El parlamentario contó detalles de la diligencia y acusó que durante el allanamiento "le arrebatan el teléfono de las manos" a su hija de tres años.
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Al asumir la representación de la diputada, Juan Carlos Manríquez señaló que debido a que representa una vulneración en políticas de género y a su vez los derechos del recién nacido, el allanamiento el día que dio a luz fue denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
"Tienen que darle cuenta al país hasta dónde eso es profesional, coherente, transparente, sin mediar, digamos, otro tipo de motivaciones para llevar adelante una investigación como la que está en curso", aseguró el timonel del PC.
En la causa penal por la fallida compra de la casa del expresidente declaró el jefe de la División de Bienes Nacionales. Ahí detalló que tras formalizarse la compra del inmueble por $ 828 millones, la familia Allende-Bussi ingresó una carta -fechada el 9 de octubre- para reclamar y en 14 días el Ejecutivo consideró una nueva tasación y el precio subió a $ 922 millones. La Fiscalía indaga si es regular este tipo de “modificación exprés” y si se ha hecho en otras adquisiciones del Estado.
El fiscal nacional insistió en que el Ministerio Público siempre actúa apegado al principio de objetividad, aunque dijo entender que ese tipo de medidas pueda generar "preocupación".
El jefe del Ministerio Público de Coquimbo explicó el porqué la PDI ingresó al departamento de la presidenta de la Cámara este lunes, no antes o después, coincidiendo con el parto de su primer hijo. "Recién el viernes tuvimos la orden del tribunal y cuando ingresaron los policías no sabíamos cuál era la situación de ella, acá no hubo nada distinto a cómo se hace con otros casos... si hubiéramos entrado el sábado, ¿Los reclamos serían porque hicimos una diligencia con una mujer apunto de dar a luz?".
La PDI llegó este lunes hasta el departamento de la parlamentaria comunista, desde donde se llevaron computadores y celulares. La diligencia responde a chats encontrados en móvil de la exalcaldesa Irací Hassler, donde su compañera de partido le pide intervenir por unos permisos de alcohol para dos amigos de ella.
La defensora dio a entender que su representada hablaría ante el Ministerio Público una vez que tengan acceso a los antecedentes de la investigación y a la imputación.
Mandatado por el fiscal regional Patricio Cooper, arribó a la capital esta semana el jefe de Focos de Coquimbo, Eduardo Yáñez. ¿El motivo? La realización de una serie de diligencias en el marco de la causa penal que se abrió por presunto fraude al Fisco en la fallida adquisición del gobierno de la casa de Salvador Allende. A la solicitud de antecedentes desarrollada la semana pasada en el Ministerio de Bienes Nacionales, se suma el interrogatorio de las militantes PS que se han visto complicadas por este caso. Este jueves y viernes se concretará la toma de ambas declaraciones, además de la exministra Marcela Sandoval la, hasta ahora, única caída por este conflicto político-judicial.
El persecutor regional de Coquimbo, Patricio Cooper, estará a cargo de las investigaciones tras la querella interpuesta por la Fundación Fuerza Ciudadana, en la que solicita indagar el presunto delito de fraude al Fisco que se habría producido en la frustrada adquisición de la propiedad de Guardia Vieja.
Inicialmente, la investigación estaba radicada en la Fiscalía Centro Norte y a cargo del jefe de esa repartición, el fiscal Xavier Armendáriz. Ahora, asumirá la indagatoria el fiscal Patricio Cooper, a cargo del Ministerio Público en la Región de Coquimbo.
Equipo liderado por el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, citó a declarar esta jornada a 24 personas que fueron parte de la cuestionada fundación. Tres de ellas decidieron guardar silencio.
La decisión fue adoptada por el jefe del Ministerio Público, Ángel Valencia, y se fundamenta en “la naturaleza, complejidad y gravedad de los hechos indagados”, además de los acontecimientos ocurridos en la audiencia del pasado lunes, cuando el Juzgado ordenó modificar la prisión preventiva a cinco integrantes de la banda criminal, tras solicitud del ente persecutor.
En carta, Andrés Longton, José Miguel Castro y Diego Schalper cuestionan la actuación del Ministerio Público durante la audiencia en Los Vilos, donde participó un abogado asistente en vez del fiscal titular.
La resolución del máximo persecutor alude a la complejidad del caso y a los altos montos involucrados en la transacción. De acuerdo con lo expuesto, en medio del caso se pesquisa un “plan para perfeccionar” el contrato de compraventa entre la Municipalidad de Santiago e Inmobiliaria San Valentino.
