El giro del ministro de Justicia respecto a si el jefe de asesores del Segundo Piso tenía o no que asistir a la comisión investigadora y la decisión de la titular del Trabajo de congelar la tramitación de la reforma previsional -sin avisarle previamente al oficialismo-, son algunas de las materias en las cuales los secretarios de Estado han intentado contener las críticas.
Este miércoles el ministro de Justicia, Luis Cordero, dio a conocer los resultados de la revisión especial que se encargó a los procesos seguidos por la Unidad de Derechos Humanos del SML, y que incluyó un detallado estudio de lo ocurrido con osamentas enviadas a la Universidad de Chile entre 2001 y 2002. Tras el análisis de una serie de documentos, se determinó que “existe posibilidad” de que el material contenido en 65 cajas sea de interés y que 20 de ellas contienen material docente.
Jefe del Ministerio Público expuso ante comisión del Senado sobre proyecto de Fiscalía Supraterritorial, iniciativa que apunta a combatir a este tipo de grupos.
En este sentido, el ministro de Justicia precisó, tras la confirmación de la asistencia del jefe de asesores mediante una carta, que "hay veces que la política permite resoluciones más oportunas y prácticas que el derecho”.
El Ejecutivo -luego de la dura arremetida del contralor Jorge Bermúdez y fuertes críticas hacia el ministro de Justicia, Luis Cordero- está intentando ajustar su estrategia inicial sobre la asistencia de Miguel Crispi a la comisión investigadora que indaga los cuestionados convenios entre fundaciones y reparticiones del Estado. En el gobierno afirman -tras el fallido diseño original- que buscan que el jefe de asesores concurra para responder lo relativo a cuando fue subsecretario de la Subdere y no en su calidad actual de asesor, lo que, en todo caso, es resistido por la derecha.
Ley Orgánica del Congreso y un "estatuto jurídico diferente para Presidencia". Esos son los términos jurídicos citados por el contralor Jorge Bermúdez y el ministro de Justicia, Luis Cordero, quienes tienen diferentes interpretaciones a las normas que obligarían a que el jefe de asesores Miguel Crispi comparezca ante el Congreso por el caso líos de platas. Debate que enfrenta a ambos abogados, que -precisamente- son lumbreras en estas materias del derecho. Aquí la opinión de sus colegas en un fallo dividido que, por el momento, estaría ganando el mandamás de Teatinos 56.
Los reclusos mostraron su disconformidad con el régimen al que están sujetos y por la imposibilidad de que sus familiares ingresaran a visitarlos.
Además, el ministro de Justicia llamó a desdramatizar la interpretación que pueda hacer el organismo que dirige Jorge Bermúdez. "El contralor ha señalado que se va a requerir un informe y todos nos tendremos que sujetar a los criterios que dicte el contralor", enfatizó.
El Departamento de Personas Jurídicas del Ministerio de Justicia ultima los detalles de la resolución con que se pedirá al CDE la disolución de al menos ocho fundaciones. Esto, dado que constataron que, al igual que Democracia Viva, incurrieron en graves faltas a los estatutos.
De acuerdo con cifras reportadas por el ministro de Justicia, Luis Cordero, al 12 de octubre se contabilizan 54.678 personas privadas de libertad, lo que da cuenta de que el sistema está sobrepasado en 31%. Eso, como dan cuenta las autoridades, incide directamente en la imposibilidad de hacer una segregación adecuada, pero también va afectando presupuestos y labores de reinserción. "No solo las cárceles están siendo objeto de congestión, es todo el sistema".
El ministro de Justicia dijo que “no corresponde utilizar las herramientas del derecho para fines políticos" y calificó la arremetida del bloque opositor -que pidió al Presidente Gabriel Boric remover a Martínez- como apresurada y exagerada.
Luis Cordero dijo que será el Congreso quien deberá aprobar si la devolución que tendrán que hacer las isapres es de US$451 millones como estimó el comité técnico que trabajó bajo el alero de la Comisión de Salid del Senado, versus los US$1.400 millones que estableció en su momento ela Superintendencia de Salud.
El pasado 6 de septiembre, Fidel Espinoza realizó un vaticinio a propósito del protagonismo que tomó el gobierno en materias relacionadas con el fútbol y que, a su juicio, podría constituir intervencionismo a los ojos de la FIFA.
"La regla como quedó exime en el caso de los campamentos no la pena, sino que la detención, entonces esas personas cometen igualmente el delito. No pueden ser detenidas, pero igualmente pueden ser condenadas penalmente", argumentó el titular de Justicia.
Desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos también señalaron que van a pedir una reunión para conocer los alcances de la investigación que se están realizando.
