar sin efecto el Decreto Supremo N°8 del Ministerio del Medio Ambiente, que establece metas de recolección y valorización y otras obligaciones asociadas a neumáticos.
"Acá no se está imputando delitos a un directivo o gerente de una empresa por el solo hecho de serlo, sino que cuando ese directivo interviene directamente en la comisión de un delito. Muy contento que tras 5 años de tramitación, finalmente nuestra ley de delito económico vea la luz”, sostuvo Matías Walker.
En una presentación firmada por los abogados Gabriel Zaliasnik y Constanza Hube, la Confederación de la Producción y del Comercio enumeró diversos vicios de inconstitucionalidad que contendría la iniciativa que fue despachada por el Congreso en mayo. Según la multigremial, el proyecto de ley establece un régimen punitivo distinto a personas que tienen cargos de alta responsabilidad, como gerentes generales y directores, en caso de cometer delitos económicos. Desde el Ejecutivo criticaron la decisión.
En una presentación firmada por los abogados Gabriel Zaliasnik y Constanza Hube, la Confederación de la Producción y el Comercio enumeró diversos vicios de inconstitucionalidad que contendría la iniciativa que fue despachada por el Congreso en mayo. Según la multigremial, el proyecto de ley establece un régimen punitivo distinto a personas que tienen cargos de alta responsabilidad, como gerentes generales y directores, en caso de cometer delitos económicos.
La iniciativa ya fue publicada en el Diario Oficial el 30 de mayo, por lo que ya está en vigencia desde esta fecha, según detalló la Tesorería.
"Todos estos proyectos solo perjudican y empobrecen nuestro país. Vamos a defender nuestro derecho al trabajo”, dijo Paola Sanhueza, presidenta del sindicato de Blumar. El senador del PS, Fidel Espinoza utilizó su cuenta de Twitter para hablar de la protesta de los trabajadores, e hizo un llamado a las autoridades a que “dejen de gobernar desde “Ñuñoa” y desde cómodas posiciones. Aterricen y no dañen más a su propio Gobierno”.
Revisa a continuación los detalles sobre la legislación que fue promulgada por el Presidente de la República.
"¿Por qué me ha pasado esto? He perdido la flor de mi vida por un simple error. ¿Quién me compensará por ello?", dijo el hombre que estuvo implicado en un delito cuando era un niño. La policía pensó que era mayor de edad, por lo que lo condenaron a décadas en un calabozo esperando el día de su muerte.
"La banca chilena cumple los estándares más altos hoy día de Basilea III y va a seguir cumpliéndolos con mayor medida los próximos años", dijo José Manuel Mena en el marco de la cuenta pública del gremio.
“Cuando ChatGPT empiece a fomentar el terrorismo, ¿quién habrá para enjuiciar?”, se preguntó un asesor y revisor de la legislación antiterrorista. El experto advirtió que, pronto, herramientas como ChatGPT podrían agravar este escenario y que las leyes no están preparadas para combatirlo.
Conoce las iniciativas decretadas por el Ejecutivo en materia de penas por delitos, atribuciones a las policías y gendarmería.
En el frontis del chocolate triangular se incorporará un nuevo diseño de montaña, mucho más genérico de lo que era su histórico dibujo del monte Cervino. Además, Toblerone ya no será considerado un producto hecho en Suiza.
Nueva Zelandia se sumó a Australia y Canadá al impulsar un proyecto de ley que obliga a las grandes plataformas tecnológicas a compensar a los medios de comunicación por publicar y compartir sus contenidos. En Estados Unidos, Facebook amenazó con eliminar las noticias de su plataforma si el Congreso aprueba una norma similar.
Los avances en estas áreas del conocimiento podrían llegar a poner en peligro los derechos humanos, y requieren de legislaciones que las regulen.
