Si bien por la mañana Juan Carlos Manríquez decía que lo ideal sería que la causa fuera tomada por el jefe del Ministerio Público, Ángel Valencia, tras la cita el abogado morigeró su postura. "En este tipo de causas complejas hay que ser lo suficientemente dúctil", dijo. Acordaron ir revisando el material del teléfono de manera "conjunta", explicó el abogado.
El juez Mario Cayul instruyó el jueves otorgar un plazo de cuatro días corridos para que el abogado de la parlamentaria y el fiscal Patricio Cooper acordaran reunirse y concretar la diligencia, que apunta a resguardar las fotos y filmaciones del parto, conversaciones políticas y contenido personal, tras la incautación de los equipos tecnológicos.
Entre 2022 y 2023 la diputada y la exalcaldesa de Santiago, ambas miembros del PC, sostuvieron diálogos que están siendo revisados por el fiscal Patricio Cooper en el marco de una investigación por tráfico de influencias. En parte de ellos realizaron duros cuestionamientos al actual gobierno. Para la policía, según detallaron en el informe 487, era importante incorporar esa conversación porque "demuestra el grado de confianza y amistad" entre ambas. Durante la jornada, el defensor de la congresista, Juan Carlos Manríquez, evalúa pedir que la causa pase a manos del fiscal nacional.
Los chats filtrados entre Cariola y Hassler hablan de un misterioso "amigo empresario" dedicado a la "publicidad a gran escala" que facilitó un árbol y un pesebre el 2022. Si bien la PDI cree que sería otra gestión del empresario chino Bo Yang, todo conduce, por ahora, a un grupo de empresas de chilenos que obtienen permisos y deben ser fiscalizados por la misma municipalidad.
La presidenta de la Corporación es indagada por el Ministerio Público por un eventual tráfico de influencias.
El defensor indicó que cuenta con "nuevos y contundentes antecedentes" y confirmó que la denuncia ante la CIDH continúa en curso.
El Mandatario tiene derecho a guardar silencio, señaló el persecutor, asegurando que tiene información de que “va a declarar y va a prestar cooperación”.
Respecto a la citación a la diputada a declarar, el persecutor sostuvo que no lo descartaba "pero obviamente en los tiempos oportunos y concordados previamente con su defensa”.
El abogado Juan Carlos Manríquez se desistió de la solicitud de nulidad del operativo realizado por la PDI en momentos en que Cariola estaba dando a luz. Pero lo que sí solicitó al tribunal, y fue concedido, es que se eliminen todas aquellos chats de índole personal que no tengan que ver con el caso de tráfico de influencias para que no se filtren. Todo esto, ante el temor de que desde su dispositivo sean extraídas conversaciones del ámbito privado como ocurrió con el móvil del abogado Luis Hermosilla. En los próximos días el abogado de la diputada y el fiscal regional Patricio Cooper se reunirán para concretar diligencias de revisión de los aparatos electrónicos.
El abogado Juan Carlos Manríquez presentó un recurso en el que señala que la orden de registro contiene “información errónea y graves omisiones”.
Si bien la versión inicial de la diputada era que desconocía de quién era el inmueble que arrienda, que fue allanado por la PDI el lunes 3, desde su entorno hoy reconocen que le pidió ayuda a su amigo Emilio Yang. Copias de transferencias bancarias, a las que accedió La Tercera, detallan pagos a una sociedad de Yang y este, luego, transferiría el dinero al verdadero propietario, previo descuento de una comisión.
Entre los antecedentes que ha recopilado el Ministerio Público se ha logrado establecer que el inmueble en el que vive la diputada y presidenta de la Cámara, en la comuna de Providencia, también es de un empresario chino. Coincidentemente, el sujeto tiene sus negocios en el sector de barrio Meiggs, por lo que los investigadores buscan despejar qué tipo de vínculo habría entre ambos. Para ello, periciar el celular de la parlamentaria es vital, dicen fuentes policiales.
Varias son las versiones que existen sobre cómo se realizó la entrada y registro al departamento de la presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola (PC), a propósito de una investigación por tráfico de influencias que se sigue en su contra. El personal que ejecutó la diligencia, que contaba con orden judicial, ha tenido que entregar explicaciones al mando, debido a las reclamaciones y denuncia de "violencia obstétrica" por parte de su defensa. En privado los detectives aseguran que todo se realizó siguiendo los protocolos de cualquier otro ciudadano.
El parlamentario contó detalles de la diligencia y acusó que durante el allanamiento "le arrebatan el teléfono de las manos" a su hija de tres años.
Al asumir la representación de la diputada, Juan Carlos Manríquez señaló que debido a que representa una vulneración en políticas de género y a su vez los derechos del recién nacido, el allanamiento el día que dio a luz fue denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
