Casi un año ha pasado desde que la madrugada del 21 de febrero de 2024 tres supuestos PDI secuestraron al exmilitar venezolano Ronald Ojeda, para posteriormente asesinarlo. Desde entonces la investigación de la Fiscalía ya cuenta con un centenar de antecedentes que le han permitido identificar a las 16 personas que habrían participado en un crimen ordenado y planificado desde Venezuela, existiendo pruebas y testigos que apuntan directamente al régimen de Nicolás Maduro.
Parlamentarios de oposición levantaron reparos a que la secretaria de Estado haya hecho uso de la prerrogativa que le permite no declarar, ya que fue citada como imputada. El principal cuestionamiento es que como ministra debería "dar el ejemplo" y colaborar con la investigación que se abrió por la fallida compra de la casa de su abuelo, el expresidente Salvador Allende. Durante la jornada de este viernes, es el turno de la senadora PS Isabel Allende, quien declarará vía telemática y -por tener la misma abogada que su sobrina-, es altamente probable que siga la estrategia del silencio.
La autoridad de gobierno se acogió al derecho que tienen los imputados para no declarar ante un requerimiento del Ministerio Público. La diligencia fue por vía telemática.
En la investigación del fiscal Héctor Barros, según se ha conocido, existe más de un testigo que señala que la orden para asesinar al exmilitar venezolano Ronald Ojeda, incluido un pago por el crimen, proviene del "número dos" de régimen de Maduro, el ministro del Interior Diosdado Cabello. El gobierno chileno sólo está a la espera de que las piezas del expediente se liberen para denunciar a Venezuela en la Corte Penal Internacional (CPI).
Ángel Valencia sostuvo la mañana de este jueves que además “hay tres personas que atribuyen el encargo a autoridades del gobierno venezolano”.
En los antecedentes de la Fiscalía, 16 personas habrían participado -en diferente grado- del secuestro y crimen del exteniente venezolano. Caso que se suma a una serie de hechos por los que este miércoles se realizaron diversos allanamientos en la Región Metropolitana, así como también se logró la detención de "El Turko" en EE. UU.
En los antecedentes de la Fiscalía, 16 habrían participado -en diferente grado- del secuestro y crimen del exteniente venezolano. Sin embargo, la banda de "Los Piratas de Aragua" también se les investiga por una decena de casos de secuestro, extorsiones, homicidios y hasta la instalación de una casa de tortura.
El fiscal nacional destacó la colaboración internacional que ha permitido la detención de miembros del Tren de Aragua en países como Colombia y Costa Rica. Asimismo, aseguró que “próximamente" habrá más detenidos en otros países del continente.
La indagatoria surgió a raíz de los antecedentes levantados por la ministra Romy Rutherford, quien dictó procesamiento contra el otrora comandante en jefe del Ejército por delitos reiterados de malversación de caudales públicos y falsedad de documento militar. Se asegura que el militar realizó una serie de maniobras con miras a ocultar el origen ilícito de parte de su patrimonio. Con todo, el Ministerio Público decidió sólo imputarlo a él y no a sus hijas, que participaron de actos de ocultamiento, según se detalla en el alzamiento de secreto bancario de la familia.
"Nos vamos conformes, optimistas. Vamos a contar con los recursos para funcionar", dijo el fiscal nacional Ángel Valencia tras reunirse con el ministro de Hacienda, Mario Marcel.
El abogado aseguró que solicitó al tribunal acceso al expediente, sin embargo, este le fue negado. Junto con ello, criticó "numerosas otras filtraciones de parte de la carpeta de investigación".
Gabriela Monsalve, la hija menor del exsubsecretario del Interior, asumió como cabeza de la familia para enfrentar el proceso judicial y mediático que atraviesa el exsocialista acusado de abuso y violación por una excolaboradora.
