El requerimiento presentado por el Ministerio Público fue ingresado luego de que la Corte Suprema quitara la prisión preventiva en contra de Juan Antonio Poblete por falta de este mismo.
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El exjuez Juan Antonio Poblete fichó nueva defensa, encabezada por el exdefensor público Octavio Sufán, y ahora arremete contra el actuar "ilegal y arbitrario" que lo privó de libertad. Para quedar sujeto a alguna medida cautelar, como indican en el recurso de amparo, debió antes solicitarse y tramitarse una querella de capítulos en su contra. Por lo mismo, piden su inmediata liberación. "Es el único remedio procesal posible para poner fin al acto ilegal que importa una privación a la libertad personal”, aseguran.
El ex jefe de la DINE Schafik Nazal Lázaro y el exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Juan Poblete Méndez fueron acusados de 12 delitos de interceptación ilegal de comunicaciones y otros siete por falsificación de instrumento público. Se fijó un plazo de 180 días para la investigación.
El organismo se querelló en contra del juez Juan Poblete, y del exjefe de Inteligencia del Ejército, Shaffick Nazal. Según el organismo, se solicitaron y autorizaron interceptaciones a exmilitares y periodistas de manera ilegal, donde se actuó concertadamente para dirigir operaciones en contra de la normativa vigente.
El 14 de mayo pasado entregó su testimonio ante la fiscalía el presidente de la Corte de Apelaciones de Copiapó Juan Antonio Poblete. En su declaración ante el fiscal Jaime Retamal, que a ratos fue tensa, se le interrogó respecto a si los antecedentes que recibió como ministro para autorizar las intercepciones del periodista Mauricio Weibel y a cuatro exfuncionarios de la institución, todos denunciantes del fraude en el Ejército, fueron o no verídicos. "Las resoluciones las he adoptado en conciencia y con el mérito de los antecedentes", precisó el exministro del tribunal de alzada de Santiago.
El martes participó de forma presencial en la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Diputados y se trasladó -según dijo- desde Copiapó, donde está destinado, a la sede del parlamento en Valparaíso. Pero el ministro Juan Antonio Poblete, quien autorizó las escuchas de la denominada "Operación Topógrafo" del Ejército que incluyeron a periodistas, no ha querido comparecer ante el fiscal de Alta Complejidad Jaime Retamal. La situación provocó que el Ministerio Público reclamara ante la Corte Suprema.
El ministro de la Corte de Apelaciones Juan Antonio Poblete llegó hasta la secreta instancia de la Cámara, donde sostuvo que -según tres presentes en la cita - sabía a quiénes se les intervendrían sus teléfono en el cuestionado caso de espionaje. En la sesión también estuvieron los exjefes de Inteligencia del Ejército, los generales (R) Schafik Nazal y Guillermo Paiva, a quien se les sumó el propio comandante en jefe, Ricardo Martínez. Los uniformados explicaron que todo se ajustó a la Ley de Inteligencia y que en el caso del periodista Mauricio Weibel, el nombre no podía estar en el documento por eventuales filtraciones en el Poder Judicial.
El magistrado Juan Antonio Poblete autorizó, en 2017, las escuchas telefónicas a funcionarios del Ejército y también al periodista Mauricio Weibel. La Comisión de Inteligencia de la Cámara lo citó para el martes 20 de abril a declarar por segunda vez. Mario Vargas, abogado del exdirector de Inteligencia de la institución castrense, Schafik Nazal, pidió al Ministerio Público que lo cite a prestar testimonio.
Mediante un oficio, el diputado RN solicitó saber si en medio de la Operación Topógrafo fueron intervenidos teléfonos de parlamentarios.
El fallo consideró que la representación judicial de esa rama castrense pertenece al Consejo de Defensa del Estado y no al comandante en jefe, a nombre de quien se presentó un recurso de ilegalidad.
"Creemos que la labor de inteligencia es esencial en un país, pero igualmente esencial es que toda su labor se ejecute siempre con los más altos estándares de probidad", añadió el ministro de Defensa.
La información fue confirmada por el Director de Inteligencia de la rama castrense Guillermo Paiva, quien aseguró que "las investigaciones que se han hecho han sido autorizadas legalmente por un ministro de la Corte de Apelaciones y con el amparo de la seguridad nacional, la inteligencia y la contrainteligencia".
